EN LA MIRA
Comienza Sasil de León ola de abusos e irregularidades en Prospera
¿Dónde están los mil millones de la reforma educativa en Chiapas?
Por Héctor Estrada
No ha pasado ni el mes de la llegada de Sasil de León Villard a la delegación estatal de programa Pospera en Chiapas y los señalamientos en su contra por presuntas irregularidades han comenzado a traspasar las puertas de la dependencia, iniciando con el despido de más de 30 personas para la inmediata contratación de turbios personajes en puestos clave de operatividad y manejo de recursos públicos.
Pese a las recomendaciones de evitar un desmantelamiento a menos de un año de que concluya la actual administración federal, en sólo tres semanas De León Villard emprendió un procedimiento de despidos masivo dentro de la delegación estatal. Hasta la semana pasada sumaban más de 30 personas de las áreas operativas, administrativas y de capacitación, así como enlaces de fortalecimiento, responsables de atención y promotores sociales que de manera intempestiva habían sido retirados de sus fuentes de trabajo.
El proceso de relevos no tiene nada que ver con el mejoramiento del andamiaje funcional. La indicación de la nueva delegada ha sido colocar en los puestos clave (de control financiero y operativo) al personal de su equipo de trabajo para ejecutar el proyecto de operación electoral con los recursos federales y el padrón de beneficiarios que ahora tiene bajo su control, con miras a las elecciones de 2018.
La llegada de Sasil no fue fortuita. La negociación en la que intervino su amigo y padrino político Manuel Velasco Coello tenía finalidades precisas. Prospera es uno de los programas federales con mayor presupuesto y número de beneficiarios. Es un jugoso botín electoral dejado en manos de una de las alfiles más leales y controversiales del actual gobierno verde en Chiapas, lista para recibir indicaciones.
Sin embargo, lo más preocupante tiene que ver con el sequito de personajes que han llegado junto a Salid de León para incrustarse en la directriz de Prospera Chiapas. Destaca ahí la presencia de María de Lourdes Morales Urbina, ex presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y principal responsable del fraude electoral que apenas el año pasado significó la destitución de todos los consejeros electorales y la instrumentación de varias órdenes de aprehensión.
A la lista de personajes turbios se suma José Manuel García Tolsa, que durante su paso en la delegación de Sedesol Chiapas fuera inhabilitado y acusado de múltiples irregularidades; Cecilia Gordillo, ligada directamente al hermano de la nueva delegada; y Luis Enrique Solis, cesado del cargo como Secretario de Gobierno Municipal de Tapachula en 2015.
A cada uno, aún sin nombramientos formales, los ha colocado como principales ejecutores de su proyecto personal. Han comenzado con la nómina, despidiendo a empleados sin importar su desempeño laboral, pero tiene todos los primeros objetivos puestos sobre los gastos operativos que ascienden a más de 800 mil pesos mensuales en viáticos y 400 mil pesos al mes para el combustible de los vehículos.
Desde su llegada a Prospera, De León Villard solicitó la asignación de seis vehículos para su uso personal, además de ordenar al personal de campo trabajar con recursos propios en la modalidad de “devengado”; es decir, pagar sus propios gastos de movilización y alimentación, para después comprobarlos ante la delegación y obtener la supuesta “devolución”. Sin duda, una astuta forma de mantener recursos (al menos un millón 200 mil pesos mensuales) a su disposición, obligando a los empleados a solventar los gastos si quieren conservar su trabajo.
Durante su paso en la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujeres Sasil de León dio muestra de su desmedida capacidad para manipular recursos públicos, desvirtuar programas de gobierno y llenar de corrupción instituciones gubernamentales. Su escueta trayectoria por la política ha estado llena de señalamientos e irregularidades evidentes que no vaticinan a Prospera en Chiapas un futuro alentador.
¿Dónde están los mil millones de la reforma educativa en Chiapas?
En Chiapas las cifras en materia de inversión a infraestructura educativa simplemente no cuadran. Así lo ha dejado de manifiesto el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto donde, por lo menos en el caso de la entidad chiapaneca, las cifras y la realidad expresan diferencias abismales que apuntan nuevamente a la lastimosa corrupción gubernamental como explicación lógica a los hechos evidentes.
El tema del rezago educativo en Chiapas es un asunto que duele y lastima profundamente por el cúmulo de corruptelas, irregularidades, omisiones e ineficiencias que hoy mantienen a miles de niños, niñas y adolescentes chiapanecos en las peores condiciones educativas. Ese apunta a ser el caso del presupuesto asignado como parte de la ejecución de la tan controversial reforma educativa en la entidad chiapaneca.
Y es que, de acuerdo al informe entregado por Peña Nieto, entre 2014 y junio 2017 en Gobierno Federal ha entregado a Chiapas 948.2 millones de pesos como parte del recurso adicional para la reforma educativa. La entidad gobernada por Manuel Velasco Coello es el cuarto estado que más recursos ha recibido de este rubro, sólo debajo de Veracruz, Guerrero y Oaxaca.
El Gobierno federal ha repartido 15 mil 777.9 millones de pesos entre los 32 estados de la República como parte de este programa cuyo fin es mejorar la calidad de la educación. De esos 15 mil, casi mil millones han sido para Chiapas. El objetivo específico de dicha partida presupuestal es mejorar las condiciones de las escuelas consideradas de mayor rezago y vulnerabilidad con obras de infraestructura, equipamiento o material didáctico.
De esta forma, a partir del 2016, los programas de “Escuelas de Calidad” y “Escuelas Dignas” se fusionaron con el de la Reforma Educativa, por lo que los respectivos recursos se incluyen en las cifras totales del informe. Se trata de millonarios presupuestos que debieran verse reflejados en el mejoramiento integral de las escuelas. Sin embargo, en la realidad las condiciones de las escuelas en Chiapas no parecen haber mejorado mucho durante los últimos años.
Y no se trata de un caso aislado. A principios del presente año la organización “Mexicanos Primero” hizo público un análisis cuantitativo sobre la situación de la educación en México donde se dio a conocer que en el estado de Chiapas se habrían desviado 143 millones de pesos del dinero destinado a la educación desde el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE).
La agrupación precisó que, de acuerdo a las últimas auditorias federales, Chiapas y el Estado de México comparten el quinto lugar a nivel nacional con la mayor cantidad de recursos desviados, tan solo después de Veracruz (483 mdp), Coahuila (285 mdp), Oaxaca (185 mdp) y Sonora (176 mdp). La entidad chiapaneca alcanzó las cifras más alarmantes en la materia, superando a estados como Jalisco y el Estado de México donde la asignación presupuestal es aún mayor.
A lo anterior se suman más de 150 millones de pesos que se adeudan a los docentes de secundarias técnicas. Un monto total que se suma a más de 800 millones de pesos que la Secretaría de Educación simplemente no ha podido comprobar desde los tiempos del ex secretario Ricardo Aguilar Gordillo. Recursos que han quedado en el vacío, silencio y omisión evidente de quienes deberían vigilar y/o denunciar las anomalías latentes.
Las huellas de la corrupción dentro de los presupuestos educativos son cada vez más escandalosas e indignantes. ¿Qué pasó entonces con el recurso asignado en Chiapas como parte de la reforma educativa durante los últimos tres años? ¿Por qué los millonarios presupuestos asignados distan mucho de la realidad en las escuelas? Una investigación profunda a la Secretaría de Educación deberá ser prioridad para la siguiente administración, pues la evidentes anomalías exigen a gritos la inmediata rendición de cuentas… así las cosas.