La sospecha ante todo

Por Juan Rivero Valls

 

El mundo nada puede contra un 
hombre que canta en la miseria. 
Ernesto Sábato

 

La semana pasada, al tratar el tema del federalismo en México, hice hincapié en que los estados tienen que limitarse al cobro de impuestos sobre los bienes y no sobre el trabajo, el capital y el consumo que son indudablemente los que generan mayores ingresos, cobrados directamente por la Federación que devuelve, en forma de “participaciones” parte de esos recursos, lo que limita la autonomía de las entidades y de los organismos “autónomos”.

 

Esto provoca que esos organismos, que no han logrado consolidar su autonomía (y no lo harán mientras los recursos no sean recibidos de manera directa por ellos y de forma multianual) estén siempre bajo la sospecha de las intervenciones gubernamentales en las decisiones que solo debieran atañer a ellos, como su conformación y la elección de sus titulares.

INE, Derechos Humanos o universidades públicas provincianas (la UNAM es caso aparte, pues ella sí tiene consolidada su autonomía) estarán constantemente amenazados por gobiernos estatales que reciben los recursos de la Federación y, a la vez, los redistribuyen hacia esos organismos, no siempre con la puntualidad y el monto requerido, lo que permite a los gobiernos ejercer una suerte de “presión” sobre la vida interna de los organismos.

Sea cierto o no, en el pensamiento popular está siempre presente el papel que los gobernadores estatales tienen hacia el interior de estos organismos. Constantemente se dice que el gobernador de tal o cual estado pone o quita rectores, defensores de los derechos humanos o autoridades electorales locales, bajo la amenaza constante de no entregar en tiempo y forma los recursos que por ley les corresponden.

La Constitución que nos rige, en sus artículos 28, 41, fracción III; y 102, apartado B, se refiere, respectivamente, al Banco Central, al Instituto Federal Electoral y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como organismos autónomos. En el caso de las universidades públicas que han logrado su autonomía, las protege el artículo 3, Fracción VII de la Constitución Federal.

El recientemente desaparecido ministro Sergio Valls, quien es, por cierto, padre del actual secretario general de la Asociación Nacional de Universidades (ANUIES), escribió con respecto a la toma de la UNAM por estudiantes que protestaban por los planes de estudio del CCH y que fueron desalojados por la policía: “…el hecho de que la corporación pública de referencia sea un organismo descentralizado del Estado (…) dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y orgánica para impartir educación superior, no quiere decir que dicha institución no forme parte del Estado ni que altere el orden de la Administración Pública Federal, ya que su función, cimentada en la libertad de enseñanza, debe ser congruente con lo establecido en la Ley Fundamental y las leyes respectivas, es decir, seguir los principios y reglas predeterminadas por el propio Estado. Por tanto, no podría argumentarse que una intervención de las autoridades correspondientes en la ocupación ilegítima de la Rectoría de la UNAM vulnerara su autonomía”.

Si bien es cierto que éste es un caso específico en el que la fuerza del estado interviene en la vida interna de una Universidad, siempre está la sospecha de que esa autoridad lo hace discrecionalmente en otras áreas de las instituciones al manejar los recursos patrimoniales lo que, a su visión, le otorga el “derecho” de tomar decisiones sobre su funcionamiento interno y, de manera muy puntual, en la designación de las autoridades.

Los otros organismos autónomos, si bien no tienen las vicisitudes económicas de las universidades, al ser propuestos y nombradas sus autoridades por los partidos políticos, estarán siempre bajo la sospecha de que su actuar favorecería al partido en el poder o, en su caso, al que lo propuso para el cargo.

 

En fin, nuestra crisis de credibilidad no solo abarca a los gobiernos, sino también a los organismos que, se supone, son dotados de autonomía para evitarlo.