PORQUÉ ESTAMOS TAN JODIDOS EN MATERIA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO
Por Mtro. Julio César Cué Busto
Desde la época del Dr. Sergio García Ramírez como Procurador General de la República, al Ministerio Público lo han mantenido en un declive progresivo como representante social, lo convirtieron primero en un ser amorfo cargado de infinidad de responsabilidades, desde persecutor de los delitos, asesor gubernativo, protector de los más débiles, hasta tutor de menores, entre otras.
Este ente responsable de la procuración de justicia se convirtió bajo el dedo flamígero de la sociedad y de los chafas eruditos penalistas, en el responsable de todo lo malo que ocurriera en el ámbito de la persecución del delito, sin olvidar al villano favorito, las policías, en todos ellos recaía las ineficiencias de los procedimientos penales, quedando intocados los jueces, ese sector de la administración de la justicia que con la misma vertiginosa velocidad en la que casi desaparecen al Ministerio Público, el poder judicial se encumbraba.
El supuesto gran cambio que iba a representar la reforma penal constitucional del 2008, que a su vez significó el tiro de gracia al Ministerio Público, simbolizó el acabose de la justicia penal en México. Hoy en día la única esperanza es que la Cuarta Transformación alcance la administración de justicia penal. Al estar teniendo nuestra nación un cambio de régimen, han salido a relucir con claridad diáfana que la impartición de justicia ha sido igual de ineficiente, e ineficaz, que la procuración de justicia y la actividad policial.
La responsabilidad del fracaso ha sido de todos los actores, resaltando que el poder judicial durante muchas décadas se auto declaró inocente de la desgracia que sucumbía al país, culpando exclusivamente al Ministerio Público y a las policías de la impunidad que a la fecha ha reinado en la república mexicana.
El esfuerzo del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México por institucionalizar a la Guardia Nacional, no servirá de nada si no está soportada esta nueva institución por una Fiscalía General de la República y un Poder Judicial de la Federación, completamente diferentes a como están ahorita.
Lamentablemente a falta de verdaderos expertos teóricos y prácticos para la elaboración de la estructura y regulación de la Fiscalía, ésta quedó con muy poca funcionalidad por todo lo que se ha venido arrastrando desde hace muchas décadas.
Aunque todo el Ejército Mexicano y la Armada de México completa fortalezcan las tareas asignadas a la Guardia Nacional, principalmente la de proteger a la ciudadanía y a sus bienes, y garantizar la paz social, esa loable labor se verá afectada por lo que representa la mafia de la toga; así como, el desvaloramiento consuetudinario de la figura del Ministerio Público.
Es muy difícil tomar la decisión de desaparecer todo lo que no funciona en la administración de justicia mexicana, pero resulta de la mayor relevancia primero aceptar que todo lo que se ha hecho por mejorar la materia penal, no ha funcionado, esta parte es la más complicada, porque hay que convencer a todas las fuerzas vivas de la modificación completa a la atención al delito, y por obvio estamos hablando que todos los que pululan en esta materia son los protagonistas y responsables de la situación actual.
Creer que se resuelve parte del problema de la justicia penal por designar a una persona honesta al frente de la Fiscalía General de la República, o lograr ingresen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministras y Ministros ajeno a la mafia de la toga, no es cierto, se requiere de una reingeniería toral, basada en una nueva forma de hacer las cosas, empezando por cerrarle el paso a toda clase de ejecución de hechos representativos de la corrupción gubernativa imperante en el neoliberalismo y representada principalmente por el PRIAN.
Recapitulando, urge que la Consejería Jurídica de AMLO integré un equipo de trabajo para realizar un Plan Maestro para proyectar esa nueva forma de administrar la justicia penal, teniendo como prioridad esencial, no invitar a participar a las vacas sagradas, tampoco a las mismas caras representativas de la sociedad civil, todas y todos estos personajes están contaminadísimos del antiguo régimen, y por lo mismo son los responsables de la situación actual.
Cuatro posturas como base de la nueva legislación: a) las y los jueces deben ser participativos en la búsqueda de la verdad auténtica, un solo juez atenderá el caso; b) los Ministerios Públicos estarán al mismo nivel del juzgador, un solo Ministerio Público por caso desde la preparación y ejecución de la investigación, hasta lograr la resolución final; c) plena independencia de los defensores de oficio; y d) la supervisión ministerial y judicial en manos de las universidades y la sociedad civil por elección.