EN LA MIRA

En riesgo la vigilancia del dinero para la reconstrucción

Más dudas y contradicciones sobre el fondo de desastres en Chiapas

 

 

Por Héctor Estrada

 

El tema del manejo de recursos públicos para la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales ha dejado ya muy malas experiencias en la historia de Chiapas. Amargos episodios donde la mezquindad, avaricia y simulación gubernamental se han aprovechado de la tragedia para engordarse los bolsillos y sacar tajada política de los millonarios fondos que caen como dinero extraordinario a las arcas estatales y municipales.

Por eso, ahora, que con la llegada de Enrique Peña Nieto a Chiapas este fin de semana comienza a hablarse formalmente del proceso de reconstrucción en la entidad chiapaneca las dudas, desconfianza y recelo también se hacen presentes. Y es que, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca se tiene contemplada una bolsa de alrededor de 10 mil millones de pesos.

Es un fondo de reconstrucción nunca antes visto en la entidad chiapaneca para este tipo de contingencias. Y no es para menos. Según el último informe de daños, a la fecha se reportan afectaciones en mil 588 localidades de 97 municipios de Chiapas, y 53 mil familias damnificadas, que representan más de 225 mil personas. Se trata de la tragedia más grande que haya afectado a Chiapas, al menos en los últimos 20 años.

Sin embargo, la poca claridad en la asignación de recursos que serán implementados abre espacio a las dudas y las especulaciones. Hasta el momento no se ha dicho oficialmente cuál será el monto exacto destinado a Chiapas para los trabajos de reconstrucción. Por lo tanto, tampoco se tiene certeza sobre cuál es el presupuesto a fiscalizar o vigilar minuciosamente para evitar cualquier desvío.

El Gobierno Federal ha detallado que será el gobierno de Manuel Velasco Coello el conducto por el que la Federación realizará la canalización y organización del fondo para la reconstrucción. El procedimiento se llevará a cabo mediante la participación Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero (Bansefi) y los gobiernos municipales para la creación del fondo que finalmente será distribuido a los afectados a través de monederos electrónicos para la compra de materiales de construcción y el pago de mano de obra.

La idea de que sean los propios afectados quienes administren el dinero para la reconstrucción de sus hogares y determinen el proceso de edificación no suena tan mal. El objetivo parece apuntar a evitar que buena parte del dinero termine en manos de grandes empresas constructoras que, como ya ha sucedido en otros casos, terminan sobre elevando los precios y entregando viviendas de características ínfimas, con calidades cuestionables.

Por eso la transparencia en el manejo de recursos resulta tan indispensable en casos como este. No basta con la formación o creación de comisiones legislativas de vigilancia y seguimiento. Dejar la vigilancia a cargo de la misma clase política que administrará los recursos es dejar todo en las mismas manos, mucho menos cuando se trata de un poder legislativo bajo absoluto control del gobierno estatal.

Se requiere aquí de un órgano de vigilancia completamente autónomo y sin ningún vínculo con algunos de los tres poderes estatales. Una comisión ciudadana integrada por organizaciones civiles de verdadero prestigio, de figuras legitimadas, representantes de la iniciativa privada, organismos de especialistas y gremios de profesionales. Una comisión de vigilancia real, facultada para exigir cuentas a los entes gubernamentales administradores de los recursos públicos. De otra forma no serviría de nada.

Las viejas experiencias sobre la malversación de fondos y condicionamientos políticos en la entrega de apoyos para las reconstrucciones por desastres naturales son argumentos suficientes para no permitir que la historia se vuelva a repetir. Se requiere participación ciudadana activa y comprometida para cuidar el dinero de quienes hoy más lo necesitan. Se requiere vigilancia ciudadana organizada y se requiere con urgencia ya.

Más dudas y contradicciones sobre el fondo de desastres en Chiapas

Los intentos por explicar o justificar la sospechosa extinción del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales (FOEADEN) no hacen otra cosa que abrir más dudas y contradicciones sobre el procedimiento que significó la reasignación de más de 80 millones de pesos hacia destinos presupuestales no especificados que bien pudieron servir de mucho para la reconstrucción de Chiapas tras el terremoto del 7 de septiembre.

Esta vez fue el turno de la diputada panista Fabiola Ricci Diestel quien salió a medios para tratar de justificar la extinción del fideicomiso. Fue en una breve entrevista para el portal Mural Chiapas y el periodista Bernardino Toscano como la diputada local intentó explicar el asunto que aún mantiene a la actual legislatura en medio de tremenda controversia.

Visiblemente nerviosa, la legisladora plurinominal, presidenta de la Comisión de Protección Civil, trató de excusar lo sucedido, pero terminó aportando elementos a la serie de sospechas que hoy se ciernen sobre el bochornoso hecho. Sin contar la precisión en las fechas sobre la creación del FOEADEN (que ella aseguró fue creado inmediatamente después del terremoto de 1985, cuando realmente fue creado en 1998), la diputada precisó otros datos más interesantes.

Ricci Diestel aseguró que desde noviembre de 2010 la Federación cambió las reglas de operación para los fondos estatales de atención de desastres, por lo que en diciembre de ese mismo año la legislatura en turno fue notificada para realizar las adecuaciones pertinentes. Según sus propias palabras, la indicación fue realizar las “MODIFICACIONES” necesarias para armonizar los fideicomisos estatales con las nuevas reglas de operación federales. Entonces la extinción no era estrictamente obligatoria.

En 2011 la entonces legislatura decidió dejar operando el FOEADEN por que contaba ya con recursos asignados y su modificación de última hora podrían significar riesgos operativos en caso de desastres. Desde esa fecha el FOEADEN se mantuvo operando con regularidad y sin problemas documentados. Por eso resulta tan sospechoso que el procedimiento se diera siete años después, tras el paso de dos legislaturas estatales y a medio año de pleno ejercicio presupuestal.   

A decir de la diputada Fabiola Ricci, el FOEADEN no se ha extinto por completo. Se quedó como un remanente de sólo un millón 74 mil pesos que serán reincorporados al erario en un plazo máximo de un año. Los casi 79 millones restantes SÍ fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda estatal para su “reasignación” hacia destinos no especificados. Entonces ¿Cuál era la urgencia de la actual legislatura para extinguir jurídicamente el Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales?

Tal vez la explicación tenga que ver con la proximidad de los tiempos electorales y la desesperada búsqueda de recursos adicionales que desde a principios de año el gobierno de Chiapas ha emprendido con diversas medidas controversiales como el despido masivo de personal burocrático. Finalmente, se trataba de jugosos recursos disponibles en fondos de eventualidad que bien pudieron haber sido utilizados con discrecionalidad cómplice. Pero el destino les jugó una muy mala pasada.

Del nuevo Fondo para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres creado apenas en junio pasado, Ricci Diestel dijo desconocer el monto total del fideicomiso. Se limitó a detallar que este nuevo mecanismo ya no significará la entrega de recursos económicos, sino de acciones. Es decir, el dinero del nuevo Fondo para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres nunca llegará directamente a las manos de los damnificados. Será absolutamente administrado y ejecutado por el ejecutivo estatal.

Las declaraciones de la presidenta de la comisión legislativa de Protección Civil sólo contribuyeron a las dudas y los señalamientos… así las cosas.