Disputan planta de Cruz Azul; mueren 8; hubo disparos y quema de vehículos
Sujetos irrumpieron en la cementera ubicada en Jasso, Hidalgo, para tomarla, pero fueron repelidos por trabajadores; hay 11 heridos y 9 detenidos
Agencia Excélsior
La larga disputa por el control de la cooperativa Cruz Azul, una de las cementeras más grandes del país, tuvo un nuevo episodio de violencia.
En camiones, un grupo con cerca de 200 de sujetos llegó cerca de las 5:00 horas de ayer a la planta ubicada en Jasso, Hidalgo, para tomarla, lo que causó un enfrentamiento con trabajadores en varios puntos. La riña, en la que hubo balazos, quema de vehículos y destrozos a la cementera, dejó ocho muertos, 11 heridos y nueve detenidos, de acuerdo con el gobernador Omar Fayad.
Esa planta está en poder de cementeros afines a Federico Sarabia Pozo, ligado al grupo de Guillermo Billy Álvarez, expresidente de la cooperativa, buscado por la FGR acusado de desvío y lavado. En diciembre pasado, otro grupo de cooperativistas encabezado por Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, opositores a Álvarez, intentó tomar la fábrica con base en un mandamiento judicial, pero no pudieron. Entre asambleas y recursos legales, ambas facciones pelean desde hace años las presidencias de los consejos de Administración y Vigilancia.
De acuerdo con los cooperativistas que mantienen el control de la planta, llegaron 15 camiones, mientras que el procurador general de Justicia de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, dijo en entrevista con Grupo Imagen que arribaron 200 personas a bordo de, al menos, cinco camiones.
Posteriormente, trabajadores que permanecían en la empresa se organizaron para repeler a los atacantes. En la reyerta se registraron disparos de arma de fuego, además de la quema de vehículos que se encontraban estacionados al interior de la planta.
Con los primeros rayos de luz fue posible dimensionar la violencia de lo ocurrido, confirmando el deceso de ocho personas y la oncena de Lesionados.
El gobernador de Hidalgo condenó lo ocurrido por lo que giró instrucciones a la Secretaría de Gobierno para que, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del estado, lleve a cabo el deslinde de responsabilidades, además de impulsar mesas de diálogo entre las partes en conflicto para evitar que se repitan este tipo de tragedias.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que “mediante células operativas se impidió que las unidades de transporte regresaran al sitio donde se registraron las agresiones y disturbios”, y resaltó que se aseguró a nueve personas presuntamente relacionadas con el incidente.
Grupos de cooperativistas de Cruz Azul se inculpan mutuamente
Los grupos involucrados en el conflicto de la Cooperativa Cruz Azul se responsabilizaron mutuamente del enfrentamiento de ayer.
Por una parte, el grupo que ostenta el control de la planta cementera, y que lideran Federico Sarabia Pozo, presidente del Consejo de Administración, y Alberto López Morales, responsable del Consejo de Vigilancia —vinculados a Billy Álvarez—, acusaron al grupo de Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel —identificados como el grupo disidente— de intentar hacerse de manera violenta con el complejo cementero.
En su pronunciamiento, señalaron que ésta es la cuarta ocasión que el grupo disidente trata de apoderarse de la planta y acusó que “el grupo de choque hizo uso de armas de fuego, que sin miramientos detonaron en contra de nuestra gente”.
Calificaron de “perversa la versión que están queriendo sembrar que fue un autoatentado, cuando uno de los muertos es hijo de uno de nuestros socios”.
Además, argumentaron que “nuestro grupo cuenta con un amparo de un juez federal que nos habilita para hacernos cargo de la planta de Hidalgo. Este documento nos permitió incluso detener el último intento de toma que encabezó la Policía Estatal de Hidalgo”, ocurrido el 15 de diciembre del año pasado.
Mientras que el grupo disidente condenó los hechos violentos, de cuya autoría se deslindaron, señalando que “en todo momento nuestras acciones contra Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta, se han llevado a cabo por la vía legal”.
Además argumentaron que “en ningún momento se ha considerado la violencia como una opción para restituir nuestro patrimonio y toda acción emprendida en el pasado se ha llevado a cabo con el apoyo de las autoridades”.
