¿EL UNIVERSO JURÍDICO NACIONAL PARA CUÁNDO SE CORREGIRÁ?

 

Por Mtro. Julio César Cué Busto 

Tema pendiente para la Cuarta Transformación es la revisión del desastroso Universo Jurídico Nacional que padecemos, existen dos problemas principales de fondo que hay que enfrentar sobre este intrincado asunto. Uno la maquinaria perfecta que el antiguo régimen fue consolidando a través de los años para obtener un Universo Jurídico Nacional acorde a las necesidades y objetivos del neoliberalismo.

 

Otro, el acoplamiento idóneo que ha existido entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para sostener por décadas procedimientos que garantizan un sistema proteccionista de los grupos de poder producto del insano amalgamiento del poder público y el poder económico, que alcanzó su máxima expresión en los últimos tres sexenios.

Permítanme narrarles el procedimiento tradicional que tienen los productores finales del orden jurídico, nuestras gloriosas cámaras legislativas, donde legalizaban las reglas del juego que imponía el dueño del circo en turno. Pensemos en la necesidad de crear una ley para atender un problema grave del momento, así se legisla en nuestro bendito país, lo que urge, no lo importante. Se activan las cámaras y empiezan a elaborar cada fuerza política sus iniciativas de ley.

No se ponen de acuerdo para elaborar un solo documento ni entre los miembros de una misma institución política, resultando que muy seguido un mismo partido presenta más de un proyecto de ley sobre el mismo tema a legislar, lo que ocasiona que se juntan dentro de las comisiones hasta ocho iniciativas del mismo propósito, entorpeciendo de manera drástica los análisis de los proyectos.

Por lo regular quienes presentan las iniciativas pertenecen a la comisión que las va a analizar, convirtiéndose en un campo de batalla la mentada comisión. Algunos documentos son elaborados por los propios legisladores, otros se los enviaron simpatizantes o miembros del partido, que por lo regular dichas propuestas de normas están muy deficientes y mal redactas.

Cada legislador defiende férreamente su proyecto, y no hay de otra, más que hacer un mazacote con los proyectos existentes; caso contrario, nunca pasa al pleno para su votación y autorización. Una vez autorizada esa "ley machaca" por la cámara de origen se remite la iniciativa a la cámara revisora.

Puede darse que en la comisión competente de la cámara revisora, tengan otras tres o más iniciativas de la misma materia, y no queda de otra más que amalgamar todas los propuestas de ambas cámaras, con las inevitables contradicciones en lo sustantivo de la ley, dando como consecuencia que muchas disposiciones de los artículos resultan contradictorias y se convierten en letra muerta aunque quede aprobada la ley en todas sus partes.

Para acabarla de amolar, ahora andan promoviendo el parlamento abierto, que no es otra cosa que el directismo democrático; lo cual fuera lo correcto si estuviéramos al nivel de algunos países que en sus cámaras legislativas tienen trabajando de manera permanente a expertos en redacción de leyes; así como, de jurisconsultos de las diversas especialidades que se requieran, los cuales son profesionales experimentados en la hechura de leyes y reglamentos. Existiendo el riesgo de empeorar la propuesta de ley por las "sugerencias" que luego por necesidad política le aceptan a la sociedad civil. 

En México los asesores jurídicos sólo duran el tiempo que está en funciones el legislador que los contrató, y cuando llega a sus manos el proyecto de ley con las propuestas para crear, modificar, abrogar, derogar, reformar o adicionar alguna normativa, prácticamente ya es un producto imposible de corregir. Hay que invertir en la intervención del proceso legislativo, primero los juristas doctos de la materia, después los legisladores y la sociedad civil, para sugerir que falta, no para redactar los artículos.

El actual Universo Jurídico Nacional, no permite se produzca justicia, sólo promueve impunidad. Todo personaje del Antiguo Régimen que se logre investigar, procesar y condenar, sin lugar a dudas pasará lo mismo de siempre, a la larga será declarado inocente, saldrá libre y habrá que devolverle todo lo que se robó; así están nuestras leyes.

El Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México debe considerar como plan "B" la alternativa de aplicar el Estado de Excepción apoyado en una Justicia Transicional. Tanto para lograr la tan ansiada paz, como para castigar a los responsables históricos y contemporáneos del infausto destino actual de los mexicanos, vivir en una reinante inseguridad pública y su compañera inseparable la impunidad.