La Suprema Corte ¿Para qué sirven los congresos locales?  

Por Juan Rivero Valls

 

Quien tiene plata, Un imperio

a su manera conforma

y muchas veces por norma

establece el improperio.

Se ve y no es un misterio

en ningún lugar del mundo

que aquel que tiene su fundo

y muchas comodidades

comete barbaridades

con un ánimo jocundo.

 

Luis Bárcena Jiménez (décima peruana)

 

La aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo no es algo que me quite el sueño y, mucho menos me motive a salir a las calles a “luchar por ese derecho”. Ni lo apruebo ni lo condeno; como dicen en mi pueblo “caquién”, pero el dictamen que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligando a los estados de la república a autorizarlos, además de provocar una reacción lógica del episcopado mexicano, es un verdadero abuso y, como bien dice el vocero eclesiástico, un atentado contra el federalismo.

Hasta donde tengo entendido, los ministros de la corte tienen la obligación de resolver sobre casos específicos, toda vez que quienes se sienten afectados por una determinación legal atentatoria de la Constitución, han intentado resolver el conflicto por la vía judicial y se les ha negado su derecho, pero de ahí a sacar una determinación obligatoria para todos los estados de la república, muchos de ellos sin presentar algún caso al respecto, es otro cantar.

El texto publicado en el semanario del poder judicial dice a la letra: “La Ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional".

No pretendo discutir la legalidad de este texto, ni mucho menos, pero si tres iluminados (la votación fue tres de cinco) deciden lo que se debe hacer en todo el país, sin que medie un recurso presentado por ciudadanos afectados, es un exceso ¿Puede explicar, después de esto, para qué sirven entonces los congresos estatales? Y, por supuesto ¿dónde queda ese precepto de “estados libres y soberanos”?

El debate sobre la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo no es un tema concluido, pues si bien es cierto que no puede existir ordenamiento legal que violente lo establecido por la Constitución Federal, en este caso concreto debiera continuar, ya que la propia Carta Magna no es lo suficientemente clara al respecto, como lo demuestra el artículo 30 en su fracción II del apartado B, que dice, al considerar como mexicanos a “LA MUJER O EL VARON EXTRANJEROS QUE CONTRAIGAN MATRIMONIO CON VARON O CON MUJER MEXICANOS, QUE TENGAN O ESTABLEZCAN SU DOMICILIO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y CUMPLAN CON LOS DEMAS REQUISITOS QUE AL EFECTO SEÑALE LA LEY; debate en el que no voy a incurrir debido a que me declaro ignorante del tema, aunque un principio básico del derecho que viene desde la antigüedad y que permanece en todos los ordenamientos del mundo, es que la igualdad implica tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales, y quienes argumentan la negativa a las uniones y que alegan no se trata de un acto discriminatorio se preguntan si los matrimonios heterosexuales son iguales a los matrimonios homosexuales.

Lo anterior, lleva a pensar que si la Constitución Federal sólo hace referencia al matrimonio en ese artículo 30, ¿cómo es posible que los ordenamientos estatales sean inconstitucionales si la propia Carta Magna habla del matrimonio como la unión de hombre y mujer?

Dejo claro que, de mi parte no hay oposición alguna para que parejas homosexuales contraigan matrimonio si la ley se los permite; lo que si deseo recalcar es el abuso de los ministros de la corte, que se pasan por el arco del triunfo las disposiciones estatales aduciendo inconstitucionalidad y basándose en el reformado Código Civil del Distrito Federal que, por cierto solo es aplicable en los estados cuando las leyes de éstos sean omisas en el tema a tratar.

 

Y lo más grave es que las decisiones de estos iluminados son inatacables; es decir, su palabra es la última, cuando hay --tanto entre la academia-- como entre los ciudadanos de a pie, una fuerte oposición a estas disposiciones colocándose un disfraz de liberales. A final de cuentas, parece que López Obrador va a tener razón al decir que este minúsculo grupillo de abogados se convierte en todo poderoso y decide por encima de los congresos. ¿Qué no el poder legislativo está hecho para promulgar leyes y el judicial para hacerlas cumplir? Ya me perdí.