PRI coincide con 4T en seis temas electorales; proyectos de reforma
Está de acuerdo en eliminar Oples y tribunales estatales, pide que la Corte elija a los magistrados del TEPJF y acota la veda electoral
Agencia Excélsior
Las propuestas de reforma electoral presentadas por el Ejecutivo federal, el PAN y el PRI dejan ver que de 23 temas que tocan las iniciativas, las tres fuerzas políticas sólo tienen dos puntos en común, pero no son de coincidencia total: modificar la elección de los legisladores federales y el voto electrónico, y difieren en el 91.3% restante.
En tanto, el PRI coincide en seis puntos con Morena, pero no con la forma de desarrollarlos, mientras que existen coincidencias claras en cuatro puntos que PAN y PRI proponen; PAN-Ejecutivo federal no tienen ningún punto en común, lo que lleva a que el Ejecutivo federal se quede sólo en cinco temas, el PAN con otros cinco y el PRI con uno.
El comparativo entre las propuestas de las tres principales fuerzas políticas del país permite observar que sólo el PAN tiene una iniciativa integral, pues presentó la iniciativa de reforma constitucional y la iniciativa de reforma secundaria, es decir, cambios a las leyes que regulan el marco constitucional.
El gobierno federal morenista, el panismo y el priismo coinciden en el voto electrónico, pero mientras el oficialismo dice que debe existir el voto a distancia, el panismo y el priismo optan por la urna electrónica; ambos partidos de oposición consideran que el voto a distancia carece de certeza jurídica y es posible la manipulación; la urna electrónica tiene certeza jurídica y cuenta con mecanismos de seguridad para garantizar el respeto al voto ciudadano.
El otro tema en el cual coinciden los tres es la implementación de una nueva fórmula para integrar el Congreso de la Unión.
Pero el Ejecutivo federal considera que se deben desaparecer los legisladores federales elegidos con los principios de mayoría relativa y primera minoría, para que sólo quede el sistema de representación proporcional basado en 32 listas estatales.
Los panistas propone que los legisladores federales sean elegidos por dos principios: mayoría relativa y representación proporcional, ordenados en listas regionales, que a su vez se suman a la lista A, integrada por candidatos emanados de los procesos internos de los partidos políticos y la lista B, conformada por candidatos que hayan quedado en segundo lugar, es decir, lo que hoy es la primera minoría en el Senado.
El PRI plantea que la mitad de la Cámara de Diputados sea elegida por Mayoría Relativa y la otra mitad por Representación Proporcional.
PUNTOS COMUNES EJECUTIVO FEDERAL-PRI
Con diferente óptica para desarrollarlos, el Ejecutivo federal y el PRI tienen seis puntos en común para abordarse en una reforma electoral.
Reducir el financiamiento a los partidos políticos es el primero. El Ejecutivo federal y su partido, Morena, plantea que se les quite el financiamiento ordinario público, para que sean los militantes y simpatizantes quienes le den ese dinero.
El priismo está de acuerdo en que se debe reducir el dinero a los partidos políticos, pero considera que lo correcto es disminuir 30% del financiamiento público y se aumente la posibilidad del financiamiento ciudadano, pero también suma la reducción de 200 distritos electorales, que se traduce en la desaparición de la estructura electoral institucional que existe hoy en ellos.
Ahí está la segunda coincidencia entre el Ejecutivo federal y el PRI: reducir el tamaño del Congreso de la Unión.
Pero el Ejecutivo federal considera que se deben eliminar 200 diputados federales y 32 senadores, para que el tamaño real sea de 300 diputados y 96 senadores.
Para los priistas, la Cámara de Diputados sí debe pasar de 500 a 300 integrantes, pero el Senado se conserva con el tamaño actual de 128 legisladores, o al menos en la propuesta presentada el viernes no incluye nada respecto a esa Cámara del Congreso de la Unión.
Otro punto coincidente es poner fin a la veda electoral; el PRI considera que no tiene caso mantenerla, si las autoridades no han aplicado de manera severa las sanciones al actual oficialismo que la ha roto, mientras el resto de partidos políticos la respeta; además, considera que de ninguna manera esa participación de servidores públicos en promociones electorales deberá hacerse con dinero Público.
Ambas fuerzas políticas coinciden en que debe modificarse el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero mientras el oficialismo propone que se elijan mediante el voto directo de los ciudadanos, el priismo plantea que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien los elija, como resultado de un proceso de profesionalización constante y vigilancia de comportamiento ético.
Con diferentes motivaciones, pero tanto el PRI como el Ejecutivo federal consideran que deben desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) y también los Organismos Jurisdiccionales Locales, conocidos como tribunales estatales.
