¿SE INICIARÁ TREGUA UNILATERAL EL 1° DE DICIEMBRE PARA LOGRAR LA PACIFICACIÓN EN MÉXICO?

Por Julio César Cué Busto 

Del texto del “Plan Nacional de Paz y Seguridad” se pudiera deducir que sí, lo primero que harían sería iniciar la construcción de la paz y como accesorio ir avanzando en la preservación de la seguridad pública ¿eso qué pudiera significar? La imposición de una tregua unilateral de facto por parte del gobierno federal entrante para poder, con todas las herramientas disponibles, iniciar el proceso de pacificación en México. De este tema tan importante y delicado nadie habla, la gran mayoría de interlocutores están aferrados a la discusión de la Guardia Nacional.

 

Todo indica que a partir del 1° de diciembre le van a dar la relevancia que tiene la inseguridad pública que se padece en toda la república mexicana; ya que, esta es la principal exigencia de los ciudadanos por estar en constante riesgo su vida, libertad y bienes, debido a la fuerte actividad delictiva que se origina por los conflictos territoriales entre organizaciones criminales.   

Para lograr la pacificación de México van a solicitar asesoría y acompañamiento de países y organizaciones internacionales para que participen en esta magna labor. Debiendo tener cuidado en no copiar íntegramente estrategias extranjeras, no se vaya a repetir la mala experiencia del gobierno actual y el anterior, en haber implementado (nunca se ha consolidado) una burda imitación de juicios orales (estilo anglosajón-common law), que está terminando en un absoluto fracaso, por chocar con la idiosincrasia mexicana.

Del análisis del Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el Presidente Electo Lic. Andrés Manuel López Obrador para lograr la pacificación en nuestro país, se observan expresiones como:

¡La violencia, los asesinatos y la criminalidad en nuestro país, han llegado a niveles históricos! ¡Es necesario abandonar… el uso de la fuerza como estrategia! ¡La estrategia policial y belicista ha provocado una tragedia humana y social de gravísimas dimensiones! ¡Se buscará la construcción de la paz y la reconciliación!  ¡Es necesario emprender un proceso de pacificación! ¡Leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores! ¡Ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistías! ¡Es necesario poner en marcha procesos de desarme, desmovilización!  

Lo anterior refleja la importancia que le da el Presidente Electo a la construcción de la paz. El equipo de trabajo por entrar en funciones refiere seguido el concepto de “Justicia Transicional”, que no es otra cosa que, una serie de instrumentos judiciales, no-judiciales y políticos para atender un proceso de pacificación de un territorio específico, se le llama así por el objetivo primordial de transitar de un etapa de conflicto permanente a la instauración de la paz, la reconciliación y el restablecimiento de la justicia.

En infinidad de ocasiones los gobernantes en turno tienen que tomar decisiones que con el más leve análisis jurídico resultan nada ortodoxas, pero que son indispensables y muy necesarias. Un ejemplo es no respetar con pulcritud la línea que debe dividir la competencia sustantiva de los delitos federales, con los exclusivos del fuero común.

Por el estado de indefensión casi total en que se encuentra la ciudadanía en general, este gobierno federal por iniciar está manejando en sus proyectos normativos un amplio régimen de excepción, para que las autoridades federales puedan concurrir en las responsabilidades que pudieran ser en dado caso exclusivas de la competencia de las entidades federativas y de los municipios. El Régimen de excepción por ejemplo se da en la conformación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y en la creación de la Guardia Nacional.

Lo elemental es que el Estado Mexicano dé respuesta a las necesidades de todos los habitantes de la nación, no importando quién o quiénes tengan la competencia de origen. Ponderando en primer término la Construcción de la Paz, teniendo como acciones mediatas la consolidación de dos instituciones básicas para la Cuarta Transformación, como son la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

La primera con abiertas posibilidades de atender por atracción todos los casos en donde las personas se quejen de una mala atención o retraso en las denuncias interpuestas ante las autoridades locales.

La segunda con la responsabilidad concurrente con los gobiernos de las entidades federativas y municipales de proteger a la ciudadanía en lo general  de la delincuencia, prevenir los delitos, preservar la seguridad pública y auxiliar a los ministerios públicos para una correcta y adecuada procuración de justicia.