PROPUESTA DE NUEVAS POLÍTICAS CRIMINALES PARA 2018-2024

PROPUESTA DE NUEVAS POLÍTICAS CRIMINALES PARA 2018-2024

Por Julio César Cué Busto 

Para poder sostener una efectiva lucha contra el crimen organizado resulta necesario de manera indiscutible rechazar todo lo actualmente implementado, por haber sido y estar siendo un absoluto fracaso. Esto para proponer unas políticas innovadoras con modos distintos de hacer las cosas, sin temor alguno a las transformaciones torales de fondo y forma.

 

Se sugieren los siguientes textos:

1. Toda la planeación de las políticas criminales nacionales serán sobre la base de la integralidad y coordinación de los sistemas nacionales de: Seguridad Pública, Subsistema Policía Nacional; de Procuración de Justicia; de Impartición de Justicia; Penitenciario; e Integral de Justicia para Adolescente.

2. La prevención general del delito se programará de manera conjunta del aspecto policial y de las acciones de gobierno de mejoría de oportunidades en materia laboral, educativa y de capacitación, así como con proyectos de fortalecimiento de la seguridad jurídica de los gobernados, junto con el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

3.  La reacción protectora de las policías para con la ciudadanía se deberá normalizar para garantizar la inmediatez, eficacia y eficiencia; todo esto, dentro del marco de respeto de los derechos fundamentales de las personas, garantizando el acceso expedito del ciudadano con su policía distrital.

4. La procuración de justicia se transformará en un representante social, que garantice la seguridad y protección ciudadana, persecutor de las conductas delictivas hasta lograr el castigo del responsable del delito.

5. En la impartición de justicia penal, deberá transformarse ésta en un ente de justicia buscador de la verdad auténtica, nivelando la actuación del representante social como autoridad en todo momento procesal.

6. La prevención especial deberá consistir exclusivamente en la contención y control de los internos en sus dos facetas, procesados y penados; excluyendo las antiguas metas de readaptación o reeducación de los presos, políticas plenamente probadas a nivel mundial, como inútiles e innecesarias; contando los internos próximos a liberar, ya sean preliberados o cumplidos, con planes de apoyo para la reinserción o reintegración a sus comunidades.

7. El Sistema Penitenciario Nacional deberá tener una normativa general única que regule los subsistemas federal y de las entidades federativas, para el mejor aprovechamiento de estructuras físicas, funcionales y operativas.

8. Nivelación de las sanciones de pena de prisión con dos posibilidades máximas, para delito grave 30 años, para delito más grave prisión perpetua; ajustando el bien jurídico protegido de las conductas delictivas que más daño hacen a la sociedad. Solamente para delitos intencionales graves o imprudenciales graves podrá establecerse penas de prisión.

9. En el Plan Nacional de Seguridad Pública, deberá preponderar la tranquilidad ciudadana comunitaria sobre la seguridad jurídica de particulares.

10. El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes deberá tener subordinación directa con el ejecutivo federal o de la entidad federativa, no pudiendo haber mando o responsable intermedio.

11. Los operativos policiales en contra del crimen organizado en que participe personal militar, deberán ser supervisados y coordinados por personal civil. Ningún mando militar en activo podrá ocupar responsabilidades civiles, a excepción de los que se encuentren en retiro con más de seis años otorgado.

12. El personal de la policía nacional en funciones de investigación, deberá estar dirigido y coordinado por el representante social federal en tratándose de esa competencia; así mismo al estar prestando servicios del fuero común, se ajustará a los procedimientos propios del representante social de las entidades federativas.

Estas pudieran ser de manera enunciativa, no limitativa, las nuevas políticas criminales para México, y como todo dentro de un Universo Jurídico Nacional tan débil, inexacto y en muchas ocasiones incoherente, estas propuestas son perfectibles.

Aquí el principal problema que afrontar para lograr implementar y consolidar estas novedosas propuestas, es la existencia de una estirpe de conservadores, adoradores del gatopardismo; esto es, una sarta de ignorantes que nunca en su vida han estado en la trinchera, por ejemplo, exprocuradores que nunca antes integraron una averiguación previa, o exresponsables de corporaciones que en su vida habían estado en un operativo con fuego real, o por lo menos, haber realizado una investigación que produzca un resultado satisfactorio.

Esa dificultad que enfrenta todo cambio toral, es simple ignorancia, los pretendidos expertos en seguridad y justicia, no quieren salir de su zona de confort, por eso todo lo que representa implementar formas nuevas de hacer las cosas, sin una justificación valida, la rechazan. Estos personajes son los responsables que a nivel internacional estemos siendo criticados como tontos, por seguir discutiendo hoy en día si se aplica la teoría finalista o la causalista, u otras cosas, cuando ya dentro del ámbito mundial están analizando teorías más actualizadas como el “derecho del enemigo”.

Daré un ejemplo que se me quedó gravado, obvio sin nombres para no herir susceptibilidades, en un congreso internacional intervino un ponente extranjero, y en su exposición cuestionó, qué cómo era posible, que él había estado en México hacía algunas décadas preparándose en materia constitucional, y que al regreso a su país logró implementar los cambios con éxito de lo que los constitucionalistas mexicanos le enseñaron, y después de tanto tiempo pasado, en México seguían igual sin reformar su constitución a fondo.

Comentarios