EN LA MIRA

Los feminicidios y los recovecos de la justicia federal

 

 

Por Héctor Estrada

 

Indignación y una cascada de dudas fue lo que generaron el día miércoles 18 de octubre las declaraciones de Juan Carlos Flores Santiago, padre de Viridians, la joven asesinada por su pareja sentimental en 2013, en uno de los casos de feminicidio más escandalosos de los últimos años en Chiapas. La noticia tiene que ver con la concesión de un amparo federal al asesino confeso para poder salir de la cárcel y ser atendido por problemas de salud bajo vigilancia policiaca.

Las reacciones de la familia de la víctima y las agrupaciones feministas no se han hecho esperar. Consideran el hecho como un “tramposo” procedimiento jurisdiccional que ha permitido al asesino salir de prisión para purgar su condena en condiciones menos hostiles, dentro de centros hospitalarios privados y el contacto permanente con sus familiares y amigos. Lejos de las restricciones que implica un penal.

De acuerdo al expediente y las declaraciones de los familiares, desde el mes de agosto el feminicida confeso, Omar Fernando Rosales Toledano, se encuentra internado en conocida clínica al poniente sur de la capital chiapaneca sin que hasta el momento se precise la situación de su estado de salud. No hay informes claros sobre su mejoría o avance de caso clínico para comenzar a plantear su regreso a prisión.

Y es que, los efectos del amparo concedido por el Juez Quinto de Distrito, José del Carmen Constantino Avendaño, precisan que, conforme al derecho humano a la salud, las autoridades deberán realizar “las gestiones administrativas y económicas y/o financieras para que de inmediato” se le brindara atención médica “integral y completa” a Omar Rosales por los dolores del nervio ciático y abombamiento discal (hernia discal) que actualmente lo aquejan.

El amparo también abrió la posibilidad de que fuera el propio procesado quien pagara los gastos médicos de su tratamiento, posibilitando la elección del centro médico de su predilección para proceder a su inmediata excarcelación, con vigilancia permanente. Y esto último es justo lo que hoy sucede con el asesino confeso que desde hace dos meses se encuentra “internado” en el Sanatorio Rojas de Tuxtla Gutiérrez.       

A decir de los abogados que hoy defienden a Omar Rosales se trata de un padecimiento delicado que, incluso, podría dejar en silla de ruedas de por vida al procesado y se basa estrictamente en el derecho universal a la salud que éste mantiene en cualquier circunstancia. Pero las dudas sobre la legitimidad del diagnóstico también han brotado entre quienes piden justicia para Viridians. La propia Fiscalía General del Estado de Chiapas ha informado sobre la apertura de una nueva carpeta de investigación para confirmar el correcto actuar de los médicos tratantes de Omar Rosales.

El mismísimo fiscal general Raciel López Salazar ordenó, mediante la Fiscalía Anticorrupción, investigar la veracidad de los diagnósticos médicos y comprobar si su atención médica amerita que sea al exterior del penal. Se trata de un caso plagado de sospechas y suspicacias por la estrecha relación que el homicida tiene con el aún senador Luis Armando Melgar Bravo. Desde el comienzo los señalamientos sobre tráfico de influencias pesaron duro y hoy parecen reavivarse con este nuevo hecho.

La posibilidad de que el feminicida Omar Rosales pueda llevar su tratamiento y posible recuperación (con el tiempo que sea necesario) fuera de la cárcel detona nuevamente los cuestionamientos sobre los recovecos que ofrece el recurso de amparo judicial a criminales y abogados defensores de elevada astucia para detectar campos de oportunidad que permitan minimizar las penas de procesados que bien puedan pagar el ostentoso costo de defensas tan habilidosas… así las cosas.