NÚMERO CERO
Hundimiento del Sistema Anticorrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción, la única respuesta oficial al malestar social y el desfonde de las instituciones, caerá también en un socavón que le abrió la clase política al entrar en funcionamiento esta semana sin estar plenamente integrado. El hoyo en el sistema asemeja el hundimiento del suelo por una oquedad subterránea, como la del escandaloso Paso Exprés de la México-Cuernavaca, en el que perdieron la vida dos personas, en definitiva, por negligencia, desinterés y corrupción. Al igual que el cráter en la carretera, el estreno malogrado del nuevo aparato socava su credibilidad y muestra que las resistencias del poder público a la transparencia y rendir cuentas son verdaderas galerías debajo de la tierra en que sucumben los derechos humanos. ¿Cómo cumplirán ahora los comisionados su encargo anticorrupción?
Después de tres años y un “mar” de escándalos por corrupción en la Federación y estados, las leyes anticorrupción se quedaron sin brazo ejecutor por la complicidad y el desdén de la clase política a cambiar la forma vertical y discrecional de ejercer el poder. La falta de acuerdos y el mercadeo político en el Congreso abortaron el nombramiento del fiscal Anticorrupción en el plazo previsto, con la entrada de la Ley de Responsabilidades Administrativas el 19 de julio. Aunque en el sótano de la caverna donde se excavaron los consensos lo que había era la pretensión de los partidos de tener un fiscal a “modo” y del gobierno de someter su actuación a la de un fiscal general al que estaría subordinado nueve años cuando se produzca la transformación de la PGR en Fiscalía General. Es decir, el sistema se hundió en un hoyo de resistencias por evitar la investigación y sanción de actuales tramas de corrupción en el próximo sexenio.
Hay poca expectativa de que, en el próximo periodo del Congreso, instalado ya en temporada electoral, se nombre al fiscal, si antes fue imposible un extraordinario por el litigio de los comicios en Coahuila. Sobre todo, porque no se ve razón para reparar el socavón en que se precipitó el sistema, no obstante Peña Nietoofreciera una reforma constitucional que elimine el pase automático de su procurador a la nueva fiscalía para repavimentar acuerdos con la oposición. Y aún más difícil re-encarpetar el proceso tras la renuncia del comité de ciudadanos que lo acompañaba por el “desinterés” para sacarlo adelante. Así nacería con el prestigio rasgado por el jaloneo de las fuerzas que se oponen a la transparencia y la rendición de cuentas, aunque la celebren en público.
En este trance, cómo harán los comisionados anticorrupción, nombrados en 2016, para evitar sucumbir por asfixia —financiera o política— como ocurrió a las dos víctimas que la negligencia e ineficacia dejaron morir en el socavón del Paso Exprés. Perdóneme lo desproporcionado del paragón, pero busca gravedad del combate a la corrupción, ante todo porque el impacto de su acción mata y, en esa medida, conculca los derechos humanos.
Los comisionados pueden ponerse a operar lineamientos para declaraciones de interés y patrimoniales de los funcionarios, aunque no teman ser castigados por transgredirlos. Diseñar indicadores de transparencia sobre evolución de sus bienes y otras innovaciones técnicas para la rendición de cuentas que, sin embargo, lucen poco relevantes para combatir la corrupción sin fiscalía autónoma. También los tribunales administrativos podrán ayudar a suplir la falta de magistrados anticorrupción o la PGR al fiscal, pero de poco servirá sin voluntad política para atacar la impunidad. Algunos creen que para llegar a este resultado no eran necesarios una reforma constitucional y un sistema tan complejo; desde la clase política pensarán que el fracaso de la principal respuesta contra la corrupción sí ha servido para ganar tiempo.