Piden castigar con cárcel a impostores en candidaturas

  

ASICh

Tuxtla Gutiérrez  

La usurpación de identidad en las candidaturas propiamente para indígenas, se deberá castigar con pena corporal, con cárcel, en tanto lo que ya se ha hecho con echar abajo las candidaturas a diputados federales en los distritos de Bochil y Las Margaritas debe ser el parteaguas para que se haga justicia en los otros tres distritos electorales, sostuvieron asociaciones de abogados que forman parte del Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia.

 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, encabezados por José Manuel Blanco Urbina anotaron que en el proceso electoral reciente pasado por acuerdo del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos que sus candidatos en 13 distritos electorales federales indígenas en los estados de Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, fueran auténticos indígenas.

Sin embargo, ese ordenamiento no fue acatado totalmente por los partidos políticos, ya que en varios distritos, tal es el caso en dos de los cinco en de Chiapas no fueron indígenas los postulados.

Al menos en los dos distritos federales de Chiapas mencionados,  se dio una flagrante violación de los derechos políticos electorales de los indígenas, al postular al ex secretario de Hacienda, Humberto Pedrero Moreno y Roberto A. Rubio Moreno, ex asesor del Gobernador Manuel Velasco Coello, quienes no son indígenas, por lo que la FEPADE debe sancionarlos conforme a los ordenamientos jurídicos electorales.

Y esto debe ser con cárcel sin fianza, conforme lo determinen las instancias correspondientes tomando en cuenta que hubo falsificación de documentos, sellos y firmas de autoridades ejidales.

El abogado Alonso Gómez Pale solicitó a las autoridades que esto que se ha hecho con estos dos impostores de indígenas sea el parteaguas para los otros tres distritos electorales federales en Chiapas, con la independencia de que se esté fuera de tiempo para la impugnación.

No solo son delitos electorales, sino delitos de materia penal, por el uso de documentos falsos. Por eso, las instituciones correspondientes deben analizar los otros tres distritos electorales federales, a efecto que sean verdaderos indígenas los que lleven la representación popular ante la Cámara de Diputados.

Por otra parte, el Movimiento Cívico Mexicano por la Democracia señaló que los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN en 1996, es una deuda pendiente con los pueblos indígenas.

Es de urgente necesidad que se atienda esta problemática indígena nacional, conforme también hoy lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.