Transportistas demandarán a funcionarios de la ST

Transportistas demandarán  a funcionarios de la ST

Por MANUEL MONROY

 

Tuxtla Gutiérrez

Ante la irresponsable forma en que funcionarios de la Secretaría de Transportes actúan de vender concesiones y no castigar a los malos servidores públicos, un grupo de transportistas demandarán penalmente a la dependencia y a quien o quienes resulten responsables. Lo anterior fue dado a conocer por Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del estado de Chiapas (AAECH), quien recordó que la citada, así como otras demandas, son añejas, “pero aparentemente a nadie le conviene resolverlas”, comentó. “Ante señalamientos que hemos hecho de forma puntual a funcionarios de la ST, nadie ha procedido a una investigación y menos se les ve intención de un cambio de actitud, sino al contrario, el tortuguismo y omisión se han acentuado, por lo que no hay quien dé la cara”, dijo. Sin proporcionar sus identidades, el demandante afirmó que dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Chiapas han expedido decenas de permisos apócrifos a igual cantidad de unidades ilegales que prestan el servicio de transporte de pasajeros, por lo que se han realizado operativos en carreteras federales para detenerlas. Calificó como triste la nula importancia que el gobierno da al sector. “Toda la opacidad e inacción de la Secretaría demuestra deslealtad a quien encabeza la administración estatal y una grave falta de respeto a la sociedad. “Al parecer su prioridad es cuidar sus intereses políticos”, señaló. En otra parte de su disertación Bustamente Grajales exigió a la Secretaría de la Función Pública, tanto estatal como federal, abra una investigación y revise el actuar de cada funcionario de la citada dependencia para que pueda proceder contra quien o quienes resulten culpables. El líder transportista reiteró no oponerse el derecho de cada persona a trabajar, pero resaltó que debe respetarse el transporte legalmente establecido. “Debe poner en su lugar a quien transgreda la ley, ya sean funcionarios o particulares, los cuales usan argumentos sin fundamento legal”.

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