EN LA MIRA

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Advierten corrupción fraudulenta en Registro Público de la Propiedad en Chiapas

Corrupción tras las tarjetas para la reconstrucción

 

 

Por Héctor Estrada

 

Tremenda cloaca parece haberse destapado al interior del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Chiapas donde las anomalías e irregularidades en la expedición de presuntos folios falsos, documentación que no existe en libros, actas de libertad de gravamen sin sustento jurídico y actas de posesión apócrifas han comenzado a salir a la luz mediante las denuncias de víctimas y ex trabajadores de la dependencia.

Según la información vertida este jueves a través de diversos medios de comunicación, los denunciantes acusaron de manera directa a personajes como Leonardo Daniel López Gálvez a quien señalaron de ser uno de los responsables de “coordinar” los procedimientos fraudulentos, consistentes en la alteración de expedientes o registros oficiales.

De acuerdo a los señalamientos, el costo por cada trámite arbitrario puede llegar hasta los 30 mil pesos, por lo que todo apunta a ser un negocio redondo para los involucrados. Y es que, no se trata de acusaciones que deban abordarse con superficialidad; lo denunciado constituye un delito de suma gravedad que bien podría involucrar penalmente a más funcionarios de dicha dependencia.

Como pruebas de las acusaciones fueron presentados los casos concretos de los folios 177490, 8420 y 293055, con los que se crearon antecedentes ficticios de propiedades. Tal es el caso del folio 8999 de un predio en Berriozábal del cual no hay legajo correspondiente y cuyo registro del 25 de diciembre de 1999 simplemente no existe. Fue creado y subido al sistema de manera extemporánea para simular su legalidad.

El alcance de la presunta mafia al interior del Registro Público es de tal magnitud, señalaron, que incluso se venden actas de libertad de gravamen para casas o cualquier predio, a fin de que quienes lo soliciten puedan realizar actos financieros a pesar de que se encuentren hipotecadas, lo que ha originado el daño patrimonial de instituciones crediticias, así como de personas físicas; con denuncias que ya constan en expedientes judiciales.

Según los denunciantes, el modus operandi empieza con los gestores independientes que le llevan los asuntos a López Gálvez y él se encargaría de poner los precios y de efectuarlos, en presunta complicidad con la delegada del Registro Público, María Fernanda Ponciano Escobar. “El fraude ya es del conocimiento de las autoridades estatales; a pesar de ello y de las denuncias interpuestas no se ha actuado en consecuencia”, destacaron los afectados.

Los fuertes señalamientos que hoy pesan sobre el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Chiapas requerirán inevitablemente de una explicación e investigación a profundidad. La presunta corrupción expuesta en las entrañas de la dependencia es un asunto de alta peligrosidad, pues pone en riesgo el patrimonio de miles de personas en Chiapas que, se supondría, deberían obtener seguridad patrimonial de una dependencia que ahora es motivo de incertidumbre.

La delegada en Chiapas, María Fernanda Ponciano Escobar, está obligada a brindar serias explicaciones y esclarecer semejante embrollo. El silencio sólo daría credibilidad a quienes hoy denuncian las presuntas arbitrariedades y procedimientos fraudulentos en un escenario de innegable alarma.

Corrupción tras las tarjetas para la reconstrucción

No han pasado ni dos meses desde que se comenzaron a repartir los recursos para la reconstrucción por el terremoto del pasado 7 de septiembre y las graves irregularidades han comenzado a sumarse una tras otra, teniendo como principales sospechosos a viejos protagonistas de la corrupción en las altas esferas de poder gubernamental.

El caso que más sospechas e indignación genera tiene que ver precisamente con las tarjetas distribuidas por el gobierno federal a los damnificados de Chiapas y Oaxaca. Se trata de tarjetas emanadas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), mediante las que se depositan los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a cada uno de los beneficiarios.

El proceso, en el que de manera menos protagónica participa también la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quedó bajo responsabilidad de Bansefi como distribuidor bancario de los recursos y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como encargada de la entrega de las tarjetas bancarias a cada uno de los damnificados censados y empadronados.

Se trataba, según lo argumentado por el mismísimo Enrique Peña Nieto, de un proceso vigilado y controlado por el gobierno federal que garantizaba la seguridad y trasparencia de todo lo realizado para ese fin. Sin embargo, las irregularidades no tardaron en hacerse presentes. Las denuncias sobre la clonación de tarjetas comenzaron a inundar las redes a principios del mes de noviembre. Se habían entregado tarjetas cuyos fondos ya habían sido retirados.

Incluso, la tarjeta entregada por el propio presidente Enrique Peña se encontró dentro de las que habían sido entregadas sin fondos, clonadas y saqueadas días antes de su propia entrega oficial. Un hecho inaudito. Y los reportes se propagaron a Chiapas donde las denuncias relacionadas con el mismo fraude aumentaron con el paso de los días. El asunto se convirtió rápidamente en un problema del dominio público.

Y es que, de acuerdo a la denuncia presentada por el mismo Bansefi, hasta el pasado martes 14 de noviembre se tenían contabilizados un total de 59 casos documentados de tarjetas clonadas en Chiapas y Oaxaca, por un monto general superior al medio millón de pesos. Una cifra que muchos críticos del gobierno federal aseguran ha sido reducida para minimizar drásticamente el tamaño del robo o fraude a los fondos para la reconstrucción.

El caso luce por demás extraño y sospechoso ante las presuntas clonaciones que se dieron mientras las tarjetas bancarias aún se encontraban en manos de las autoridades responsables, pero sobre todo cuando el nombre de los responsables principales es traído a colación. Por un lado, en la dirección general de Bansefi aparece un nombre conocido y muy controversial dentro de la administración de Enrique Peña Nieto.

Se trata de Virgilio Andrade, el mismo que cuando fue titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigó y exoneró a sus propios amigos, el presidente de la República, Enrique Peña; su esposa, Angélica Rivera; y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por el famoso caso de la “Casa Blanca”. Sí, aunque parezca difícil de creer, hoy es responsable de distribuir el dinero para la reconstrucción. Un cargo otorgado por Peña apenas el 15 de octubre para ese tema en especial.

Del otro lado esta Rosario Robles Berlanga, de quien sobran los turbios antecedentes. Fue enviada a la Sedatu tras los escándalos de corrupción y abusos dentro de diversos programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social que ella dirigía. Ahora es la encargada de distribuir las tarjetas con el dinero de la reconstrucción en equipo con Virgilio Andrade. Dos “joyas” del gobierno peñista que hoy se hacen de la vista gorda ante semejante escándalo.

Sobre ellos está la responsabilidad directa de lo que sucede con un tema tan delicado como es el dinero para la reconstrucción. Ante los acontecimientos de las últimas semanas hoy las sospechas de su designación como encargados del dinero parecen resonar con mayor fuerza. Aunque los pretextos y el deslinde ya han aparecido como argumentos falaces, la explicación a fondo sobre lo sucedido es un pendiente que no debe perderse de vista… así las cosas.

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