OFSCE revela posible desfalco al Sapam

El posible desfalco podría alcanzar la suma de 970,804.22, por diversas irregularidades al interior del Sapam, detectadas por el OFSCE.

Versiones al interior del Sapam señalan que el todavía presidente Marco Cancino, no hará nada al respecto, pues brinda protección a los implicados en este asunto 

Santiago López

San Cristóbal de Las Casas 

La auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) de esta ciudad, revela un desfalco económico a éste organismo, lo cual es del conocimiento del actual presidente municipal, Marco Antonio Cancino González, sin que haga algo al respecto. 

 

Según la auditoría se demuestra que Marco Cancino utilizó un presta-nombre para que su negocio “Mundo C” fuera el proveedor de los uniformes del personal del Sapam, y los implicados en ese asunto hoy se encuentran protegidos por el mismo Cancino González. 

La auditoría revela una serie de irregularidades cometidas por servidores públicos, que en la actual Administración no aplicaron los recursos para los fines previstos, como la omisión del reporte a la Secretaría de Hacienda del Estado de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Sobre Nóminas. 

Los datos de la auditoría revelan también que los directivos del Sapam actuaron en complicidad con una empresa para instalar un equipo de desinfección a gas cloro, que o corresponde a lo adquirido, lo cual ha puesto en peligro a la ciudadanía, ya que el agua distribuida ni siquiera fue clorada. 

Versiones al interior del Sapam señalan que el todavía presidente Marco Cancino, no hará nada al respecto, pese a las irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización, por lo que hacen un llamado a las nuevas autoridades municipales, encabezadas por Jerónima Toledo Villalobos actúe conforme a la ley a partir del primero de octubre y no haya impunidad ante el evidente desvío de recursos.

 

La auditoría revela una serie de irregularidades cometidas por servidores públicos, que en la actual administración no aplicaron los recursos para los fines previstos, además de que no presentaron la documentación correspondiente.