PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Segunda y última parte

Por Julio César Cué Busto 

Poner ejemplos de las injusticias cometidas por los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, resulta demasiado simple; ya que, son miles los casos en donde se ha demostrado su desfachatez.  Casos clásicos, cuando resuelven la situación jurídica de un detenido con un auto de formal prisión a la antigüita o un auto de vinculación a proceso al estilo moderno, impuesto a víctimas del poder político, convirtiéndose en cómplices de esas injusticias de la justicia. Los presos políticos en nuestro país son innumerables.

 

El tema da para mucha tinta, baste hacer remembranza de la gran cantidad de ciudadanos que han sufrido un encarcelamiento injusto por los excesos de los jueces federales. La impunidad manifiesta del PJF se refleja en la mayoría de sus actos, resalta más cuando se trata de asuntos o controversias difíciles por su complejidad, y de manera indubitable siempre se resuelven los expedientes a favor del poderoso, no del ciudadano común, víctima del poder económico o político.

Se debe reconocer que hay innumerables excepciones, existe gente valiosísima dentro del PJF, juzgadores federales que se enfrentan a la injusticia y la derriban con entereza y valentía, no importando quedar mal con algún alto miembro de la casta divina interna, con el consecuente riesgo de sufrir las consecuencias al hacer quedar mal al que quería congraciarse con el peticionario externo, sea éste, algún eminente político de la clase gobernante o un todopoderoso millonario representante del poder económico.

Testigos son principalmente los que han convivido con ese nefasto sistema de impartición de justicia federal, me refiero a los abogados postulantes y ministerios públicos adscritos dentro del ámbito federal; ya que, cuando éstos elaboran algún escrito para presentarlo ante un Juzgado Distrital, Tribunal Colegiado o Unitario, exponiendo un criterio o argumentado razonamientos de defensa de sus intereses, de manera regular los miembros del PJF contestan esos escritos con un lenguaje agresivo e incluso soez, rechazando en todo momento los alegatos que les presentan, aunque estén debidamente fundados y motivados.

Esa es la escuela que impera en todo el gremio del poder judicial federal y para acabarla de amolar, se les ocurre implementar una desastrosa reforma penal constitucional en junio del 2008, para copiar un sistema extranjero denominado “common law” que choca de manera brutal con las raíces de nuestro derecho, lo que está ocasionando un desorden total a nivel nacional.

No se previó que el problema en México es tener un Poder Judicial Federal que no está a la altura de la problemática que se enfrenta en la actualidad, el porcentaje de casos que se llegan a concluir es inaceptable, tener una margen de impunidad en promedio del ochenta o noventa y tantos por ciento, refleja la ineficacia total de la administración de justicia nacional, tanto de impartición como de procuración, pero al ser cuestionado el área de los juzgadores federales siguen contestando la misma tontería, la culpa es de las policías y de los ministerios públicos que no hacen bien su trabajo, habrá algún iluso que se lo crea, igual y sí.

Es un mito lo de echarle la culpa a los responsables de la seguridad pública y procuración de justicia, la responsabilidad es de todos, pero el conformismo que nos está ahogando, no nos permite levantar la voz, gritar que el derecho anglosajón no se puede tropicalizar con un sencillo maquillaje. En el derecho norteamericano existe un dicho “la ley es lo que el juez dice que es”. Lo que significa, que si estamos mal, con la bendita reforma de los llamados juicios orales y un sistema acusatorio sin mexicanizar sin duda estaremos peor en un futuro inmediato, y hacía allá vamos.

El problema real es de cultura, no de modificaciones a la ley con un remedo de derecho extranjero, se debe reformar todo, se necesita una reingeniería completa de la administración de justicia, fue un error garrafal casi todo lo propuesto en el 2008, no se tomó en cuenta al área especializada del ministerio público, participaron más académicos, juzgadores y la sociedad civil.

De acuerdo a lo antes expuesto, el principal problema de todo esto son los jueces; ya que, con la imitación del derecho inglés, se está agravando más el problema. Esas reformas enaltecen más a los juzgadores, grave error, lo que se requiere es un juez no estático, sino uno que busque la verdad, y se necesita un ministerio público como autoridad dentro del proceso, con rango igual al del juzgador, ahí está la clave para lograr abatir realmente a la delincuencia e impunidad que impera en México.