¿Se extingue el federalismo?

Por Juan Rivero Valls

 

"La esencia del Gobierno es el poder; y el poder, radicado, como debe estarlo, en manos humanas, estará siempre expuesto a ser empleado para abusar".
James Madison

 

A pesar de que la Constitución que nos rige define en su artículo 40 a la nación como una República representativa, democrática y federal, lo cierto es que el carácter centralista que durante nuestra historia independiente ha causado severos trastornos y luchas intestinas, sigue siendo una tentación de la que, quienes ejercen el poder no han logrado despojarse del todo y asistimos hoy, cada vez con mayor vehemencia, a la concentración de atribuciones federales en detrimento de las autonomías regionales.

Al terminar el alucinante delirio iturbidista de establecer en nuestro país el “Imperio Mexicano” un buen grupo de entusiastas liberales se dieron a la tarea de conformar la legislatura que diera certeza a una naciente república y se abocaron a la conformación del Congreso Constituyente que redactara la primera constitución política del país, la de 1824.

Obviamente se trataba de un grupo inexperto que, emocionado por la efímera Constitución de Cádiz y por los nacientes Estados Unidos de América, definieron a nuestro país como una “República Federal” que, en ese momento contaba con 19 estados, 4 territorios y un Distrito Federal, pero esa inexperiencia se vio reflejada en el propio documento ante una nación empobrecida por las interminables luchas entre conservadores y liberales, a grado tal que el general Ignacio Romero Vargas, héroe de la Intervención Francesa y gobernador juarista de Puebla entre 1869 y 1875, la define como:

"Sin experiencia parlamentaria no supo llevar a cabo ninguna labor constructiva, en constante contradicción de principios, su labor fue destructiva, escandalosa y demagógica, jamás supo resolver los problemas que aquejaban a la nación, dando en cambio margen a las críticas acerca de la falta de capacidad de los mexicanos para constituirse en una nación independiente y civilizada”.

De acuerdo con esta Constitución, la primera que conoció nuestro país independiente, cada estado gozaba de autonomía para elegir a sus gobernadores y legislaturas, recaudando impuestos y participando en el sostenimiento del gobierno federal con una cuota fija de acuerdo a sus recursos. Es decir, se planteaba la creación de provincias autonómicas similares a las que existen ahora en países de fuerte estructura federal como Canadá, Estados Unidos o la España actual.

Pero el sueño duró poco; un país empobrecido y en constantes conflictos armados no podía sostener esta estructura donde el gobierno federal recibía recursos insuficientes para su manutención y desarrollo, por lo que el gobierno central, cuatro constituciones después (1824, 1835, 1857 y 1917) establece el “pacto federal” donde se decide la forma de la recaudación de impuestos, lo que se encuentra especificado en los artículos 31, 73, 115, 117, 118, 124 y 131 de la Constitución que, se supone, nos rige.

La tentación de los conservadores por acabar con el federalismo dio sus frutos; en 1835 logran imponer las 7 leyes que sustituían a la constitución, eliminaban a los estados convirtiéndolos en departamentos, disolvían los congresos locales y las elecciones. El gobernador sería nombrado directamente por el presidente de la república.

Como era de esperarse, esto no le gustó a los liberales y las revueltas se sucedieron en varios puntos del país, entre los que se destacan la separación de Texas y Yucatán del territorio nacional.

Los impuestos son, entonces, separados en dos grandes rubros: los de alta movilidad y los inmóviles. Los primeros son recaudados por el gobierno central y se refieren básicamente al trabajo, el capital y el consumo y los segundos, los inmóviles, se refieren a los de la tierra y los inmobiliarios, que son recaudados por los gobiernos locales.

Lo recaudado por uno y otro concepto, es evidente, reviste una profundas desigualdad y, si a eso aunamos que los impuestos recaudados por la explotación de los recursos naturales son hechos también por el gobierno central, a los gobiernos estatales solo les queda gravar la tenencia de la propiedad (mueble e inmueble); esto pone en clarísima desventaja a los estados productores de recursos naturales sobre los industrializados, ya que no pueden gravar las tierras productivas (bosques, petróleo, minas) y, además, el impuesto que pagan los trabajadores que laboran en estas actividades también son recaudados por el gobierno central, así que a los estados productores de recursos naturales no les queda nada de su riqueza, lo que se evidencia en el nivel de atraso que tienen, en especial, las entidades del sureste del país.

 

Todo esto provocó que la política nacional se volviera, a pesar de estar constituida como una república federal, en profundamente centralista: todo llegaba a los estados de la capital del país, incluso los recursos a través de “participaciones federales” que, en ocasiones, eran utilizadas de manera clientelar.

 

Así, además de los recursos, el gobierno federal toma las decisiones mas importantes que afectan directamente la vida de los estados y, si a esto sumamos el hecho de que el gobierno central, a través de las reformas de 1996 convierten lo que antes eran delitos del fuero común en delitos federales en una Ley contra la delincuencia organizada, lo que les permite intervenir de manera directa en la vida interna de las entidades.

 

Es así como la reciente ola de reformas, necesarias e imprescindibles para el desarrollo del país, siguen mermando la autonomía de los estados, dejando a estos cada vez menos atribuciones y dando un poder mucho mas que sólido a la legislatura federal.

 

Esto no solamente afecta a los estados, también, y de manera muy puntual, a los organismos autónomos que dependen de las asignaciones presupuestales del gobierno federal para su sostenimiento y desarrollo y les quita, además de independencia, decisión incluso en su conformación y los pone, siempre, bajo sospecha por parte de la ciudadanía en su actuar.

 

 

Ahora que se acercan las elecciones para el congreso federal, toman éstas, y por las circunstancias señaladas, una importancia extrema que, en una república federal no debieran tener. La solución no es sencilla y tampoco, al parecer, viable, así que no quedaría mas que resignarnos a tener un federalismo fingido o, en el mejor de los casos, corto y limitado.