Editorial (4/feb)
Conflicto de interés
El Presidente de la República nombró a Virgilio Andrade nuevo Secretario de la Función Pública.
Las medallas de Andrade parece ser que están en buen lugar. Su tarea como funcionario público ha sido reconocida por propios y extraños. Su paso por el IFE como consejero electoral así lo corrobora.
Fue en la mismísima toma de protesta cuando Enrique Peña Nieto le pidió su actuar inmediato para realizar una “investigación exhaustiva” para determinar si hubo conflicto de interés en los contratos que se otorgaron a las empresas que vendieron propiedades al propio mandatario, a la esposas del Presidente Angélica Rivera de Peña y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El Presidente de la República fue más allá. Pidió la participación en esa investigación solicitada, de observadores de la OCCDE, organismo internacional de presencia mundial, que encabeza el mexicano José Ángel Gurría.
“El conflicto de interés, dijo Peña Nieto en el acto protocolario de unción de Virgilio Andrade, se da cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público, pudieran afectar su cargo o comisión. Esto no ha ocurrido nunca en mi gobierno o en mis cargos anteriores”, indicó el Presidente de la República.
Siempre se ha conducido, dijo EPN, con apego a derecho. Dijo estar consciente de que los señalamientos realizados en meses pasados al respecto de sus bienes y la casa del Secretario de Hacienda, generaron la apariencia de algo indebido que, dijo, “en realidad no ocurrió”.
Dijo Peña Nieto que, como titular del Poder Ejecutivo Federal, no otorga contratos, no adjudica compras ni obras y tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Por eso quiere que, dentro de las acciones inmediatas que instruyó a Virgilio Andrade, esté la revisión de los procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la República. Se vigilará también que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética.
Si bien las redes sociales y algunos comentaristas de la prensa nacional se empeñaron en empañar esta petición al nuevo Secretario de la Función Pública porque debió de ser, dicen los críticos, hace tiempo y no hasta el día de ayer; lo cierto es que no hay un antecedente al respecto, en donde un Presidente de la República se ordene investigar de algo que se le acusa.
Oye Chiapas en su momento, en su semanario del primero al 7 de diciembre, en la sección de opinión de la página 5, el articulista Marcos Nazar Sevilla, ex Juez y ex Magistrado del Poder Judicial de la Federación, profundo conocedor del Derecho, escribió en su ya muy leída columna Pocas palabras: “Es innegable que la casa blanca y el tren rápido de Querétaro generaron una crisis que interesó a los mexicanos y trascendió, de manera negativa, al extranjero. La opinión general se reduce a la necesidad de aplicar el Estado de Derecho. La Secretaría de la Función Pública debe de iniciar el procedimiento administrativo que establece la ley para que, al final, imponga una multa administrativa al señor Presidente de México por no haber informado los bienes de su esposa lo que se traduce, por primera vez en la historia, en una sanción al Jefe del Poder Ejecutivo Federal, como se sanciona a cientos de servidores públicos en el país. A partir de este acto, el mensaje habrá quedado claro. A todos los servidores públicos que estén en el caso, se les aplicará la ley. El Presidente de la República, en lo personal, podría impugnar por inconstitucional una ley que obliga a declarar los bienes de la esposa, no servidora pública, lo que trasciende al cargo ¡Que viva el Estado de Derecho!”.
Incendios forestales
Todos los chiapanecos saben el terrible daño que los incendios forestales han infringido a nuestra tierra a lo largo de los años. El cambio climático que se ha generado y que amenaza con seguir en ascendencia, por la irresponsabilidad del ser humano que habita este planeta que se resiste a morir por la irresponsabilidad de su más grande depredador, produce en nuestra tierra durante los primeros meses del año vientos de envergadura considerable que provocan incendios forestales de grandes magnitudes, lo mismo en la sierra, la selva o las planicies de pastura ganadera en la costa de Arriaga, Tonalá y Mapastepec. Todavía están frescos los recuerdos de la presencia de helicópteros canadienses que, cargando volúmenes importantes de agua, se desplazaban por la geografía chiapaneca apagando con el vital líquido grandes extensiones de incendios que amenazaban con destruir casas y vidas humanas.
Afortunadamente, el gobernador Manuel Velasco Coello ha tomado el toro por los cuernos y ha iniciado la movilización más importante de que se tenga memoria en el estado de Chiapas. Por el momento, puso en marcha la Estrategias para la prevención de los incendios en el estado de Chiapas. Para ello, entregó equipo especializado, pipas de agua, ambulancias y DOS HELICÓPTEROS apaga fuego, todo a la Secretaría de Protección Civil. Suma toda esta inversión 22 millones de pesos.
En una auténtica movilización de los habitantes del estado, ante más de 4 mil integrantes de los comités de Protección Civil en el Polifórum Mesoamericano en donde no cabía una persona más, el gobernador de Chiapas reconoció el gran esfuerzo que hace a la sociedad, “esa gran familia que trabaja por la protección civil de nuestro estado”, para dar también su agradecimiento por hacer de Chiapas “uno de los estados pioneros en la Protección Civil”.
Es muy importante subrayar que es en esta gestión constitucional de Manuel Velasco Coello cuando Chiapas logra salir de la lista de los 10 estados de la Federación Mexicana con mayor número de incendios forestales y que, en los dos últimos años, se lograron abatir hasta en un 80%.
La Procuraduría de Justicia del Estado tiene la instrucción de proceder penalmente contra quienes cometan incendios forestales, para que sean sancionados con todo el peso de la ley.
Para finales de este año se habrán invertido más de 50 millones en equipo especializado para combatir los incendios forestales en Chiapas. Excelente noticia.