COINCIDENCIAS PAN-PRI
Para el caso de las iniciativas del PAN y del PRI sí se observan coincidencias en cuatro temas: segunda vuelta electoral, que es un tema nuevo en el histórico de iniciativas electorales del priismo.
También reducir la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión; el PAN fija en un máximo de cuatro por ciento, dado que actualmente está en ocho por ciento, pero el PRI no fija un porcentaje.
Ambos plantean que las elecciones sean anuladas si existe injerencia del crimen organizado, pero también en la puesta en marcha de un sistema preventivo, para que las autoridades tengan vigilancia en los partidos políticos y los candidatos, a fin de evitar que cualquier rama del crimen organizado intente inmiscuirse en el mundo electoral, incluido a través del financiamiento a los partidos políticos.
LOS TEMAS EN SOLITARIO DEL EJECUTIVO FEDERAL
Existen 11 temas, de los 23 que integran las tres propuestas electorales, donde definitivamente no hay acompañamiento alguno y las fuerzas políticas van en solitario, lo cual anticipa que de ninguna manera logrará los votos para convertirse en un cambio constitucional.
El Ejecutivo federal tiene cinco puntos con esas características, pues ni el PRI ni el PAN lo respaldan: reducir los tiempos en radio y televisión, elegir a los consejeros electorales del Instituto Naciona Electoral (INE) por el voto popular, disminuir el tamaño de los Congresos estatales, acortar el tamaño de los ayuntamientos y bajar el porcentaje mínimo para que un ejercicio de revocación de mandato sea vinculante.
LOS TEMAS SÓLO PANISTAS
Para el caso del PAN hay cinco temas que plantea y que no tienen acompañamiento o puntos comunes con las otras dos fuerzas políticas.
El panismo quiere quitar el principal incentivo del llamado chapulineo interno en el Congreso de la Unión. Sin cancelar el derecho de los legisladores federales a decidir con qué fuerza política desean trabajar dentro del parlamento mexicano, establece que el traslado de diputados y senadores de una bancada a otra no tendrá efecto alguno en la integración de los órganos de gobierno, las comisiones y la Comisión Permanente.
Es decir, para el PAN, estos saltos no deberán afectar la composición original de las Cámaras, que se constituyen formalmente en los primeros días de trabajo.
Mientras, PRI y el Ejecutivo federal consideran que debe acabar la veda electoral, el panismo plantea que debe ser más estricta la aplicación de las reglas para que ningún servidor público realice propaganda gubernamental en favor de algún candidato o partido político o en detrimento de otra fuerza política o de candidatos distintos a la fuerza política en los gobiernos federales, estatales y municipales.
Los panistas plantean hacer adecuaciones en la Constitución para precisar más los gobiernos de coalición, que ya no serán voluntarios para la fuerza política ganadora, sino obligatorios en caso de que esa fuerza mayoritaria no tenga la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.
Plantea que la autoridad electoral también tenga un registro oficial de los simpatizantes de los partidos políticos, diferente al de militantes y propone reglas para los casos en que un candidato a legislador federal de una coalición no sea militante de alguno de los tres partidos, y se pueda decidir a cuál bancada pertenecerá.
PRI EN SOLITARIO
El PRI sólo tiene un tema en solitario: la creación de la figura de vicepresidente de la República, en un modelo similar al que existe en Estados Unidos, porque los priistas plantean que la vicepresidencia “iría en la fórmula de candidato presidencial, sería un acompañamiento directo del Presidente que permitiría desahogar los asuntos de política interior”.
¿TIENE FUTURO LA REFORMA ELECTORAL?
Traducir las iniciativas en una reforma electoral requiere del voto de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado antes de junio del 2023, es decir, las fuerzas políticas tienen un año para ponerse de acuerdo, pues el artículo 105 Constitucional, en el penúltimo párrafo de la Fracción II, ordena que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrán haber modificaciones legales fundamentales”.
Los procesos electorales inician formalmente nueve meses antes de las elecciones, es decir, si la elección federal será el 2 de junio del 2024, el proceso electoral comienza formalmente en septiembre del 2023 y 90 días antes fija el final del mes de mayo como fecha límite para que entre en vigor la reforma electoral que busca las tres principales fuerzas políticas del país.
Hasta el momento, ninguno de los 23 temas planteados tiene en el papel la mayoría calificada que necesita, porque ni los dos temas en común que tienen las tres fuerzas políticas tienen coincidencias plenas y en los 21 restantes, sólo el PRI y el PAN tienen visiones similares en cinco puntos.
Aún falta por conocer las propuestas formales de Movimiento Ciudadano y del PRD; sin embargo, el número de votos que tienen no son significativos en caso de coincidir con el bloque oficialista, aunque sí son sustanciales para impedir el avance de la visión oficialista, en caso de no haber ningún tipo de acuerdo, como ocurrió con la reforma en materia eléctrica.