Revisarán respeto a ley de transparencia
La supervisión de 868 sujetos obligados inicia a partir del 22 de mayo próximo
Nota y foto “Excélsior”
CIUDAD DE MÉXICO.
Las entidades federales receptoras de recursos públicos serán sometidas a revisión de sus obligaciones de transparencia a partir del próximo 22 de mayo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), 868 sujetos están obligados a la verificación.
En sesión ordinaria del Instituto se aprobó el Programa Anual para la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones en materia de Transparencia por parte de los Sujetos Obligados del Ámbito Federal correspondiente al ejercicio 2017, el cual define el alcance y número de verificaciones a emprender durante el ejercicio en curso.
Además, establece una ruta procesal para el análisis de los resultados del proceso de verificación, así como el procedimiento para el diseño de políticas por parte del Inai.
El proceso de verificación diagnóstica 2017 se llevará a cabo en dos fases: del 22 de mayo al 14 de agosto y del 15 de agosto al 20 de diciembre.
En la primera parte se considera la revisión de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se formularán observaciones o recomendaciones en las “áreas de oportunidad”.
En una segunda fase se hará el seguimiento a dichas recomendaciones emitidas en el primer proceso de verificación, además de revisar que se cumplan los tiempos fijados para actualizar la información.
En el proceso de verificación diagnóstica se tomarán como base los criterios y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
Cabe señalar que en ninguna de las dos etapas los sujetos obligados se harán acreedores de alguna sanción, toda vez que el mismo Consejo del SNT estableció que la vinculación a éstas se hará al inicio de 2018.
Además, en este proceso de apertura a la información por parte de los organismos obligados, no todos han cumplido en tiempo y forma con la información solicitada.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera medidas de apremio, multas, sanciones económicas; éstas van de 150 a mil 500 veces el salario mínimo. Al menos son 15 las causales de sanción por incumplimiento de obligaciones.
El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas calculó en diciembre pasado que en México hay cinco millones de personas físicas, morales y empresas que trabajan con datos personales y, por ello, “son susceptibles de cometer ilícitos o faltas administrativas”.