EN LA MIRA

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Sigue desenfreno y arbitrariedades del dictador sindical en CECyTE Chiapas

La imparable corrupción de la obra pública

 

 

Por Héctor Estrada

 

En un evidente acto de desesperación e ilegalidad para recuperar el poder gremial, el secretario general del Sindicato Independiente y Democrático de los Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (SIDET-CECyTECH), José Luis Guzmán Jiménez, recibió un duro revés del Tribunal Burocrático tras intentar la sindicalización y recategorización masiva de más de 600 trabajadores para “engordar” de manera abrupta las filas de su sindicato.

La determinación del órgano jurisdiccional se basó estrictamente en que el procedimiento era anómalo y violentaba de manera directa los estatutos del propio sindicato, ya que no se cumplían con los requisitos mínimos para el trámite masivo que intentó llevar a cabo. Se trataba de un evidente acto desesperado, carente de claridad, que implicó prometer beneficios laborales a cientos de trabajadores que él sabía perfectamente eran improcedentes.

Como político de las peores mañas, el objetivo de José Luis Guzmán era simple: buscar el apoyo de cientos de trabajadores a base de mentiras o promesas sin sustento real. Al ya denominado “dictador sindical del Cecytech” nunca le ha importado la base trabajadora, ni la institución educativa y mucho menos los miles de estudiantes que ha tomado recurrentemente como rehenes en busca de sus ambiciones.

Lo que José Luis Guzmán no dijo con honestidad es que la sindicalización y recategorización masiva en beneficio de su sindicato requeriría un monto de alrededor de 20 millones de pesos anuales que no se encuentran disponibles y necesitarían del inevitable endeudamiento de la institución. Y es que, se trata de 620 recategorizaciones que, de manera descabellada, Guzmán Jiménez se comprometió tramposamente a “hacer efectivas”.

Las promesas fuera de lugar del líder sindical significarían un endeudamiento progresivo que, incluso, podrían poner en riesgo los 20 días de aguinaldo excedente que se paga a los trabajadores de la institución. La actitud irresponsable, mentirosa y francamente desesperada de José Luis Guzmán se ha convertido en un grave riesgo para la estabilidad de una institución con alrededor de más de 17 mil estudiantes que, finalmente, son los mayores afectados por la ocurrencias y procedimientos amedrentadores del Secretario General del SIDET.

Pero bueno, que tanto le podría importar a Guzmán Jiménez la estabilidad escolar cuando él y su esposa se mantienen dentro de la nómina del sindicato con sueldos de 28 mil y 13 mil 400 pesos mensuales, respectivamente. Con responsabilidades laborales que evidentemente no realizan por mantenerse “ocupados” en asuntos sindicales. Y a eso súmele usted un número más amplio de amigos y familiares que también ha incrustado en la nómina y de los que se hablará en otras entregas periodísticas.

Guzmán Jiménez no ha dicho tampoco que como prioridad dentro de las negociaciones de recategorización se encuentran ellos mismo (él, su esposa y sus secuaces). Él buscando ser recategorizado como Titular C, para pasar a un sueldo mensual de 43 mil 500 pesos y su esposa, María de los Ángeles Trujillo Gordillo, que mantiene una categoría de Jefa de Oficina con sólo tener una constancia de estudios de secundaria. Se trata de altos niveles de corrupción y nepotismo documentados que resultan indignantes.  

Este lunes, José Luis Guzmán Jiménez salió nuevamente a medios de comunicación para denunciar a la Dirección General del CECyTE Chiapas, ahora por la presunta situación de estudiantes que no pueden regresar a clases debido a las afectaciones estructurales derivadas del pasado terremoto. Sin embargo, realmente poco le interesa semejante escenario. En el trasfondo se trata de otra de sus viejas estrategias para amedrentar a las autoridades y poner sobre la mesa parte de sus caprichos o exigencias.

No es la primera vez que este personaje utiliza circunstancias que poco le interesan o miente para lograr el escándalo público. La situación dentro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE Chiapas) no puede seguir así. La obsesión desmedida del líder del Sindicato Independiente y Democrático de los Trabajadores (SIDET) debe tener un alto, pues finalmente es la institución y los estudiantes quienes terminan pagando las facturas más caras.

La imparable corrupción de la obra pública

En el seno de la mismísima delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas, el tema sobre la falta de obra pública y los diezmos para adjudicación de proyectos de infraestructura gubernamental salió nuevamente a la palestra pública con la denuncia de hecha por uno de los constructores chiapanecos presentes en la reunión.

Esta vez el señalamiento inquisidor cayó directamente sobre la figura del director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), Eduardo Francisco Zenteno Nuez, quien fue acusado de solicitar diezmos del 14 por ciento para facilitar la adjudicación de obra pública. Una acusación seria dentro de un evento oficial que se esparció como pólvora mediante las redes sociales.

Indudablemente no se trata de un tema nuevo dentro de la obra pública local. Desde el inicio de la actual administración estatal los problemas entre la industria de la construcción chiapaneca y el gobierno estatal comenzaron a complicarse. Los compromisos del gobierno verde con empresarios foráneos y los negocios internos terminaron por desplazar casi de manera generalizada a las empresas constructoras locales.

Basta con recordar el bochornoso momento vivido en marzo de 2015 cuando el ex presidente y miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Luis Zárate denunció la existencia de un presunto desvío de recursos en obra pública realizado durante la pasada administración estatal y millonarios adeudos vigentes del Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Chiapas con constructoras privadas.

Las deudas reportadas datan de 2011 y con el paso de los años se han acrecentado de manera crítica, afectando gravemente la liquidez de muchas pequeñas y medianas empresas agremiadas a la CMIC. De esta forma, junto a estados como Veracruz, Coahuila y Guerrero, Chiapas es una de las entidades con mayores problemas financieros por falta de pagos millonarios a empresas constructoras que hasta 2015 rondaban entre dos mil y tres mil millones de pesos acumulados.

Es un asunto de corrupción y tráfico de influencias que se consolidó como un asunto de carácter nacional durante el actual sexenio federal. Como muestra de ello, durante el 2014 las grandes constructoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores sumaron cuentas por cobrar más de 43 mil 390 millones de pesos; 87 por ciento más que en el mismo periodo del sexenio pasado. Contemplando la quiebra de miles de pequeñas empresas para las que de plano no hubo obra.

Sin embargo, el silencio y la complicidad en entidades como Chiapas ha sido más que evidente. Ninguno de los ex funcionarios involucrados directamente en las deudas y los desfalcos del pasado ha sido sometido a investigación. Personajes como el ex secretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños, y el ex secretario de Infraestructura estatal, Alfonso Fong Dubón, han gozado de la mayor de las impunidades para ser llamados a rendir cuentas y explicar dónde quedaron los recursos.

Hoy los señalamientos han caído sobre el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y el llamado a proceder por las vías legales ha sido contundente. Pero el problema es un asunto más profundo de lo que parece. Tiene que ver con viejas prácticas de la corrupción institucional mexicana que deben comenzar a cortarse de raíz.

Por eso es importante que las denuncias trasciendan más allá. Que las autoridades fiscalizadoras tomen con seriedad las denuncias públicas y se proceda con una investigación ejemplar en todas las dependencias relacionadas con la adjudicación y ejecución de la obra pública. Se requieren de más constructores valientes y honorables que rompan de una vez por todas con la lastimosa práctica de entregar diezmos porcentuales para poder trabajar… así las cosas.

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