Señor Presidente contra Ministras y Ministros de la Corte
¿Cómo resolver el conflicto?
Por Julio César Cué Busto
Está causando revuelo a nivel internacional la pelea histórica de la lealtad, el Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador leal a la voluntad popular del pueblo de México de evitar que existan en el país sueldos asquerosamente inaceptables como los que gozan las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éstos últimos defendiendo con exagerado encono la lealtad hacia sus bolsillos.
De acuerdo a información que ha circulado, son más de veinte mil servidores públicos en el gobierno federal que cobran más de ciento ocho mil pesos, cantidad que se autoimpuso el ejecutivo federal como su sueldo, y que de acuerdo a la ley de remuneraciones debe ser el sueldo máximo que pueda tener cualquier servidor público federal, el señor presidente tomó esa decisión para poner el ejemplo de lo que debe ser una austeridad republicana.
Sin entrar en detalle que dice en específico cada artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que basan los argumentos de defensa de cada una de las partes, y comprendiendo que nuestra constitución adolece de autoregulación para evitar la inconstitucionalidad de cada uno de sus preceptos. Por lo que resulta inevitable que existan contradicciones, donde un artículo apoya el dicho del Presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador y otro le da razón a la Corte.
En otros países eso no sucede porque sus constituciones contienen preceptos con los cuales se autodefiende para evitar le incorporen preceptos contradictorios con los que ya existan y que sean inconstitucionales, como sucede con nuestra constitución política que está plagada de ese tipo de errores.
No resulta necesario llevar a cabo una investigación profunda para identificar una grave descomposición de la impartición de justicia federal, salvo honrosas excepciones, como se dice coloquialmente, “ya sabemos de qué pie cojea”. Como ya lo hemos comentado antes, no puede coexistir una Cuarta Transformación con un Poder Judicial de la Federación desfasado de la realidad nacional.
En un ejercicio sano para tratar de encontrar la solución al conflicto existente, expongo las siguientes salidas al problema:
A) Crear el Tribunal Constitucional y de Asuntos Relevantes, con académicos, abogados de los colegios o barras y algún miembro interno, dejándoles a la Corte actual el resto de casos; B) Con base a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, reordenar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, lacrando los tabuladores de sueldos y compensaciones, así como ajustar ese presupuesto al plan de austeridad; C) Pedir la opinión de los ciudadanos para que indiquen si es su voluntad hacer una reingeniería total de la impartición de justicia federal, lo que significaría una depuración integral de la institución.
D) Solicitar una Mediación o arbitraje Internacional, pidiendo a alguna organización internacional, OEA o ONU, nombre a responsables del más alto nivel para que apoyen a solucionar el conflicto; y E) La técnica del “Zedillazo” del 1994, que no fue muy ortodoxa que digamos, pero si efectiva. Se publicó el 31 de diciembre, el artículo segundo transitorio decía a la letra; “Los actuales Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.”
En México no hay ningún precepto que aclare qué hacer en casos de controversias entre poderes, pero lo que si queda clarísimo es que nadie puede ser juez y parte, y eso va a suceder si la Corte se pone a resolver lo relativo a la suspensión de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación; ya que estamos ante un diáfano caso de conflicto de interés.
Con todo respeto para mis amistades del Poder Judicial de la Federación, de los cuales reconozco su integridad y honestidad a toda prueba, pero lamentablemente creo son los menos. La vorágine de la fastuosidad y ego exacerbado, hace que muchos de sus miembros se conviertan en sumisos subordinados de los poderosos, olvidando la esencia de todo juzgador, que es la búsqueda de la justicia.
Igual es el momento de reconstruir al Poder Judicial de la Federación, ver los cánones internacionales, no para querer copiarlos íntegramente, pero si para tener una idea generalizada de los porcentajes de impunidad que tengan. El discurso de los juzgadores al decir, que el altísimo porcentaje de impunidad es debido a la mala integración de las hoy llamadas carpetas de investigación, y a las deficiencias de la investigación de las policías, es insostenible y sólo lo creen ellos.