¿En qué consiste la Ley de la Industria Eléctrica?
Agencia Excélsior
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tiene como objetivo privilegiar el despacho de la electricidad generada con plantas de la CFE, dejando para último la de empresas privadas, además de que se le quita a la empresa del estado la obligación de comprar energía de proyectos de las subastas de largo plazo.
Es así que la energía que tendría prioridad a ser despachada es la generada con las hidroeléctricas, en segundo a las demás centrales de la CFE, posteriormente a la energía eólica y solar de los privados, y finalmente a las centrales de ciclo combinado, es decir, plantas que utilizan gas y que también son propiedad de particulares.
Entre los principales puntos que destaca la Ley, se encuentra la revocación de permisos bajo el esquema de autoabastecimiento, los cuales fueron entregados previo a la apertura del sector para permitir a las empresas asociarse y producir electricidad para sus plantas y establecimientos, esto por considerar que han incurrido en un fraude.
Los cambios a la Ley también contemplan el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CELs) a las plantas de la CFE, bajo el argumento de tener igualdad de condiciones en el mercado eléctrico.
Derivado de esta situación algunas empresas decidieron interponer amparos, como es el caso de la empresa Parque Solar Orejana, propiedad de Zuma Energía, a quien el juez Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, le otorgó la suspensión, con efectos generales, de los cambios aprobados a la LIE por considerar que afectaba el derecho a la libre competencia en el mercado, desincentiva las inversiones, ponía en riesgo los proyectos ya realizados por empresas privadas y provocará daños inminentes e irreparables al medio ambiente.
Pese a esto, algunos proyectos como un parque fotovoltaico que desarrollaría la empresa Rengen Energy Solutions, y para el que se estimaban inversiones de 120 a 130 millones de dólares, fue suspendido debido a la incertidumbre que generó la nueva Ley.