EN LA MIRA 30/05/17

EN LA MIRA 30/05/17

Las trampas de Proactiva en Tuxtla

Por Héctor Estrada

Las afectaciones provocadas por la empresa Proactiva/Veolia en la capital chiapaneca, debido a su deficiente desempeño operativo y la grave contaminación generada por su relleno sanitario, se han convertido en una situación que se complican con el paso del tiempo, mientras las autoridades responsables guardan un silencio cómplice que parece haber dejado a la ciudadanía en la “orfandad” para enfrentar un problema gestado de la misma corrupción gubernamental.

 

La última novedad de la empresa en Tuxtla Gutiérrez ha metido a la ciudad en serias complicaciones por el paro de labores que el personal de Proactiva decidió emprender debido la falta pagos y equipamiento para realizar su trabajo. El conflicto, que hasta este domingo no tenía solución, ha paralizado por completo en la capital chiapaneca el servicio de recolección de basura, agudizando la acumulación de residuos urbanos, justo con la llegada de las primeras lluvias torrenciales.

A decir de los propios empleados, desde hace alrededor de tres años la empresa se ha desentendido por completo de la entrega de equipo de seguridad mínima como guantes, calzado, uniformes y material especial de manejo de residuos para el personal que diariamente realiza la recolección, separación y transferencia de la basura. Además de la inexistencia de mejoras salariales. Todo como resultado de problemas financieros que simplemente no han querido ser asumidos por la nueva directriz central de la empresa a nivel nacional.

Sin embargo, la novedad más relevante sobre el tema Proactiva en Tuxtla es el referente a la sospechosa resolución de la Juez Segunda del Ramo Civil en Chiapas, Sandra Luz Ochoa Carboney, que en el conflicto legal entre Héctor Montesinos Cano y la empresa terminó dejando el juicio sin ningún efecto real. Sí, exoneró a Montesinos de la demanda en su contra por 600 millones de peso a razón de supuesto daño moral, pero también liberó a Proactiva de toda responsabilidad por daño ambiental, bajo argumentos ridículos.

La jueza sentenció que las afectaciones ambientales alegadas por Héctor Montesinos sobre su predio San Martín Mujular no pudieron proceder simplemente porque Montesinos no había acreditado la posesión de dicha propiedad. Todo pese a que, según el mismo Montesino Cano, dentro del juicio se entregaron como pruebas los títulos de propiedad que garantizaban el interés jurídico respectivo. Así, de manera tramposa, la jueza terminó por liberar a la empresa de la mayor de las acusaciones en su contra.

Se trata, sin duda, de una sentencia anómala y llena de sospechas para la que se han utilizado salidas jurídicas francamente insultantes. Y es que, para evitar fijar posturas sobre la contaminación ambiental provocada por el relleno sanitario (cuyas evidencias ya son de dominio público) la responsable de impartir justicia simplemente decidió salirse por la tangente.  Por eso este importante caso no puede ni debe quedar con una resolución como esa.

Afortunadamente, hoy, el equipo y personal jurídico que trabaja junto a Héctor Montesinos ya trabajan en el recurso legal para contrarrestar la sentencia. La continuación provocada por los lixiviados del relleno sanitario de Proactiva se ha agravado durante los últimos años, extendiendo sus afectaciones hacia los afluentes y mantos acuíferos que al final de cuentas se derraman sobre zonas de abastecimiento para las actividades agropecuarias o de consumo humanos en localidades como Suchiapa y Copoya.

El tema no es un asunto menor. Se trata de una problemática que deberá alcanzar niveles de defensa en instancias mayores. Existen aquí violaciones flagrantes a los derechos humanos en materia ambiental que ameritan la intervención de organismos que hasta la fecha parecen estar ajenos a la problemática. Por eso el involucramiento de las poblaciones circunvecinas será coyuntural en el Caso Proactiva Tuxtla, cuyas repercusiones aún no muestran sus dimensiones reales… así las cosas. 

 

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