Apatía de autoridades ante contaminación de reserva
Esta situación pone en riesgo la biodiversidad de flora y fauna que tiene su hábitat en esta zona
Agencia
Tapachula
Autoridades ambientales se muestran apáticas ante la grave contaminación y alto índice de deforestación que se presentan en la reserva ecológica "Cabildo Amatal" en Tapachula, situación que pone en riesgo la biodiversidad de fauna y flora que tiene su hábitat en la zona, dieron a conocer investigadores del Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastre (Cemesad).
El investigador del Cemesad, Vicente Castro, dio a conocer que la zona sujeta de conservación ecológica "El Cabildo Amatal" sufre severas amenazas que ponen en riesgo la salud de esta Área Natural Protegida, por factores de contaminación como aguas residuales grises, negras y plaguicidas, así como el crecimiento en número y tamaño de basureros a cielo abierto.
Dijo que según las investigaciones se han detectado alrededor de 57 desagües de aguas negras y grises, además descarga de aguas residuales provenientes de comunidades cercanas lo que representa a una grave amenaza para la salud pública de los habitantes de Puerto Madero y del ecosistema lagunar.
Señaló que existen estudios que describen tasas de deforestación de hasta un 28 por ciento, en función a la densidad de manglar y además señalan que la extracción de madera en el área es hasta 250 por ciento por arriba de lo recomendado.
Detalló que las amenazas lejos de disminuir o desaparecer se mantienen y peor aún, se han intensificado, por ello los investigadores del Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (Cemesad), emitieron una declaratoria de emergencia ecología para que las autoridades atiendan la problemática.
El investigador puntualizó que la declaratoria se centra en la falta de acciones efectivas que inhiban las actividades ilícitas que se presentan en la zona y es que se han presentado denuncias legales ante las autoridades ambientales pero no hay resultados hasta la fecha.
Mencionó que las denuncias presentadas ante la Fiscalía Ambiental y la Profepa, algunas con más de dos años de antigüedad las han archivado, porque hasta la fecha no hay ninguna persona u organización haya sido sancionada, lo que facilita a los infractores continuar e incluso incrementar sus actividades ilícitas.