MTRO. BERNARDO BÁTIZ, DUDAS EN LA DECISIÓN

 

Por Mtro. Julio César Cué Busto 

¿Fue equitativo incluir en la lista de candidatos al Dr. Alejandro Gertz Manero para seleccionar al titular de la Fiscalía General de la República? con todo respeto, opino que no, no lo fue; así como, no creo que hayan existidos intereses ocultos calculados para poner a dos respetables personajes del equipo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a disputarse el cargo de Fiscal General de la República.

 

Me parece que los Senadores de MORENA al no tener ninguna línea del ejecutivo federal para orientar su voto, novedad impuesta por la Cuarta Transformación y sin tener ninguna experiencia en esos menesteres ningún partido político; esto es, siempre había decidido todo el presidente en turno, con un ambiente improvisado, decidieron el nombramiento del Fiscal General. 

Sin etiquetar a ningún miembro de la Cámara de Senadores, pero, si se basaron los que votaron a favor al Dr. Gertz Manero en la elocuencia para dar datos concretos del estado actual de la extinta Procuraduría General de la República, es obvio que no fueron objetivos al tomar su decisión, luego entonces pudiera existir la posibilidad que no hubiera sido justa la misma.

Pongo un ejemplo, cuando emite una convocatoria un tribunal federal para ocupar vacante de una secretaría, no es justo, ni imparcial, que los candidatos externos que pudieran inscribirse para concursar por ese puesto, tengan que competir con alguien que de facto, ya está ocupando la plaza puesta a concurso, y que fue contratada directamente por el Juez o Magistrado por medio de un contrato provisional de tres meses.

En ocasiones, hasta dos o tres contratos transcurren antes de poner la vacante a concurso, por lo que resulta siempre ganador la persona que de antemano el juzgador ya eligió y nombró temporalmente. Esa es una más de las prácticas corruptas del Poder Judicial de la Federación.

Aunque siempre estuvo de favorito para Fiscal General el Maestro Bernardo Bátiz Vázquez, su aspiración se convirtió en un no triunfo; esto, al meter a la terna a quien en esos momentos era el encargado de la Fiscalía General de la República, lo que significó una clara ventaja para el Dr. Gertz Manero al ya estar de hecho como responsable de esa institución.

Con toda seguridad el candidato Bátiz Vázquez no estuvo “cabildeando” a los Senadores para convencerlos en votar por él; ya que, se supone esa práctica indebida era lo cotidiano en el Antiguo Régimen, pero hoy está prohibida. Me queda la duda si al no haber indicación del Ejecutivo Federal en votar en un sentido u otro, alguien realizó el cabildeo de mutuo propio, porque resulta muy raro, primero las cantidades de votos tan dispares, y segundo, que en la última ronda de participación, una Senadora en vez de preguntar, estaba felicitando a Gertz Manero, en fin, hay que pasar la página, las dudas ahí quedan.

Como simple orientación, cuando el equipo del señor Presidente dice que van a sancionar a todos los que estaban recolectando el combustible en los lamentables hechos acontecidos en el municipio de Tlahuelilpan, de Hidalgo, deben recordar que el cuarto párrafo del artículo 55 del Código Penal Federal, estipula a la letra como regla de aplicación de sanciones, “…la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad… cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona… fuere notoriamente innecesario que se compurgue dicha pena”.

Un caso análogo sería, cuando a un asaltante de bancos al intentar emprender la huida, cae abatido por los disparos de la policía en la entrada a la institución bancaria, ocasionándole uno de los proyectiles recibidos, una invalidez permanente de sus piernas, sería justo y humano imponerle veinte años de prisión, es obvio que no; ya que, el asaltante sufrió consecuencias graves y sería claramente redundante aplicarle otro castigo, al que le dio el destino al quedar condenado toda su vida a una silla de ruedas. 

Por eso, en una interpretación amplia del principio de oportunidad, el Fiscal del Ministerio Público de la Federación debe abstenerse del ejercicio de la acción penal, buscando una salida pactada con la comunidad del lugar de la explosión, para que se conviertan en promotores de campañas para combatir ese tipo de delitos. Quererlos castigar cuando sufrieron lesiones físicas permanentes, o la pérdida de familiares cercanos, es completamente innecesario.