Estados en México recibirán menos dinero vía convenios, ¿por qué?

Agencia Excélsior

Un rubro al que el gobierno federal ha restado recursos en lo que va del sexenio son las transferencias sujetas a negociación entre Federación y estados. 

Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que en enero-septiembre de este año se han transferido por este concepto 135 mil 322 millones de pesos, lo que implicó una reducción de 46.7% en términos reales respecto al mismo periodo de 2018, es decir, antes del inicio del sexenio. 

Los conceptos más castigados de estas transferencias han sido los subsidios del ramo 23, con un desplome de 88.8% real en el sexenio, seguido de 25% real en los convenios de reasignación, y de 15.6% real en los convenios de descentralización. 

Pese al desplome de estos recursos, el gasto federalizado total a estados y municipios no ha tenido una gran caída, ya que sólo está 2.9% real por debajo del inicio del sexenio, por lo que las relativas mayores participaciones (+6.6% real) y aportaciones (+4.6% real) han permitido compensar el mucho menor gasto en transferencias sujetas a negociación. 

FACTORES 

Emilio Sánchez, investigador en Finanzas Subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó a Excélsior que la reducción de los recursos federalizados distintos a participaciones y aportaciones se debieron a los cambios de prioridades en la administración federal.

Por un lado, explicó que, en lo referente al Ramo 23, obedeció a la decisión del gobierno federal de eliminar la mayoría de los fondos que operaban en rubro, tales como el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que era una fuente importante de recursos para las entidades federativas lograr diversos objetivos. 

“Asimismo, el gobierno decidió eliminar varios fondos regionales, tales como el de Capitalidad que operaba para la Ciudad de México, situación que redujo sustancialmente el gasto de los subsidios del Ramo 23 para las entidades federativas. Es ahí donde se ve la caída del gasto en esta área”, explicó el especialista del CIEP. 

En cuanto a los convenios de descentralización y reasignación, Sánchez comentó que están muy sujetos a las necesidades de los gobiernos subnacionales de buscar a las secretarías federales para firmar convenios, y ahí más que nada obedece a su decisión respecto a su relación con el gobierno federal. 

“Lo que se observa es que uno de los convenios más importantes que suscriben los estados es con la Secretaría de Educación Pública, éste es uno de los más importantes, por eso la caída drástica de este gasto”, comentó el experto del CIEP. 

Acotó que más que los montos que se manejan en los convenios de descentralización y reasignación, lo relevante es la efectividad y los resultados que arrojan, y por eso comentó que uno de los pendientes es hacer más transparente este gasto, con métricas que muestren los resultados y si los recursos se están usando realmente para los objetivos que se están planteando. 

FEIEF, OTRO PENDIENTE 

Emilio Sánchez del CIEP comentó que otro gran pendiente que manejan las transferencias de la Federación a los Estados son los recursos hacia el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que es el fideicomiso que sirve para hacer frente a las reducciones de las participaciones a los estados. 

Explicó que ha sido problemático que el FEIEF adquiriera deuda por más de 80 mil millones de pesos para apoyar a los estados, misma que se deberá pagar a largo plazo y que ya tiene comprometidos los ingresos futuros del fondo. 

Además, comentó que otro problema que hace vulnerable a los estados es que los recursos que ingresan al FEIEF dependen en gran medida de los ingresos petroleros, mismos que son volátiles y que no dan certeza ni estabilidad a un guardadito tan importante.

¿Qué son los convenios? 

Hacienda afirma que los convenios de descentralización y reasignación que firman los estados con la Federación tienen el propósito de transferir responsabilidades, recursos humanos y materiales, así como otorgar recursos financieros, a fin de promover un gasto público más eficiente y eficaz.