Primero la definición de las políticas criminales nacionales para 2018-2024, después la elaboración del plan nacional de seguridad pública
Por Julio César Cué Busto
De manera previa, una advertencia al segurísimo próximo presidente de la república Lic. Andrés Manuel López Obrador y a su equipo cercano integrado para esta cuarta transformación que le urge a México, hay que tener mucho cuidado con la aparición de las mismas caras y las mismas propuestas de “supuestos” especialistas en seguridad, que han demostrado una y otra vez a través de la historia como sus estrategias y acciones han sido erróneas.
También resulta necesario reconocer que entre la gente experimentada, con raras excepciones, existe gente capaz y honesta, estos personajes son fácilmente identificables; ya que, han tenido muchos problemas, incluso judiciales, por tratar de hacer siempre bien las cosas y por lo mismo, se han enfrentado a servidores públicos deshonestos e incapaces, que lamentablemente son los más, y en muchas ocasiones resultan ser los mandos superiores.
Muchos de los aparentes expertos tienen proyectos o planes para presentar al próximo gabinete federal, algunos en forma de libros con datos falsos en su contenido y otros con proyectos exageradamente “refriteados” de comprobada inutilidad, por lo que resulta preocupante que estos individuos de fama ficticia propongan sus anacrónicas ideas en los próximos planes para el sexenio siguiente. Sí hay que escucharlos, para saber lo que no se debe hacer, así de sencillo.
Hay que reconocer, que nadie tiene experiencia de resultados favorables reales en esta guerra actual; ya que, hoy en día se está resistiendo el ataque de un crimen organizado desbordado que está enfrentándose al Estado Mexicano de manera nunca antes vista.
Al implementar nuevas políticas criminales nacionales, no se debe aceptar una separación competencial de delitos federales con los estrictamente del fuero común, por ejemplo robo, homicidio o extorsión, y deslindarse de la responsabilidad conjunta de esos delitos por ser estrictamente del fuero de la entidad federativa; esto, porque en la actualidad la mayoría de esos delitos aunque no le corresponde su persecución a las autoridades federales, se cometen en contubernio o de manera directa por el crimen organizado, la atención debe ser de competencia concurrente.
Primera regla de las políticas criminales para un país, es que éstas sean integrales; esto es, que engloben en lo sustantivo a todo el fenómeno de la criminalidad, empezando por la prevención general, continuando con la reacción del Estado, posteriormente la administración de justicia, en sus dos etapas fundamentales, la procuración y la impartición, sin olvidar el destino final, la prevención especial, que es la contención y control de los penados.
Dentro del primer aspecto de la prevención general, se debe tratar ésta en un sentido amplio; esto es, no nada más querer tener un policía uniformado en cada esquina. Debe representar esta primera etapa, todos los instrumentos del Estado para procurar el bienestar común, desde garantías de oportunidades, escuela, capacitación y trabajo, hasta la seguridad jurídica de los gobernados.
En la segunda etapa de la reacción, se deben instrumentar mecanismos agiles y efectivos dentro de los márgenes de la legalidad, para que la ciudadanía con la inmediatez requerida, sea atendida y protegida por las fuerzas del orden, fomentando la presencia policial en lo relativo a la vigilancia y supervisión, para fortalecer el vínculo de confianza policía-ciudadano.
Para la tercera etapa de la procuración de justicia, la transformación tiene que ser completa, debe renacer el representante social como un ente defensor de la sociedad y actor fundamental en la búsqueda del castigo al delincuente.
La cuarta etapa, también requiere de toda una reingeniería estructural y funcional, motivada en plenitud para alcanzar la justicia, teniendo como factor indispensable la actuación en paralelo de la autoridad judicial y la del Fiscal o Ministerio Público, teniendo ambos el mismo nivel ejecutivo en la búsqueda de la verdad auténtica de los casos.
Como etapa final, el resguardo de los presos con dos fines primordiales, contención y control de los reclusos. Se desvían demasiados esfuerzos en tratar lo que llaman los melancólicos penitenciaristas, readaptar o reeducar al delincuente, sueño efímero jamás logrado a nivel mundial. Hoy en día se deben implementar solamente una serie de instrumentos o herramientas para que en la fase final de su condena, el interno pueda tener facilidades para su reinserción comunitaria.
Para dar legitimación a unas apropiadas políticas criminales, es necesario, entre otras cosas, que aunque resulte complejo para acoplar las diversas etapas del fenómeno criminal, se deben respetar las autonomías básicas entre los diferentes sistemas, como son el de seguridad pública, el de procuración de justicia y el Sistema Penitenciario Nacional, no habiendo problema respecto de la etapa de impartición de justicia, pues pertenece a otro poder.
Asimismo, se tienen que redefinir los fines de las penas, y establecerlas vinculadas entre el hecho y el resultado, lo que significa que las sentencias de prisión deben hilar a plenitud, el nivel de protección que queremos tener para ese bien jurídico tutelado afectado por el delincuente.
Las políticas criminales que debe México implementar, son los criterios rectores de métodos adecuados para; identificar, prevenir, contrarrestar, controlar y sancionar la conducta parasociales y antisociales. Dentro del marco absoluto de respeto de los derechos fundamentales de las personas, las características generales de estos conceptos, deberán quedar plasmados en la normativa general y especial, convirtiéndose todo este esquema en lo que serían las metas principales de la política criminal de México.
Una vez que queden definidas las políticas criminales a seguir, se deberá proceder a elaborar el Plan Nacional de Seguridad Pública, que habrá de contener las estrategias, programas, acciones, reglas, lineamientos y toda la regulación necesaria para la coexistencia en planeación y funcionamiento de los cuatro Sistemas, el de Seguridad Pública, el de Procuración de Justicia, de Impartición de Justicia y el Sistema Penitenciario Nacional, para que se apliquen consecuentemente y de manera coordinada e integral.