EN LA MIRA 21/08/18

 

¿Qué hay detrás de la violencia en San Cristóbal? 

¿Cuánto le costó a Chiapas la diputación de Roberto Rubio?   

Por Héctor Estrada 

Al menos dos muertos y una veintena de asaltos han sido relacionados con la denominada banda de “Los Motonetos”; un grupo delincuencial que ha aterrorizado durante los últimos meses a la ciudad de San Cristóbal de las Casas debido al descaro absoluto de sus atracos, la barbarie y la impunidad con la que se han apoderado de la tranquilidad en aquel municipio. Pero ¿qué o quienes están detrás de eso?

 

Aunque la ola de asaltos protagonizados por este grupo delincuencial va más allá del 2018, ha sido durante los últimos meses cuando su existencia se ha cubierto de escándalo e indignación mayor. El caso de Isaías Trujillo, un joven taxista asesinado de manera brutal en la colonia primero de enero el pasado el pasado 29 de julio, llevó la problemática a noticias nacionales.

Y no era para menos. Con el asesinato de Isaías, prácticamente lapidado, sumaron dos homicidios de taxistas en San Cristóbal de las Casas relacionados con “Los Motonetos” en menos de 30 días. Pero las cifras extraoficiales parecen ser mucho más grandes. De acuerdo a organizaciones no gubernamentales, de enero a la fecha la banda delincuencial ha estado inmiscuida en al menos 30  asaltos con violencia dentro de la ciudad.

Ante un sospechoso silencio de las autoridades judiciales para aclarar la procedencia del grupo delincuencial varias agrupaciones y personajes han sido los vinculados directamente con el presunto financiamiento y operación de “Los Motonetos”.

Nombres de agrupaciones como la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas mejor (Comach), la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) y personajes como Cristian Hernández, Martín Pale Santíz, Narcizo Ruiz, Mario Sántiz López y Marcos Hernández han salido entre las múltiples acusaciones.

Incluso, los nombres de conocidos personajes de la política local como el excandidato priista Edgar Rosales Acuña, el ex presidente municipal Mariano Díaz Ochoa y propio alcalde actual Marco Cancino González deambulan fuertemente entre las supuestas vinculaciones políticas. Algunos de inmediato se han desmarcado, mientras otros simplemente han guardado silencio.

La presunta detención de 17 “motonetos” el pasado 1 de julio (día de las elecciones) y la captura grabada en video de tres más el pasado 15 de agosto para ser inmediatamente liberados por “falta de pruebas” han levantado las más profundas dudas sobre el caso. ¿Quién o quiénes protegen realmente a estos grupos delincuenciales? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado de Chiapas no ha esclarecido el origen de esa banda y su modus operandi?

Lo cierto es que se trata de un grupo perfectamente organizado, que no trabaja de manera aislada. Muchos de ellos son fácilmente inidentificables por su nada temerosa interacción social. Entre sus amigos cercanos se asumen abiertamente parte de organizaciones como la Comach o Almetrach. Aseguran haber participado en movilización de votos y protección a personajes como los antes mencionados. Pero todo ello permanece entre la informalidad de los rumores.

Mientras tanto, las autoridades estatales nada han hecho para dar certidumbre y claridad a una ciudadanía desesperada y aterrorizada. La negligencia, ineficacia o complicidad del gobierno municipal y la propia Fiscalía General parece haber dejado solos a miles de habitantes que exige llegar al fondo de la situación para evidenciar a los verdaderos responsables, desarticular a la banda delictiva y, sobre todo, dejar de otorgar impunidad a grupos violentos acostumbrados a someter a la ley para imponerse sobre el derecho de otros.

¿Cuánto le costó a Chiapas la diputación de Roberto Rubio?  

En un hecho por demás indignante, este viernes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF) revocó la sentencia de la Sala Xalapa sobre el Distrito Federal XI con sede en Las Margaritas, por lo que devolvió la validez de la elección y constancia de mayoría al ex secretario técnico de gobierno de Chiapas, Roberto Rubio Montejo, quién a pesar de todas las irregularidades sí será diputado federal.

Mediante una muy superflua discusión en pleno, con un voto en contra, el máximo órgano jurisdiccional electoral consumó un duro golpe a la legalidad y la dignidad de los pueblos indígenas. El recurso de reconsideración SUP-REC-874/2018 terminó por recibir la desconcertante aprobación de la mayoría de los magistrados electorales en uno de los casos más escandalosos sobre la usurpación de candidaturas indígenas en México.

El Tribunal Electoral terminó responsabilizando al INE sobre el indebido procedimiento administrativo. Los magistrados electorales reconocieron la existencia de irregularidades que iniciaron con la aprobación de la sustitución de candidaturas no paritarias, treinta días después de la renuncia de las candidatas propietarias originales, sin considerar que tampoco se cumplía con el requisito de procedencia indígena. Pero nada resultó suficiente para confirmar la invalides de la elección.

Bajo justificaciones legaloides bastante confusas y contradictorias, se revocó una sentencia histórica que hace dos semanas había significado un sorbo de justicia para la nube de impunidad y arbitrariedades que durante los últimos cinco años ha nublado a Chiapas. Manuel Velasco ha conseguido finalmente una de las diputaciones federales a la que más insistencia le había depositado… Pero ¿Cuánto le costó a Chiapas esa diputación federal?

Más allá de los rumores que aseguran la existencia de varios millones de pesos (16, 20 o 30 mdp) de por medio para facilitar las negociaciones en los tribunales electorales, la realidad es que Rubio Montejo y su regalo de inmunidad final obsequiada por Velasco han resultado mucho más costosas de lo que se piensa.

Roberto Rubio ha sido pieza clave en las principales decisiones durante todo el gobierno de Manuel Velasco Coello. El equipo hecho entre Velasco, Rubio y Humberto Pedrero ha sido eje medular para los mayores quebrantos financieros realizados contra las arcas chiapanecas en la administración que ya agoniza. Con la suma de dos o tres nombres más cercanos al Velasco Coello, ahí han quedado gran parte de los negocios más jugosos del sexenio.

Roberto Rubio no fue sólo el Secretario Técnico de Manuel Velasco, fue el brazo ejecutor y operador dentro de gabinete estatal. Es pues uno de sus hombres de mayor confianza del actual gobernador, desde que éste apenas comenzó su carrera política. Por eso la vehemencia de Manuel para asegurarle a Roberto un último regalo sexenal que además le garantizara inmunidad constitucional para los próximos tres años.

Lo sucedido este viernes en la Sala Superior del TEPJF revive la desconfianza legítima en todas las autoridades electorales de México. Deja de manifiesto que siempre habrá cabida a justificaciones o argumentos tramposos para pasar por encima de la justicia, la equidad de género y la dignidad de los pueblos indígenas. Es una afrenta a un Chiapas herido que clama justicia para quienes lo han ultrajado, saqueado, incendiado y burlado durante los años recientes… así las cosas.