A la fecha, 11 funcionarios chiapanecos están inscritos por ejercer VPRG: Consejera
MANUEL MONROY/Tuxtla Gutiérrez
Desde que se creó el Registro Nacional de Personas que ejercen Violencia Política en Razón de Género (VPRG), en Chiapas se han inscrito en dicho padrón a 11 funcionarios, destacó María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Sin embargo, la funcionaria destacó que suman 30 los resolutivos que en la entidad se han emitido contra individuos que han violado esta disposición. "En los casos restantes (19), los organismos jurisdiccionales han cambiado la sentencia que el IEPC emitió", dijo.
En breve entrevista, la funcionaria electoral dio a conocer que la mayor parte de las denuncias que se hacen en este tema son en referencia a que las inconformes aseguran no contar con las condiciones plenas para poder realizar la labor para la cual fueron seleccionadas.
Al respecto, detalló que al menos suman 20 los motivos que las quejosas han revelado por las que no pueden desarrollar sus labores, entre éstas: retención de sus salario, no comunicarles sobre las convocatorias a sesiones de Cabildo y no tener un lugar físico para hacer su trabajo, entre las principales causas.
Respecto a las sanciones a las que son acreedores los infractores, Vila Domínguez especificó que además de ser ingresados al Registro Nacional citado, estas personas quedan inhabilitadas para participar en próximas candidaturas a cargos de elección popular.
Dio a conocer que aunado a lo anterior y según el catálogo que publicó el Instituto Nacional Electoral (INE), dentro de las sanciones se considera que si la falta es leve, se aplica castigo de inhabilitación de uno a tres años, empero, si es grave, el castigo llega a cuatro años y dos años más se comprueba la reincidencia.
Tras detallar que estos resolutivos del IEPC pueden ser impugnados, la entrevistada dejó entrever su extrañeza, pues la mayoría de las quejas que se han investigado son contra Presidentes Municipales por ejercer comportamientos que atentan contra regidoras plurinominales.