México, el segundo país con mayor impunidad en el mundo y el primero en América

(UNIVISION NOTICIAS)

No basta con tener leyes: es necesario que se apliquen y que caiga sobre aquellos que las infringen el peso de las mismas. Porque si no es así los comportamientos antisociales se multiplican y se generalizan. Y surge la impunidad. 

 

De esta manera explica el Centro de Estudios sobre impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla un fenómeno poco estudiado hasta ahora y que sin embargo está causando estragos en algunas sociedades.

Por eso ha elaborado el Índice Global de Impunidad, para lo que ha incluido 59 países –analizaron solo aquellos de los que tenían 14 indicadores completos- pertenecientes a las Naciones Unidas. Para ello, estudiaron por un lado la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y por otro, la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada una de las naciones estudiadas. Tras compilar las cifras disponibles, otorgaron una puntuación (de 0 a 100), donde el cero sería la situación perfecta.

“El objetivo era crear un concepto que ayudara a entender el fenómeno y tratar de medirlo. La política pública requiere de fundamentos científicos, datos bien estructurados para tomar mejores decisiones”, explica Juan Antonio Le Clercq, coordinador de este del Índice Global de Impunidad 2015.

El resultado ha develado –aunque sin sorpresas en muchos casos- que numerosos países en América Latina aún tienen un gran trabajo que hacer.

La lista de los países que se ven desgarrados por este fenómeno está encabezada por Filipinas (con una puntuación de 80), mientras que México (75.7) aparece en el segundo puesto. Pero el 50% de las 10 primeras plazas están ocupadas por países latinoamericanos: Colombia (75.6) está en la tercera posición, Nicaragua (65.9) en la sexta, y Honduras y El Salvador están en el séptimo y octavo lugar (ambos con un 64.1).

México y Colombia

El reporte del CESIJ identifica un “comportamiento similar” en estos dos países y sostiene que es debido a la “estructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia”. Los autores creen que, desde los años setenta, se ha producido una corporativización del crimen organizado, que está estrechamente vinculado al narcotráfico que se da en suelo mexicano y colombiano.

De esta manera, estos dos estados se ven limitados a la hora de ofrecer tanto seguridad como justicia, lo que explica la generación de un “clima constante de corrupción de las autoridades”, un cáncer que corroe las instituciones públicas en numerosas ocasiones.

El reporte dedica un apartado especial a México, donde pone de relieve que “el fenómeno de la impunidad pone en duda el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia pronta y expedita”.

El profesor Leclercq lo resume de manera en dos frases: “La impunidad está profundamente extendida. Para México es un tema muy dramático”.

El documento revela que existen dos problemas que hace que este fenómeno acampe en el país: la funcionalidad de su sistema de seguridad y en la estructura de su sistema de justicia.

El sistema de seguridad mexicano no realiza “la apertura de procesos de averiguación de gran parte de sospechosos, detenidos, arrestados o bajo arraigo”, una singularidad del país en comparación con el resto de naciones analizadas, que sí llevan investigan de una u otra manera a aquellos que se les imputa un delito.

En segundo lugar, se denuncia la deficiencia estructural del sistema de justicia. México cuenta con únicamente cuatro jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alejada de los 17 por cada 100.000 que el índice establece como promedio de los países.

Dos datos de lo que está ocurriendo ahora mismo en México: el primero, la cantidad de personas detenidas sin sentencia, que se eleva al 46%, una cifra que evidencia la deficiencia de la funcionalidad del sistema de justicia; el segundo, el número de agentes, que se eleva a 355 policías por cada 100.000 habitantes, dato que se aproxima a la media de los países (establecida en 332), y que demuestra los esfuerzos del Gobierno por aumentar los agentes de seguridad.

Es por este motivo que “no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones” de manera que “la ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial”.

En palabras de Juan Antonio Leclercq: “Es importante contar con mayores jueces para atender en los diferentes procesos y garantizar justicia a las personas que tienen que entrar al sistema de justicia” pero “las autoridades deberían estar enfocadas a entender que no se requiere necesariamente más policías o aumentar el personal en las calles. Lo que se requiere es que esté mejor preparada, más organizada y con mayores capacidades.Es decir, más jueces y menos policías.

De todas maneras, el informe recuerda que México –junto 11 países más- se haya a la vanguardia en la generación de información estadística que ayuda a poder estudiar el fenómeno de la impunidad.

Los mejores de América Latina

En el lado opuesto, las naciones mejor clasificadas de América Latina son Costa Rica (28) -con un menor índice de impunidad que, por ejemplo, Estados Unidos (15)-, Barbados (25), Panamá (22), Trinidad y Tobago (20), Bahamas (18), Guayana (16) y Chile, que se posiciona en el puesto 14. En el puesto decimoprimero está Argentina. Los autores del informe sostienen que otros países de la región no han cumplido con los requisitos necesarios para poder estudiarlos al no haber generado la información estadística necesaria, por lo que recomiendan que realicen un mayor esfuerzo a la hora de reportar estos datos. En esta categoría quedan naciones como Venezuela, Surinam, Santa Lucía, Haití, Ecuador, Dominica, Cuba, Antigua y Barbuda, Guatemala, Granada, Belice, Uruguay y Bolivia.

A la cabezaEl estudio destaca que las naciones que tienen un menor índice de impunidad se encuentran todas en Europa y son Croacia (con un 27.5), Eslovenia (28.2), República Checa (34.8), Montenegro (34.9) y Bulgaria (37.5).