EN LA MIRA

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Karime Macías, de delincuente a víctima conveniente

Crisis tras terremoto ha rebasado a la Secretaría de Educación

 

 

Por Héctor Estrada

 

El descaro con el que Karime Macías, hija del chiapaneco Antonio “Tony” Macías y esposa de Javier Duarte, busca ahora el asilo y protección del gobierno de Reino Unido deja nuevamente de manifiesto que el cinismo de la clase política mexicana simplemente no tiene límite. Y es que, ahora resulta que la ex primera veracruzana asegura ser víctima de una persecución política a través del gobierno mexicano para fincarle imputaciones penales que, dice, son infundadas.

Asumida como una víctima de las circunstancias, Macías ha hecho la solicitud formal al gobierno británico por lo que asegura es una persecución política arbitraria en contra de ella y sus tres hijos. La maniobra corresponde a una evidente búsqueda de impunidad a través de mecanismos internacionales que el gobierno mexicano deberá bloquear de manera inmediata mediante las vías legales.

Actualmente Karime Macías es investigada por la PGR, por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. El gobierno de Veracruz la señala como parte de la red que desvío recursos públicos en el estado, con los cuales compró propiedades en el extranjero. Como parte de las investigaciones el pasado 2 de octubre, la Fiscalía General de Veracruz aseguró un rancho con 40 caballos ‘pura sangre’ que presuntamente adquirió Macías.

En 2016, como parte de las indagatorias contra Duarte, la PGR congeló las cuentas de Macías, de sus padres y de la madre y hermano del ex gobernador. El ex mandatario estatal enfrenta un proceso por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que la Procuraduría General de la República le imputó a nivel federal.

Ha sido Karime, desde el comienzo de las investigaciones, pieza fundamental dentro de las redes de corrupción atribuidas a Duarte. Los señalamientos hechos, por el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, contra ella y su familia la involucran en millonarios desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, con montos de saqueo nunca antes vistos dentro de la administración pública en aquel estado.

Las sospechas sobre su padre, Antonio Macías Yazegey, originario de Villaflores, Chiapas, y presidente de la “Rial Academia de la Lengua Frailescana”, no son asunto nuevo. Desde 2006, durante el gobierno de Fidel Herrara, padrino político de Duarte, las acusaciones sobre el presunto otorgamiento irregular de recursos estatales fueron tema de escarnio público. Pero evidentemente, con la protección del gobierno priista, el tema no trascendió más allá de las acusaciones mediáticas.

Se trata de una indagación judicial que se ha demorado. Y es que, desde el pasado 2 de octubre el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pidió a funcionarios y a la Fiscalía General del Estado acelerar las investigaciones que existen en contra de Karime Macías Tubilla. El gobernador dijo que es necesario que se llegue a fondo en las investigaciones que existen en contra de la esposa y otros amigos del exgobernador de Veracruz.

Y la reacción social no se ha hecho esperar. través de la plataforma change.org, más de 8 mil personas han pedido al gobierno de Reino Unido negar el asilo político a Karime. Con el título “Ministerio del Interior del Reino Unido: Nieguen el asilo a la esposa corrupta de Duarte”, la petición explica que otras organizaciones e individuos demandaron una investigación sobre Macías por estar “directamente involucrada en estos esquemas de compañías financieras fantasmas”.

La prolongada demora en las investigaciones judiciales para que Macías Tubilla enfrente a la justicia mexicana ha levantado las más duras críticas y sospechas contra las autoridades mexicanas. La sola posibilidad de que el gobierno británico otorgue asilo político a Karime Macías no sólo significaría una fuerte derrota en contra del gobierno mexicano, también dotaría de argumentos sólidos a quienes hoy aseguran la existencia de un acuerdo para brindar inmunidad a la esposa de Javier Duarte a cambio del show penitenciario que mantiene al ex gobernador veracruzano “tras las rejas”.

Crisis tras terremoto ha rebasado a la Secretaría de Educación

Las afectaciones estructurales a las escuelas y la imposibilidad de normalizar el inicio del ciclo escolar en Chiapas tras el terremoto del pasado 7 de septiembre parecen haber rebasado la capacidad de respuesta de la Secretaría de Educación estatal a quien las denuncias, inconformidades y exigencias de miles de docentes y estudiantes, desesperados por la falta de atención y respuesta, le han caído como cascada durante las últimas semanas.

Este jueves fueron los alumnos, maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos de Tuxtla Gutiérrez quienes salieron a las calles para exigir la atención de las autoridades estatales en torno a la dictaminación de uno de los edificios escolares que, aseguran, requiere de demolición y reconstrucción total, y no de reparación como lo han establecido los dictámenes entregados.

Se trata de una de las decenas de escuelas chiapanecas que se mantiene sin clases normales por los riesgos que implica el regreso de los estudiantes a las aulas. Y los ejemplos al interior de la geografía chiapaneca sobran. En el mismo corazón de la capital chiapaneca está el caso de la Escuela Primaria Juan Benavides que esta misma semana se instaló en plena Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez para brindar clases a sus alumnos, en una acción de protesta por la falta de alternativas bridadas mediante la Secretaría de Educación.

Se trata de un problema que se agudiza con el paso de las semanas. Lo estudiantes llevan más de un mes sin recibir clases con normalidad. Pues, si bien es comprensible que la situación se deba a un estado de contingencia excepcional para garantizar la seguridad del personal y los alumnos de los centros educativos, también es importante reconocer que la capacidad de reacción para ofrecer alternativas temporales ha sido lenta.

La habilidad de solución logística por parte de las autoridades educativas se ha demorado más de lo debido. Muchas escuelas que no pueden retornar a clases por los riesgos estructurales simplemente no han podido ser reubicadas en sedes alternas temporales. Por eso la desesperación de miles de padres de familia que hoy temen la pérdida del ciclo escolar o las afectaciones al proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos.

En la entidad hay un registro de dos mil 842 planteles educativos dañados. De esos inmuebles 762 necesitan de reconstrucción parcial o total. Se trata de un número importante de escuelas que, de entrada, requieren soluciones temporales a su situación. Alternativas como las utilizadas en otras partes del país que implican el uso de escuelas en buen estado dentro de horarios alternos o la renta de espacios techados para la impartición de clases.

Es verdad que hoy las autoridades educativas se encuentran sometidas a importantes momentos de presión en sus capacidades de acción y solución. Sin embargo, el tiempo apremia y se requiere de salidas urgentes a las exigencias de los estudiantes, maestros y padres de familias. No queda de otra. De lo contrario, la informidad y crispación apuntan a complicarse durante las siguientes semanas.

Si, es innegable ya que la Secretaría de Educación en Chiapas ha sido completamente rebasada, pero se encuentra de frente con un reto de dimensiones mayores que no da espacio a las demoras. Las grietas y afectaciones del pasado 7 de septiembre aún están frescas, mantienen viva una contingencia que seguramente demorará más tiempo en disiparse y permitir el retorno a la normalidad… así las cosas.

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