LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ¡POR FIN!

Por Julio César Cué Busto 

Todo indica que se logró un primer paso al consensar entre los ciudadanos organizados, académicos y la Cámara de Senadores, la urgentísima mutación de la Procuraduría General de la República a fiscalía general, al ponerse de acuerdo, al menos de entrada con la iniciativa de ley de este documento normativo que organiza la futura procuración de justicia dentro del ámbito federal.

 

El documento demuestra que existe plena conciencia de todos los participantes de este encomiable esfuerzo, en que las formas y estilos con los cuales a la fecha se conduce la PGR, no funcionan y sólo significan ineficacia e impunidad, inaceptables ambas. Respecto de este proyecto de ley, se denota bastante completo, aunque como todo documento normativo, perfectible en su contenido y esencia.

Históricamente la sociedad civil ha demostrado una y otra vez, que sus intervenciones y colaboraciones son necesarias para el buen desempeño de las estructuras gubernamentales. En esta ley orgánica se le da un papel muy significativo a la sociedad civil, con la innovadora creación de un Consejo Técnico, una Comisión de Designaciones, y de las comisiones especiales, totalmente ciudadanizadas éstas, con lo cual entramos de lleno a la Cuarta Transformación de la República Mexicana.

¿Por qué en estos momentos no puede dejarse en manos de un apartidista la inicial titularidad de la Fiscalía General de la República? la respuesta es muy sencilla, estaríamos condenando al fracaso a priori la nueva forma de procurar justicia; ya que, el reto de inicio de la fiscalía general es sumamente complicado. Lo que va a enfrentar quien resulte designado, es primero una resistencia total de los miembros de la actual PGR, después, una exagerada contaminación de los servidores públicos; así como, luchar contra de un enemigo temible representado por el crimen organizado multifragmentado.

Razones de más, para que la ciudadana o ciudadano que elijan como primer Fiscal General, deba de tener toda la confianza y apoyo de quien va a liderear el tan necesario cambio de régimen, aunque el subsecuente responsable de la Fiscalía General, sea un personaje apartidista y sin ningún nexo con las autoridades responsables en turno.

Tampoco funcionaría, lo expongo con todo respeto, que designen algún supuesto conocedor de la materia penal, ya sea académico, miembro del poder judicial o ligado a alguna organización civil de la abogacía, si no tiene éste experiencia en procuración de justicia no van a funcionar cabalmente. No basta tener los conocimientos jurídicos penales a nivel doctrinario, de defensor de inculpados, o los adquiridos en materia de impartición de justicia, hagan uso de la memoria, y evocarán una alta cantidad de ejemplos que han pasado por la PGR y que han sido fracasos rotundos.

Se requiere, por lo menos en estos momentos de arranque de la fiscalía general de una persona que haya vivido la procuración de justicia, que conozca los recovecos del delito, y si aparte tiene experiencia parlamentaria o académica, que mejor, ya que muchos de los principales enemigos que han provocado y soslayado la insoportable situación actual, son los políticos que se han enriquecido por complicidades bajo el amparo del poder público.

No basta con combatir al crimen atacando a los delincuentes calificados como autores materiales, hay que ir por los demás, los coautores, los cómplices, los encubridores, los instigadores, los autores intelectuales; así como, los llamados testaferros, o sea los presta-nombres, los lavadores del dinero ilícito pues, estos últimos casi nunca son castigados.

No veo que el perfil descrito anteriormente como fiscal ideal pulule en demasía en nuestro país. Se observa como inexplicable, por decir lo menos, que los detractores de la terna propuesta por el Lic. López Obrador, no propongan a nadie y solamente se aferren a un perfil inaceptable en este momento. Tampoco se entiende por qué se aferra el PRIAN, en querer modificar la constitución en su artículo 102, si ellos fueron los promotores de esa última adecuación, incluso de la derogación del “pase automático”.

Lo que hay que forjar en la futura Fiscalía General es una cultura de respeto a los derechos humanos, que no haya crimen sin castigo, que sea una institución que proteja a sus miembros, que la participación de la sociedad civil en las tareas propias de la procuración de justicia se convierta en una fuerza amalgamada e incontenible contra la delincuencia, dicho con otras palabras, que el Ministerio Público se convierta en garante de la seguridad pública.