Condena COMDHSM nuevo acuerdo migratorio
CHRISTIAN GONZÁLEZ/Tuxtla Gutiérrez
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) reprobó el nuevo acuerdo migratorio entre los gobiernos de México y Estados Unidos, basados en el llamado Título 42.
Mediante un documento, explicó que el pasado 9 y 10 de agosto, documentó la llegada a Tapachula, Chiapas, de un vuelo diario proveniente de McAllen, Texas, que transportaba a personas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas expulsadas bajo el Título 42.
En ambos días, refirió, las personas, principalmente mujeres y familias con niñas y niños, fueron transportadas desde Tapachula en autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM) hacia Talismán, frontera con Guatemala, custodiados por patrullas de la Guardia Nacional (GN), en donde se les abandonó en la frontera con Guatemala, como sucedió bajo la política de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Sin que hasta el momento haya claridad sobre qué proceso administrativo siguieron en México.
“El anuncio de la administración de Joe Biden de acelerar las expulsiones por Título 42, es una medida instaurada en el mandato de Donald Trump que permite la expulsión inmediata de personas con el pretexto de la emergencia sanitaria por la covid-19, aunque no hay evidencia científica que avale la efectividad de esta medida”, reconoció.
Desde la semana pasada, recordó que medios informativos como Reuters habían reportado el inicio de estos vuelos como parte de una estrategia para disuadir los cruces y evitar el aglomeramiento de personas en la frontera norte de México y los centros de detención en Estados Unidos.
El pasado 10 de agosto, junto con el vuelo proveniente de McAllen, Texas, se registró la llegada de otro vuelo nacional con personas que fueron privadas de libertad en centros de detención migratoria del centro y norte de México. De los testimonios recabados, estas personas detenidas en el país el INM les negó explícitamente, incluso con insultos, la posibilidad de solicitar asilo en México, dijo el Observatorio.
“Además, se tuvo información de dos vuelos provenientes de Brownsville, Texas, que llegaron al aeropuerto de Villahermosa. Desde donde las personas centroamericanas fueron trasladadas en autobuses del INM hasta la frontera El Ceibo, con Guatemala, siguiendo el mismo modus operandi que en Tapachula”, detalló.
Comentó que estas expulsiones desde Estados Unidos y traslados para deportación desde otros estados mexicanos a la frontera sur de México, coordinados por ambos gobiernos, están vinculadas a la situación que se vive en la frontera norte, en donde desde hace 17 meses hay un cierre para los cruces considerados no esenciales, y entre ellos se incluyó a las personas que buscan solicitar asilo en el vecino país.
“Las expulsiones de esta naturaleza ponen en un riesgo severo la vida de las personas con necesidades de protección internacional y violan de manera masiva el derecho a solicitar asilo”, sostuvo.
El pasado 3 de agosto se terminó el proceso de excepción al Título 42 por Huisha3 y, desde entonces, no se aceptan más casos en la frontera de México con Estados Unidos bajo dicho proceso.
“Esto ha generado un clima generalizado de miedo e incertidumbre entre las personas migrantes, ante la falta de claridad en los procesos administrativos y los cambios abruptos en los procedimientos, provocando que la única vía de ingreso al lugar donde las personas consideran que sus vidas están seguras sea por medios irregulares exponiéndose a expulsiones y/o deportaciones hasta el sur de México”, puntualizó.
De hecho, aseveró que expulsar y trasladar a personas centroamericanas que buscan protección internacional desde Estados Unidos hacia la frontera sur de México, es una grave violación al derecho a solicitar asilo a recibir otro tipo de protección internacional, y les expone a una situación de mayor vulnerabilidad, pues ante la imposibilidad de permanecer de forma segura a sus países de origen, se les obliga a realizar de nuevo un recorrido en condiciones que les exponen y atentan contra su vida, dignidad e integridad.
Por todo esto, exigió aclarar públicamente la operación de estas acciones y bajo qué acuerdos se ha determinado realizarlos, así como garantizar que las personas, familias y niños, niñas y adolescentes accedan a información clara y necesaria sobre sus derechos, sobre todo al tratarse de familias, personas con necesidades de protección internacional y niñas, niños y adolescentes no acompañados, entre otros.