Finalmente, acusaron al grupo que lideran Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales “de ostentarse como presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, (quienes) le han permitido el acceso a grupos de vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo en riesgo a la comunidad”.
Tentativas
Con el de anoche, son tres los intentos sin éxito de desalojar las instalaciones de la cementera Cruz Azul durante los últimos dos años.
El primer intento ocurrió el 19 de agosto de 2020.
El 15 de diciembre del año pasado, nuevamente el grupo disidente se presentó en la planta, acompañado de policías estatales.
Además, en noviembre pasado se provocó el incendio de la banda de producción del complejo.
Conflicto en Cooperativa Cruz Azul lleva más de tres décadas
El conflicto por el control de la Cooperativa Cruz Azul data, al menos desde inicios de los años 90, luego de que, en 1988, Guillermo Billy Álvarez, actualmente prófugo de la justicia mexicana, llegó a la presidencia de la empresa cementera.
Desde esos años, un grupo de trabajadores ha denunciado una mala administración del dinero que produce el conglomerado, que incluye una de las principales cementeras mexicanas y el club de futbol.
Actualmente el control de la cooperativa se lo disputan dos grupos de trabajadores: los que apoyan a Víctor Manuel Velázquez Rangel y a José Antonio Marín, y los que simpatizan con Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y Pablo Reséndiz García, estos últimos vinculados a Billy Álvarez. El primer grupo opera 40 plantas en 16 estados, entre ellos Edomex, CDMX, Puebla, Oaxaca y Jalisco.
Si bien la disputa se había mantenido dentro de los cauces legales, con denuncias y amparos, tuvo un punto de quiebre en mayo de 2020, cuando se le congelaron cuentas a los principales directivos: Guillermo Álvarez, su hermano Alfredo y Víctor Garcés.
Previo a esto, la FGR indagó el uso de dinero de la cooperativa para pagar servicios de consultoría de empresas señaladas de factureras, a las que Hacienda detectó operaciones irregulares por mil 200 millones de pesos.
En julio de ese año, la FGR ordenó la detención de Álvarez, buscado en 195 países tras una alerta de la Interpol, luego de detectar desvío de recursos a través de un esquema de pagos a empresas fantasma.
El 15 de diciembre de 2021, el grupo de José Antonio Marín y Víctor Velázquez intentó tomar la planta de Tula con apoyo de un actuario y policías estatales de Hidalgo, lo que no concretó.
— De la Redacción
Cementera tiene 2 años secuestrada, dice jurídico
Allegados a Guillermo Billy Álvarez tienen secuestrada desde hace dos años la planta de la Coperativa Cruz Azul en Hidalgo, afirmó el director jurídico de dicha cooperativa, Rafael Anzures, en entrevista con Francisco Zea para Imagen Televisión.
Sobre si hubo alguna determinación judicial que pudiera haber incitado los hechos violentos de ayer en la planta, explicó que el pasado 18 de abril se llevó a cabo una asamblea general ordinaria de socios de la Cooperativa La Cruz Azul, en la que la mayoría tomó la resolución de excluir a estas personas, antes socios, allegados a Billy Álvarez, que tienen secuestrada desde hace dos años la planta en el estado de Hidalgo, y que se han negado a entregarla pese a diversos ordenamientos judiciales que, incluso, han ido acompañados de la fuerza pública del estado de Hidalgo, como aconteció el pasado 15 de diciembre.
“Estas personas, que hoyen día ya ni siquiera son socios de la cooperativa, son quienes tienen secuestrada la planta, al interior se han robado el cemento, han cometido un sinfín de delitos, han atemorizado a la población, han vendido el cemento a través de cinco distintas factureras, a las cuales las autoridades judiciales ya incluso les han embargado cuentas. A estas personas también se les han embargado cuentas por las autoridades administrativas y judiciales, e incluso sobre sus dirigentes pesan órdenes de aprehensión”, agregó.
“Creo que este nivel delictivo que aprendieron de Guillermo Álvarez, hoy lo estamos viendo llevado a un extremo en el que ya hicieron o generaron que ocho personas tristemente perdieran la vida”, dijo.