Decálogo del Presidente
Mtro. Julio César Cué Busto
¿Qué propone el ejecutivo federal para fortalecer la seguridad y la justicia, que redunde en una mejoría del Estado de Derecho? Un decálogo que expuso ante la opinión pública el 27 de noviembre del 2014.
Desahoguemos simples comentarios de cada una de las medidas expuestas: En primer término manifestó que enviará una iniciativa para la creación de una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales. Lamentablemente esto no es una respuesta adecuada al problema existente en el territorio nacional. Sería esperar que esa ley, si es que se logra aprobar, al no dar los resultados esperados, propiciará que se elabore otra iniciativa, en esta ocasión en contra de autoridades estatales, y otra más que sea contra autoridades federales.
No hacen falta nuevas leyes, hay que realizar esfuerzos para que las leyes que ya están vigentes se cumplan, lo que significa cerrarle el paso a la impunidad.
En cuanto a redefinir las competencias en materia penal, considero que tampoco es una medida apropiada, no se trata de repartir de forma diferente las responsabilidades, esa no es la respuesta, los problemas de inseguridad que se detectaron en los años ochenta en el Programa Nacional de Seguridad Pública son los mismos que se padecen en la actualidad, y que producen una inseguridad inaceptable para el Estado Mexicano.
La búsqueda de estrategias para el fortalecimiento del Estado de Derecho, debe representar decisiones de fondo y no nada más de forma, la medida de desaparecer las policías municipales en nada garantiza un correcto resultado, únicamente se va a trasladar el problema de un lado a otro.
Se debe crear una institución policial única, una Policía Nacional, no basta fortalecer corporaciones estatales. Si hacia esa decisión se va, por qué no transformar de fondo la seguridad preventiva nacional.
Respecto al establecimiento del número nacional (911) para emergencias o urgencias, es idóneo como meta inmediata que sea eficiente y eficaz, con tecnología de punta que garantice su correcto funcionamiento, no como hoy en día que en los números de emergencias no contestan o simplemente nunca llegan al auxilio.
Muy interesante que se logre implementar una Clave Única de Identidad, que no es otra cosa más que un carnet que servirá no sólo para identificarse, sino que también represente la llave de información básica de cualquier ciudadano en cuanto a los documentos oficiales o situaciones personales.
Los operativos especiales nunca han funcionado, no sirve de nada aumentar la presencia policiaca, no hace falta espantar a los delincuentes, hay que apresarlos y someterlos a la justicia, recordemos el “efecto cucaracha”.
Hablar de justicia cotidiana es hablar de una injusticia cotidiana, es plausible cualquier medida avocada a reducir las inaceptables prácticas corruptas de los servidores públicos responsables de la aplicación de esa justicia natural inherente a cualquier ciudadano que se ve envuelto en un problema legal.
Hay que aceptar la realidad, no son suficientes todas las instancias oficiales o no de defensa de los derechos humanos fundamentales, la producción de violaciones rebasa las capacidades de estas instituciones u organizaciones, y en las estructuras públicas tienen como política fundamental al revisar los casos, analizarlos bajo una óptica discriminatoria para seleccionar lo fácil y no lo complejo, entrando en principio de la búsqueda de una justificación de rechazo amparado en razonamientos en ocasiones puramente subjetivos y falaces.
Con referencia al combate a la corrupción en nuestro país, siempre ha sido una vacilada, por decir lo menos, las acciones emprendidas en contra de los malos servidores públicos que se enriquecen bajo el amparo de un cargo público, que es cosa de todos los días; no es posible que tenga que suceder un hecho tan brutal como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, para detectar el enriquecimiento ilícito de un personaje ligado al crimen organizado como, es el ex presidente de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca.
Ningún nuevo Sistema Nacional Anticorrupción o renovadas reglas de transparencia servirán de nada sin una voluntad férrea para lograr los resultados, no es un problema de nuevas leyes, en todas las áreas gubernativas existe la corrupción, no importando que sean instituciones armadas o responsabilidades de gobierno o justicia, lo que fallan son las personas, no las instituciones.
Podemos dar una lista interminable de casos actuales, como lo que sucede en las entidades federativas de Michoacán o Guerrero, en las cuales no se ha visto ningún aviso formal de inicio de acciones previas en contra de servidores públicos federales o estatales de esos estados por haber sido, por acción u omisión, responsables del imperio del crimen organizado en ellos. Salvo algunos personajes que se encuentran ya sin el cargo o algún otro procesado, se denota claramente que se trata sólo de un efecto distractor, más que de un resultado efectivo en contra de la impunidad.
Toda acción en contra de la inseguridad e injusticia deben ser bienvenida por la sociedad en general, todo esfuerzo orientado a la meta del mejoramiento del Estado de Derecho merece un reconocimiento popular, sin importar ideología política, pero se deben modificar las estrategias para que cambie el fondo estructural gubernativo y no la forma llana de hacer las cosas.