PROPUESTA PARA LA RECOMPOSICIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Por Julio César Cué Busto
A través de varias décadas ha quedado plasmado en la historia contemporánea de nuestro país que las políticas, estrategias, programas, o acciones, para combatir a la corrupción, no han funcionado. Las razones del fracaso pueden ser multifactoriales, e igual algunas justificables; pero lo que no se puede aceptar, es querer engañar de nueva cuenta al pueblo de México, con el cuento que el actual Sistema Nacional Anticorrupción SNA es la panacea para supuestamente terminar con ese mal lacerante e innegable de la corrupción.
Se dio vida a este sistema con la reforma del 113 constitucional en mayo del 2015, a más de tres años no se ha logrado ni siquiera implementar el sistema a plenitud, mucho menos su consolidación, razón, entre otras, por la cual se debe rearmar en base a profundas correcciones estructurales y funcionales. Una de las causas propias de su disfuncionalidad es la mínima participación de la sociedad civil, crearon un elefante blanco en donde la participación ciudadana es exigua.
La reputación de la democracia representativa sigue a la baja, cómo quedó demostrado el 1° de julio, la gente ya no quiere saber nada de partidos políticos, quiere directismo democrático; esto es, la máxima participación ciudadana en todos los procesos gubernamentales. La sociedad civil ya está lo suficientemente preparada para responsabilizarse a plenitud lo que se pudiera llamar una representación y supervisión ciudadana.
En septiembre del 2015, la sociedad civil a nombre de los ciudadanos, organizaciones sociales y algunas instituciones (cuarenta por todas), dieron a conocer un Manifiesto con relación al SNA, en donde se pronuncian en contra de un posible escenario de simulación, con riesgo que prevalezcan los defectos o se profundicen; fatídicamente ese temor se convirtió en una premonición.
En qué se basaron para diseñar al principal órgano rector de este sistema; o sea, el Comité Coordinador integrado por siete miembros en total, teniendo solamente un representante de la sociedad civil, vaya forma más equitativa de elaborar un órgano colegiado, con todo y que ese solitario ciudadano sea el presidente del mentado comité, que a su vez de origen le corresponde a quien ocupe el cargo de presidente del Comité de Participación Ciudadana, esto con la temporalidad de un año en que ocupa los dos cargos. Una pobre mojarrita en una alberca de tiburones.
El Sistema Nacional Anticorrupción debe ser sostenido por dos columnas fundamentales, una que lo dirija y lo integre mayoritariamente que sería la parte representativa de la sociedad civil, incluyendo instituciones universitarias, así como colegios de profesionistas. Otro pilar, el ente oficial para combatir la corrupción, sean faltas administrativas o delitos oficiales de servidores públicos.
Sólo se requiere que el Sistema Nacional Anticorrupción sea ágil y expedito en sus procedimientos y resultados. No puede ser que en un país en donde cunde la corrupción con márgenes exagerados, sea ridícula primero la cantidad de servidores públicos que estén procesados o sentenciados, en caso de delitos involucrados con hechos de corrupción; continuando con los totales reales de empleados corruptos que son sancionados por una falta administrativa.
A quién quieren engañar, son miles los servidores públicos que se levantan todos los días a darle en la madre a los ciudadanos que en una forma u otra tienen la desdicha de atravesárseles en el camino. Pudiera ser creíble, que habiendo cientos de miles de elementos armados en la lucha contra la delincuencia, de todo género, fuero o jerarquía, presenten a nivel nacional tan pobres resultados, las instituciones están hasta el full de sinvergüenzas.
No pequemos de ingenuos, hubo algarabía nacional cuando en este sexenio se anunció con bombo y platillo, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, dependencia engaña-bobos, hay que preguntarse a quién le importa que hagan sus inútiles auditorias, en busca de los multimillonarios desvíos en la obra pública, que sólo representan escandalo momentáneo en lo que exhiben a algún enemigo político, o algún colega indisciplinado, para a lo último, informarnos que debido al mal trabajo que se hizo en la investigación hubo que liberar a todos los involucrados.
Lo que más le preocupa a la sociedad mexicana es poder transitar con tranquilidad en su comunidad, que no tenga que temblar cada vez que tiene necesidad de hacer un trámite en una oficina pública, sin que exista la altísima probabilidad de ser atracado en la vía pública, en muchas ocasiones por los mismos responsables de cuidarte, o la petición expresa de una módica cantidad económica por agilizar, suspender o cancelar un trámite administrativo.
Eso quiere el ciudadano común y corriente, que son los más, por la pobre calidad de nuestro Universo Jurídico Nacional nuestras leyes sólo representan injusticia, la impunidad reina en nuestro poder judicial, llámese del fuero que sea, los procedimientos actuales de procurar e impartir justicia, no funcionan como debe de ser, la eficiencia y la eficacia no existen. Los impartidores de justicia concluyen que toda la culpa es del ministerio público y de las policías, cuando es claro que los jueces son los principales causantes de la crisis actual.