Vetarán a violentos de cargos públicos; lista iniciativa 3 de 3
Quien tenga antecedentes de violencia familiar, sexual o deba pensión no podrá ser funcionario, plantean ciudadanas
Agencia Excélsior
La iniciativa ciudadana de las feministas Yndira Sandoval Sánchez y Patricia Olamendi Torres para evitar que agresores de mujeres ejerzan responsabilidades del Estado mexicano busca reformar 12 artículos de la Constitución, garantizando así que no tendrán cargos del servicio público personas con antecedentes por violencia familiar, sexual o en cualquier de sus modalidades y con incumplimiento de obligaciones alimentarias.
El documento ha comenzado a circular ya entre colectivas de mujeres, legisladoras y activista con el propósito de presentarlo ante la Cámara de Diputados en septiembre próximo.
“La convicción de la presente iniciativa es abonar a la lucha en favor de los derechos humanos de las mujeres, así como lograr implementar nuevas formas, relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzca en una democracia representativa de manera sustantiva, para que los mejores hombres y las mejores mujeres se coloquen en el centro de la responsabilidad pública”, se expone en la propuesta.
“El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y/o permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las y los ciudadanos. Sería insuficiente evitar el ingreso de agresores al servicio público sin prever que las conductas de violencia pueden ocurrir durante el desempeño del cargo público”, se detalla.
La propuesta recoge la iniciativa que desde 2019 ambas feministas promueven desde la colectiva Las Constituyentes Mx y cuyos lineamientos fueron asumidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir de las elecciones de 2021.
Explican que la violencia es un acto abusivo de poder dirigido a someter, dominar, controlar, humillar y agredir de manera física, verbal, psicológica, económica, patrimonial, sexual, moral y social. Y plantean que “quien ejerce violencia no reconoce su conducta, cree que los otros provocan su reacción, se justifica, se asume asimismo como perjudicado y minimiza las consecuencias”.
Argumentan que la idea de la reforma es colocar en el centro del debate legislativo “la posibilidad sustantiva de un nuevo paradigma en el quehacer político, así como criterios más amplios que midan la honorabilidad, la honestidad, la eficiencia y la responsabilidad institucional”.
Por ello se modificarían los artículos 3, 26, 28, 55, 79, 82, 91, 95, 102, 116, 122 y 123 para evitar que lleguen a cargos de la administración pública, de representación popular en los tres poderes del Estado y en los tres niveles de gobierno, incluyendo organismos autónomos como el INE y el TEPJF, así como los de magistrados y consejeros de diversas instancias de consulta regulados por la Constitución.
Con diversos ajustes, las modificaciones sugeridas plantean tres puntos: “No haber sido denunciado o demandado, bajo investigación, juicio o condenado mediante resolución o sentencia de una autoridad competente por delitos sexuales, con la libertad sexual o violatorios de la intimidad corporal, en los tres años antes de su designación”, en primera instancia.
Un segundo numeral agregado a los requisitos de idoneidad para diversas responsabilidades es el de “no contar con registro como deudor alimentario moroso en ninguna entidad federativa o como persona agresora por el delito de incumplimiento de deberes de asistencia familiar, especialmente alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o cancele en su totalidad la deuda”.
La propuesta. Se modificarían los artículos 3, 26, 28, 55, 79, 82, 91, 95, 102, 116, 122 y 123 para que no sean funcionarios de los tres poderes del Estado ni en niveles de gobierno.
En un tercero se plantea que, tanto ministros, como magistrados, secretarios de estado, legisladores, gobernadores y Presidente de la República, tendrá que cubrir el requisito de “no haber sido denunciado o demandado o estar bajo investigación, juicio o condenado mediante resolución o sentencia de una autoridad competente por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género durante los tres años anteriores a su designación”.
Sustentan que las personas agresoras no están en las condiciones de emprender e implementar acciones para prevenir, combatir y sancionar la violencia que daña a nuestra sociedad, tratándose de altos cargos públicos, en cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la administración pública, la persecución de los delitos y la impartición de justicia.
Recuerdan que más de la mitad de las mexicanas reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres reflejan un incremento de más de 200%, que en las víctimas de estos delitos. En general, mujeres jóvenes de entre 11 y 40 años.