Inaceptable la remoción del titular de Fepade
Por MISAEL ZEÑAY
Tuxtla Gutiérrez
La remoción del Fiscal en Atención a Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, representa para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) un atentado al estado de derecho, la justicia y la democracia en México.
Enoch Gutiérrez, presidente de dicho organismo en Chiapas, destacó que los miembros del mismo hacen un llamado al Senado para que en su facultad, dé marcha atrás a la decisión unilateral tomada por el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República.
“Se necesitan restablecer las condiciones de legalidad y certeza jurídica en la Fepade, para brindar seguridad a los mexicanos del compromiso del Poder Legislativo en el combate a la corrupción, y la preservación de la democracia alcanzada en nuestro país”, destacó.
Señaló que la remoción de Nieto es un signo de grave regresión que atenta contra el estado de derecho en México. “Particularmente en estos momentos en los que la exigencia ciudadana de contar con una Fiscalía General de la República que sirva, y un Fiscal Anticorrupción, son demandas que han sido ignoradas tanto por el Ejecutivo Nacional como por el Poder Legislativo”.
En su disertación, el líder empresarial aseveró que sancionar a servidores públicos que han mostrado profesionalismo, ética y compromiso en la lucha contra la corrupción, encabezando investigaciones para transparentar el uso de los recursos y las prácticas en las campañas electorales, en el año previo a la elección Presidencial, es muestra de un gobierno insensible.
“Reprobamos que un área tan sensible como la que investiga los delitos electorales sea rehén de intenciones políticas; exigimos al Senado de la República que represente verdaderamente el interés ciudadano, y restituya a Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, para que continúe su labor”, subrayó.
Durante su breve análisis, Gutiérrez refirió que este es el momento para que en México, los poderes que integran el Estado demuestren su autonomía y compromiso con la justicia y la democracia.