“EXPLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA CRIMINAL PARA MÉXICO 2018-2024”, CUARTA PARTE.

“EXPLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA CRIMINAL PARA MÉXICO 2018-2024”, CUARTA PARTE.

Por Julio César Cué Busto 

La séptima propuesta fue: 

“El Sistema Penitenciario Nacional deberá tener una normativa general única que regule los subsistemas federal y de las entidades federativas, para el mejor aprovechamiento de estructuras físicas, funcionales y operativas.”

 

La actual Ley Nacional de Ejecución Penal, no permite una homogeneidad general en la República Mexicana para la correcta aplicación de buenas prácticas carcelarias, al tener en cada entidad federativa sus propias reglas específicas en cada uno de los procedimientos cotidianos. Por lo que se debe instaurar una normativa similar para toda la materia penitenciaria en México, sin importar fuero o región del país, sólo así, con procedimientos similares, se logrará consolidar un verdadero Sistema Penitenciario Nacional.

Al quedar integrado como sistema único, las tareas fundamentales de Retención y Control de los procesados y penados, se verían éstas fortalecidas al contar con una verdadera coordinación de esfuerzos, ya que, las estructuras de instalaciones, personal operativo y equipos, de los diferentes subsistemas, federal y de las entidades federativas, subsanarían unas con otras sus deficiencias y necesidades propias del mundo carcelario. 

La octava propuesta fue:

“Nivelación de las sanciones de pena de prisión con dos posibilidades máximas, para delito grave 30 años, para delito más grave prisión perpetua; ajustando el bien jurídico protegido de las conductas delictivas que más daño hacen a la sociedad. Solamente para delitos intencionales graves o imprudenciales graves podrá establecerse penas de prisión.”

Hay que reconsiderar los fines de las penas, esto es, qué se busca al aplicarle una sanción a un delincuente, primeramente una “retribución” del daño que causó, palabra utilizada para no decir castigo, tasando esta sanción para que sea lo suficientemente intimidatoria y evite que el sentenciado reincida en la conducta delictiva, o en su defecto que sea de tal magnitud la condena en el caso de la prisión, que por sí misma garantice un espectacular ejemplo inhibitorio.

Al clasificar las penas máximas de los delitos que causan más impacto en la sociedad en graves y más graves, imponiendo 30 años y perpetua respectivamente, el fin óptimo de la pena se garantizaría para lograr la prevención especial que se busca con esas sanciones privativas de la libertad.

La propuesta 9:

“En el Plan Nacional de Seguridad Pública, deberá preponderar la tranquilidad ciudadana comunitaria sobre la seguridad jurídica de particulares.”

Esta idea no es con el fin de restringir derechos fundamentales de los conciudadanos, sino de implementar una serie de estrategias y acciones específicas para determinada zona en tanto se está realizando un operativo especial de los responsables del orden.

Cuando la búsqueda es la pacificación del país, se debe ponderar como riesgo de afectación colateral las molestias que se les puedan causar a las personas en lo particular, buscando en todo momento el beneficio común al combatir al crimen organizado.

La propuesta 10:

“El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes deberá tener subordinación directa con el ejecutivo federal o de la entidad federativa, no pudiendo haber mando o responsable intermedio.”

Durante muchos años se ha ignorado las recomendaciones de la comunidad internacional en el sentido que no debe tener la misma autoridad responsable las áreas encargadas de aplicar la justicia a los adolescentes en conflicto de la ley penal, con las de confinamiento de procesados y sentenciados mayores de edad, lo cual prácticamente se ha ignorado en toda la república mexicana.

Lo anterior observación fue el motivo fundamental para que dentro de la reforma constitucional del artículo 18 constitucional, se instaurara en sus párrafos 4°, 5° y 6° un sistema integral de justicia para los adolescentes, pero lamentablemente como en infinidad de ocasiones las entidades federativas e incluso la federación han desconocido por completo esa obligación constitucional de operar de manera independiente la justicia penal de adultos con la administración de la justicia para adolescentes.

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