En la Mira 03/03/17

Ex consejeros electorales, culpables inevitables    

Por Héctor Estrada

A un año de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara la destitución, el proceso judicial que  se sigue contra los siete ex consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Chiapas revivió en la agenda pública tras difundirse en algunos medios de comunicación la supuesta orden de aprehensión girada en contra de dichos ex funcionarios electorales.

 

De acuerdo a la información difundida, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, habría girado este mismo miércoles la orden de aprehensión debido a diversos delitos electorales consignados bajo el expediente 04/2017. Y la noticia tomó por sorpresa a los mismos ex consejeros que poco entendieron la situación.

Sin embargo, el trascendido resultó ser completamente falso. Fue el mismo representante legal de los imputados quien se encargó de desmentir tal situación, asegurando que los exconsejeros se encontraban aún en libertad, sin orden judicial que la amenazara. Las declaraciones del abogado defensor aseguraron que el caso realmente se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

Se trata de una averiguación previa por el delito de omisión, la cual fue consignada el pasado 7 de febrero y tuvo el fin de su término el 21 del mismo mes; sin embargo el juez decidió reservarse unos días más para resolver. Cosa que hasta la noche de este 1 de marzo no había sucedido, por lo que la posible orden de aprehensión podría hacerse efectiva o no durante los siguientes días de este mismo mes.

El proceso judicial contra los ex consejeros del IEPC se ha desarrollado entre el hermetismo y las constantes confusiones jurídicas. Los rumores sobre su avance y posibles transferencias entre instancias han generado innumerables dudas que dejan muy poco clara la situación real de los directamente responsables de un fraude electoral tan escandaloso y ampliamente documentado como el sucedido en julio de 2015.

Lo rumores sobre las transferencia del caso a instancias locales se incrementaron durante las últimas semanas. Hay quienes han asegurado que el caso habría sido delegado a juzgados locales para dejar en manos de los dueños del poder gubernamental en Chiapas la decisión de sentenciar o no a los ex consejeros que, de manera consecuente, se han convertido en otro elemento de los jaloneos políticos entre enemigos electorales.

Y es que, más allá de los intereses que se mueven en torno al tema, lo relevante del caso apunta al precedente jurídico que significaría para la democracia chiapaneca una posible sentencia en contra de autoridades electorales. Así, aunque difícilmente significaría la cárcel para los ex consejeros debido a la moderada gravedad del delito, la sola posibilidad de que sean sentenciados culpables se convertiría en respiro para un sistema electoral tan desacreditado.

Aún con las argucias legales que podrían evitar la acción penal, las pruebas públicamente conocidas hacen que la justicia no deje espacio a las dudas. Los ex consejeros electorales deben ser sentenciados culpables por participar conscientemente o no en una grave violación a la ley electoral y la democracia misma que hasta la fecha sigue teniendo graves consecuencias en municipios donde la fatal violencia postelectoral parece no menguar… Así las cosas.