En la mira 16/02/17
Chiapas reprobado en ley federal de transparencia
Por Héctor Estrada
En tremendo lío se encuentra el estado de Chiapas debido al incumplimiento generalizado de sus ayuntamientos y dependencias públicas en torno a la aplicación de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, cuyo ultimátum de seis meses se vence el próximo 3 de mayo, sin que hasta el momento se hayan presentado avances mínimos en la transparencia de recursos públicos vía web.
El problemón que se viene ha transitado en el silencio y la incompetencia gubernamental dentro de instituciones que deberían garantizar el cumplimiento del nuevo ordenamiento nacional. Los tiempos se han vencido una y otra vez, sin que nadie pueda poner orden ante el grave desacato que hoy tiene a Chiapas dentro del más grave rezago nacional en materia de transparencia.
La situación no es reciente. Durante todo el 2016 los ayuntamientos y dependencias del gobierno del estado fueron emplazados para la elaboración y entrega de reportes completos sobre el manejo y/o destino de los recursos públicos. Se les dio como plazo inicial la primera semana del mes de noviembre para haber cumplido en tiempo y forma.
Capacitaciones y ultimátums no fueron suficientes para que organismos gubernamentales cumplieran. La encomienda parecía sencilla: simplemente entregar un reporte pormenorizado sobre el destino de los recursos públicos ya utilizados. Pero el plazo se venció y Chiapas no pudo cumplir puntualmente. Por eso se fijó una última prórroga de seis meses que finalmente concluye la primera semana de mayo.
Sin embargo, a tres meses de que venza la última prórroga, todo parece indicar que todavía no existe preocupación real en el gobierno de Manuel Velasco Coello para dar cumplimiento a la ley federal. Los avances reportados para cumplir con la publicación de los informes en los portales web son prácticamente inexistentes y el tema parece estar fuera de toda prioridad gubernamental.
El nulo involucramiento de organismo como el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP) ha dejado mucho que desear. Ha guardado un silencio omiso que habla de evidente inoperatividad e ineficacia para impulsar un asunto tan importante como es la aplicación efectiva de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales en la entidad chiapaneca.
El ya cuestionado desempeño de Ana Elisa López Coello salta nuevamente al escarnio público debido a su evidente desentendimiento dentro de un tema que bien podría meter en nuevos aprietos graves al gobierno de Chiapas. Y es que, si bien se trata de un tema federal, sus atribuciones la obligan por ley a coadyuvar de manera directa en la aplicación de los nuevos mecanismos de transparencia dentro de los tres órdenes de gobierno.
Resulta sospechoso el comportamiento de un organismo como el IAIP que, de plano, ha preferido guardar silencio y hacerse el desentendido ante el grave desacato que los municipios y las instancias de gobierno de Chiapas están cometiendo contra normas federales. Es imperdonable que instancias obligadas a hacer valer las leyes de transparencia sean omisas y cómplices ante situaciones tan apremiantes como la que vive la entidad.
Así, ante el incumplimiento casi generalizado y la indiferencia de las autoridades en la materia, todo apunta a que el tiempo restante podría ser insuficiente para el cumplimiento cabal a la ley federal de trasparencia, por lo que Chiapas pronto podría estarse metiendo en nuevos problemas legales que evidentemente tienen que ver con deficiencias claras en la rendición de cuentas y el turbio manejo de recursos públicos.