Diócesis de SCLC critica ineficacia de autoridades
MISAEL ZEÑAY
Tuxtla Gutiérrez
El Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal se postuló este miércoles por la pronta acción de las autoridades en el caso Chenalhó-Chalchihuitán, pues el conflicto ha originado el desplazamiento de aproximadamente cinco mil personas, las cuales sobreviven en condiciones precarias.
Algunos de los integrantes de dicha instancia, entre ellos el obispo, Felipe Arizmendi Esquivel, así como el presbítero Luis Manuel López Alfaro y la hermana María del Refugio Esparza Macías, coincidieron que la ineficacia de las autoridades para resolver la problemática podría originar un enfrentamiento.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación que prevalece y se agrava en la zona limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, zonas que viven una disputa de colindancia, generados por la intervención inadecuada de la Secretaría de la Reforma Agraria, en 1973”, dijeron.
Señalaron que grupos armados ilegales han provocado un ambiente de terror en las comunidades del municipio de Chalchihuitán, y ello ha originado el desplazamiento forzado de más de cinco mil personas, las cuales se encuentran en condiciones de precariedad y viviendo a la intemperie.
Recordaron que la agudización del conflicto tiene dos semanas y no ven una acción eficaz por parte del gobierno para solucionar esta situación de emergencia humanitaria y atender las necesidades inmediatas.
“Nos sorprende la impunidad con que actúan los grupos armados, al grado de que ni la policía ni el Ejército han podido hacerse presentes para impedir la violencia, ni para desarmar a quienes imponen su control del territorio y de la población a través del miedo”, comentaron en conferencia los denunciantes.
Aseguraron que como personas de fe consideran valores fundamentales la vida humana, la justicia y la paz, así como el respeto a los derechos humanos, que son violados y con efectos graves en las condiciones de las personas desplazadas, particularmente menores de edad, embarazadas y ancianos.
Exigieron a las autoridades de los tres niveles el cumplir con su obligación de velar por la vida de las personas afectadas y al mismo tiempo garanticen la seguridad de quienes llevan ayuda humanitaria. “Es urgente que se aboquen a la solución de las causas y no dejen impunes los delitos cometidos”, señalaron.
“Convocamos a las organizaciones eclesiales y de la sociedad civil a una solidaridad efectiva y que haga accesible a la población afectada, de inmediato, los servicios médicos y medicinas, la alimentación, el vestido y la protección ante la inclemencia del clima que se requieren con urgencia”, anotaron.