AUMENTAR LA LISTA DE DELITOS GRAVES COMO POLÍTICA CRIMINAL

Por Julio César Cué Busto 

Por supuesto que es válido, pero hay que cuidar las formas y tiempos, recordando que en un pasado cercano el aumento indiscriminado del catálogo de delitos graves no funcionó como medida intimidatoria contra la delincuencia, hubo que constitucionalizar un acotado y necesario inventario de figuras delictivas dentro del artículo 19 constitucional para detener el engrosamiento del listado, el cual seguía aumentado por presiones lógicas de la ciudadanía y los medios de información, a través de los partidos políticos.

 

Quedando formalmente enmarcado en nuestra constitución federal, siete figuras delictivas como obligatorias de la imposición de prisión preventiva; esto es, quienes incurran en esas conductas delictivas no tienen derecho al beneficio de la libertad provisional bajo caución. El detalle en lo particular de las modalidades de los tipos penales restringidos se especifica en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales.

Uno de los objetivos primordiales de la conceptualización de los delitos graves es la despresurización de los centros penitenciarios; o sea, que mayoritariamente los centros carcelarios se compongan de internos que hayan cometido delitos graves, lo cual no ha acontecido. A futuro se tendrá que legislar para que sea la sanción de prisión exclusiva hacia las personas que cometan delitos calificados como graves.

Lo que hay que prevenir es el no volverse a equivocar e iniciar otra vez una carrera endurecedora de las normas penales, lo que hay que buscar, más que intimidar a la delincuencia, es hacer funcional la procuración de justicia. Que los delincuentes ejecutores de delitos graves paguen con cárcel sus delitos, lo que debe significar una reducción drástica de los niveles de impunidad que actualmente padecemos.

Al proponer ante el Senado por parte del equipo Lopezobradorista la adhesión de las figuras delictivas relacionadas con corrupción, hidrocarburos, electoral y armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada, como complemento de la lista de delitos graves, se atiende el clamor popular de la ciudadanía con relación al hartazgo de la población en general en contra de las prácticas corruptas de una gran mayoría de los servidores públicos del país, sea de la competencia federal o local.

Así como, atender el fenómeno criminal de los Huachicoleros que sigue creciendo cada día, lo cual justifica la propuesta de convertir en delito grave el descarado robo de gasolina de los ductos de PEMEX. De la misma manera, resulta indispensable para iniciar una transformación del país, atender y combatir en forma real el increíble manejo arbitrario e ilegal de las elecciones en México, mismo que está institucionalizado.

Por último, también es vital atender la inseguridad pública actual, y que mejor manera de hacerlo, que endureciendo la ilegal portación de armas de fuego y la posesión de explosivos; ya que, en la actualidad los grupos criminales circulan en el territorio nacional con un cinismo y desfachatez sorprendente.

Lo anterior, justifica a plenitud el aumento del inventario de delitos graves, pero deberán ser muy bien analizada las hipótesis delictivas específicas de los tipos penales especiales que se adherirán en el Código Nacional de Procedimientos Penales como delitos graves, para no provocar una avalancha innecesaria de nuevos internos en los reclusorios.

Existe un claro ejemplo del pasado reciente, sin entrar en fechas o circunstancia detalladas, en el extinto Distrito Federal, se tenía el problema de la constante práctica del delito de Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, por lo que decidieron incorporar este delito al catálogo de delitos graves, más como intimidación, que como segura sanción, pero los resultados fueron más de perjuicio que de provecho, no se tomó en cuenta que la cantidad de infractores del delito de falsedad era muy grande.

Tuvieron que dar marcha atrás a la clasificación de delito grave a la Falsedad, ya que se estaban iniciando y acumulando demasiados expedientes de manera muy rápida. Existe la posibilidad de correr el riesgo que suceda lo mismo, si se dejan muy abiertos los tipos penales para calificar a los recién integrados delitos graves. Sin tener ninguna duda de su aprobación integral en las dos cámaras legislativas.

Es correcto el elevar a delitos graves las conductas delictivas que están causando más daño a la sociedad en estos momentos y que lesionan derechos humanos fundamentales, pero debe ser con precisiones moderadas para su aplicación, sino se correría el riesgo de aumentar el problema de por sí ya grave de la sobrepoblación penitenciaria.