¿Para qué sirve un diputado?

Por Juan Rivero Valls

 

Te he buscado sin tregua, toda mi vida te he buscado, y cada vez te enmascarabas más y dejabas que pusieran en tu sitio un mascarón grotesco, imagen del deshonor y del vacío…

Cintio Vitier (El rostro, fragmento)

Hace unos años, un buen amigo –y es en serio- presentó una demanda ante la Procuraduría Federal del Consumidor en contra del Partido Acción Nacional porque el producto que nos habían vendido (Vicente Fox) no funcionaba tal y como nos lo habían prometido en su costosa campaña publicitaria. Por supuesto nadie lo peló; es más, se rieron de su “puntada”.

 

Y saco esto a colación porque las campañas actuales a diputado federal de todos los partidos prometen acciones que ni siquiera corresponden realizar a los legisladores cuya función primordial, como su nombre lo indica, es legislar; es decir hacer leyes, aunque en tiempos recientes esas funciones se han incrementado hacia la vigilancia y la gestión.

Cada proceso electoral se nos promete que ahora sí vamos a salir de la crisis; tendremos un crecimiento económico espectacular, acabaremos con la corrupción y la impunidad y no sé cuántas linduras más que, si se cumplieran solo la mitad de ellas, desde hace rato estaríamos girando en la órbita de los países del primer mundo.

Si existe una instancia donde podemos denunciar la publicidad engañosa cuando adquirimos un producto que no cumple con las especificaciones que anuncia, ¿por qué no lo hay tratándose de política? Digo, porque su mal funcionamiento nos perjudica tanto o más que un producto defectuoso.

Por ejemplo, se nos prometió que con las reformas estructurales se vendría una avalancha de inversión que tendría como resultado un crecimiento económico que nos permitiera generar empleos suficientes y, sobretodo, bien remunerados, pero infaliblemente, mes tras mes, aparece el secretario de Hacienda o el impresentable gobernador del Banco de México a anunciarnos que tan ansiado y prometido crecimiento económico baja sus expectativas aduciendo miles de pretextos; que si la situación financiera internacional; que si Grecia no paga su deuda, que si los gringos van a aumentar la tasa de interés; en fin cosas que el ciudadano común no entiende, ni tiene por qué, pero que sufre todos los días.

Si los diputados actuales formaron un pacto para aprobar las llamadas reformas estructurales, ¿por qué ahora nos prometen nuevas leyes y reformas? ¿acaso esas que acaban de hacer no sirvieron para nada? .

Desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, nuestra Constitución ha sufrido 560 reformas; es decir, en México se aprueba una reforma constitucional cada 48 días y, para ello, hay 500 diputados federales, más un número indeterminado de diputados locales, ya que el artículo 135 solo establece que las reformas deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los diputados federales más la mayoría de las legislaturas locales, sin especificar el número de diputados que intervengan en ello.

Si consideramos que de las 32 legislaturas locales que cuentan con 1 mil 118 diputados (incluidos los de la Asamblea del DF) más los 500 que tiene el Congreso Federal, significa que cada reforma es, en teoría, discutida por 1 mil 618 diputados más los 128 integrantes del Senado que, si consideramos que durante la presente administración se han realizado 21 reformas constitucionales y que, si hacemos un ejercicio imaginario y le asignamos un salario a cada legislador de, digamos, unos 70 mil pesos mensuales (y me quedo muy corto), o sea, un salario de 2 mil 333 pesos por día, encontraremos que las reformas nos han costado, en lo que va del sexenio que son 912 días, la friolera de 3 mil 714 millones 957 mil 216 (tres mil setecientos catorce millones, novecientos cincuenta y siete mil doscientos diez y seis pesos); es decir, cada reforma costó 176 millones 902 mil 724 (ciento setenta y seis millones, novecientos dos mil setecientos veinticuatro pesos) solo en salarios de diputados y senadores, sin considerar sueldos de asesores, secretarias y gastos administrativos lo que, con seguridad seduplicaría, cuando menos, el costo.

Entonces habría que reflexionar profundamente, si los diputados que están ahorita en el Congreso aprobaron las reformas que nos han prometido la bonanza y que nos han costado ese dineral (hay ilusos que dicen que no se trata de un gasto, sino de una inversión), nos aseguran que esas reformas, al parecer, no sirvieron de nada y los que los sustituirán nos marean con la promesa de nuevas reformas que “ahora sí” nos saquen de la crisis, podríamos preguntarnos ¿para qué sirve un diputado? Si lo que promueven, discuten y aprueban finalmente no tiene ningún valor.

 

Creo que urge alguna instancia que proteja a los ciudadanos de esas campañas de mentiras y promesas guajiras que finalmente, cuando llegan al Congreso a todos les importa un comino. Tal vez un símil de la Procuraduría del Consumidor, como lo pensó mi amigo.