EN LA MIRA 21/03/17
Manuel Velasco, 4 años sin poder reducir la deuda pública
El turbio caso judicial del fraude electoral en Chiapas
Por Héctor Estrada
Vaya contradicción entre las cifras expuestas por el actual secretario de Hacienda estatal, Humberto Pedrero Moreno, y el último reporte emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el monto general de la deuda pública en Chiapas que, pese a los discursos optimistas, durante 2016 incrementó dos mil millones de pesos, para regresar a la cifra general de 20 mil millones, heredada por hoy cónsul Juan Sabines Guerrero.
El dato ofrecido recientemente por la asociación civil Fondo Económico de Chiapas (FEC-Chiapas), que desde 1998 emite reportes anuales sobre la situación financiera de la entidad, terminó por abrir una nueva serie de dudas y cuestionamientos acerca de las cifras presentadas por Pedrero Moreno durante su última comparecencia ante el Congreso de Chiapas, como parte de la glosa del 4º informe de gobierno, en febrero pasado.
Y es que, el Secretario de Hacienda aseguró que al cerrar el último trimestre de 2016 la deuda pública chiapaneca se encontraba en 18 mil 481 millones de pesos. 400 millones de pesos menos que en 2015, cuando la cifra general estaba en los 18 mil 832 millones de pesos. Sin embargo, hay montos que nada más no cuadran con las tablas publicadas por el FEC-Chiapas y la propia SHCP respecto al mismo asunto.
De acuerdo al informe “Financiamientos de Entidades Federativas y sus Entes Públicos 2016”, al cierre del último trimestre del año pasado la deuda pública general del estado de Chiapas ascendió a 20 mil 468.50 millones de pesos. Dos mil millones de pesos más que lo declarado por el Secretario de Hacienda ante el legislativo estatal.
Con el nuevo incremento sustancial a los compromisos financieros de Chiapas, la entidad regresó nuevamente al top 10 de los estados más endeudados del país. Sólo por detrás de entidades como la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Sonora. Con límites de deuda equivalentes a los dejados por el sexenio de Sabines Guerrero (20 mil 826 mdp).
Lo interesante del caso es que, según los informes desglasados por propia la Secretaría de Hacienda estatal, de 2013 a la fecha, el gobierno de Chiapas ha sufragado más de siete mil millones de pesos para el presunto pago de dicha deuda pública. Dinero que evidentemente no se ha reflejado en una disminución efectiva del monto total.
Los argumentos de la dependencia bajo responsabilidad de Humberto Pedrero han sido los adivinables. El dinero que se supondría estaba destinado a la reducción de la deuda se ha ido “al caño”, sin efecto real, en el supuesto pago de intereses moratorios que evidentemente hablan de una deficiente administración de la deuda por parte de su equipo hacendario.
Ya el mismo funcionario estatal ha advertido que muy seguramente el problema sobre el monto general de la deuda y las tasas de intereses (al 3.4 por ciento) serán heredados a la siguiente administración estatal, al menos para los dos primeros años de gestión. Un argumento que, sin duda, deja de manifiesto el claro desinterés gubernamental para buscar salidas de solución a la problemática y dejar una deuda menos pesada para la administración sucesoria.
Con ejemplos como este quedan menos dudas que los intereses verdaderos del gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello están cada vez más lejanos a los problemas de Chiapas. Al “gobierno verde” parece ya no interesarle resolver nada que no tenga que ver con asegurar su futuro para los tiempos después del relevo sexenal.
Por eso no deberá sorprender el anuncio de nuevos endeudamientos millonarios durante los casi 20 meses que restan al actual gobierno, muerto tan prematuramente. Las condiciones para repetir la historia de saqueo están dadas, por lo que, seguramente, el endeudamiento estatal y otros tantos problemas terminarán siendo otra vez la herencia inevitable para el nuevo gobierno chiapaneco que viene.
El turbio caso judicial del fraude electoral en Chiapas
Las ordenes de aprehensión giradas el pasado miércoles como parte del proceso judicial por el presunto fraude electoral cometido por los ex consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas ha dejado más dudas que respuestas en torno a un caso cargado de irregularidades, revanchas políticas, nepotismo y complicidades evidentes.
Desde la integración de la averiguación previa las irregularidades comenzaron a hacerse presentes. Poco a poco las negociaciones e intervenciones de figuras políticas para dotar de inmunidad a algunos de los implicados circularon por las oficinas centrales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Por eso las órdenes de aprehensión demoraron tanto y se replantearon en más de una ocasión. Por eso figuras directamente responsables del presunto fraude electoral, como la propia ex consejera presidenta del IEPC, María de Lourdes Morales Urbina, finalmente no fueron incluidas dentro de las órdenes penales para su captura y presentación ante las autoridades judiciales.
No es gratuito que la mayor responsable de autorizar y firmar el convenio con la empresa seleccionada para organizar la votación en el extranjero, así como todos los acuerdos respectivos, haya sido extrañamente exonerada de toda acción penal. Lourdes Morales tenía la facultad y obligación de avalar o negar todo contrato y/o acuerdo dentro del IEPC, por lo que su responsabilidad jurídica es innegable.
De acuerdo a declaraciones extraoficiales de los propios ex consejeros implicados, fue ella misma (María de Lourdes) quién presentó ante los integrantes del Conejo General a los representantes de la empresa contratada para la elección del denominado “diputado migrante”. Se encargó de facilitar las cosas y garantizar las firmas de los acuerdos para hacer posible el conteo de votos en el extranjero, que finalmente derivó en padrones alterados y votos falsos.
Sin embargo, hoy la expresidenta del IEPC goza de plena impunidad dentro del proceso. La posibilidad de que con su detención fuera revelada información inconveniente para algunas figuras con serias aspiraciones electorales parece haberla dotado de inmunidad. Ella sabe perfectamente quienes y desde donde se orquestó tremendo fraude electoral que, por cierto, terminó beneficiado abiertamente al Partido Verde Ecologista y demás fuerzas políticas bajo control gubernamental como Mover a Chiapas.
Se trata de un proceso “manoseado” por todos los recovecos posibles, con claros intereses de golpeteos y revanchas políticas. Por eso la detención prioritaria de Margarita Esther López Morales, que, aunque aún no recibe nombramiento oficial, ya ostentaba las funciones de la Dirección Jurídica en el Congreso de Chiapas, bajo el control absoluto de Eduardo Ramírez Aguilar, por cierto, también presidente de PEVM en Chiapas.
El resto de los consejeros imputados cuenta ya con los respectivos amparos para llevar sus procesos judiciales en libertad y esperar una sentencia penal definitiva, que seguramente será evadida mediante fianzas mayores. La FEPADE, bajo la directriz de personajes cercanos al priista Manlio Fabio Beltrones, hoy busca a toda costa la reclasificación del delito para garantizar el encarcelamiento y, con ello, un golpe evidentemente político que se cocina desde hace varios meses.
El proceso judicial que se sigue contra los exconsejeros no es más que una respuesta penal superficial a un asunto podrido de fondo. Los actores intelectuales del fraude electoral más escandaloso de las últimas décadas en Chiapas están más allá de simples de los funcionarios ejecutores, son ellos los verdaderos responsables del cochinero en el que resultaron los mayores beneficiados y para quienes simplemente la justicia seguirá siendo una “ciega conveniente”.