Exigen organismos civiles reconocer el estatus de desplazamiento forzado interno

Agencia

San Cristóbal de Las Casas

 

 

Organismos civiles exigieron la “desarticulación, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados de corte paramilitar, cuyos líderes materiales e intelectuales han sido claramente identificados y señalados por parte de autoridades, comisionados y comuneros de Chalchihuitán”.

 

El conflicto, explicaron las agrupaciones, es en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno en relación al conflicto entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

Los colectivos agrupados en la Misión Civil de Observación de la Zona Altos, demandaron el reconocimiento, por parte de los gobiernos federal y estatal de Chiapas, “del estatus legal de desplazamiento forzado interno de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, producto de la violencia armada de tipo paramilitar, en el marco del conflicto agrario”.

Dicho reconocimiento implica, “la aplicación inmediata de la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas” agregaron.

Los organismos hicieron un llamado para que se garantice la “seguridad plena para el libre tránsito y el abasto de productos básicos y medicinas en toda la zona”, así como seguridad plena para la observación de derechos humanos, luego de la fuerte presencia de los paramilitares de Chenalhó provocaron desde octubre el éxodo de miles de indígenas.

En su comunicado, los organismos manifiestan su repudio al comisionado especial para Chalchihuitán y Chenalhó, “quien fue designado por el ejecutivo estatal” y solicitaron su “retiro inmediato”.

“La imposición unilateral de cualquier comisionado viola los derechos de las comunidades involucradas, a la consulta libre e informada, máxime en un contexto tan delicado como el prevaleciente” aseveraron.

De igual forma exigieron que se faciliten las condiciones para que “el problema de fondo se resuelva a través de un diálogo político realizado desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos bienes comunales, recuperando su memoria histórica como pueblos, con observación de organizaciones de la sociedad civil”.

Para finalizar, los organismos sociales hicieron un “fraternal y respetuoso” llamado a las autoridades comunales, comisionados, autoridades municipales y a la asamblea general de San Pablo Chalchihuitán, “a que reflexionen y analicen, a profundidad y con la mayor seriedad, dos delicados hechos”:

“La decisión de solicitar la creación urgente de una Base de Operación Mixta dentro del territorio comunal, lo que conllevaría a la militarización de toda la zona de los Altos, en el grave contexto de la reciente aprobación y publicación de la Ley de Seguridad Interior, cuyo contenido se ha considerado tan lesivo para los derechos humanos”.

Y la “división interna y contaminación de todo el proceso de reestructuración de la vida comunitaria, en un contexto electoral como lo es este 2018, que representa la intervención de los partidos políticos, cuyos líderes y mayoría de candidatos buscan únicamente el beneficio personal y de grupo, corrompiendo, engañando y manipulando a las y los votantes potenciales”.