Candidatos a Gobernador serán exhortados a firmar compromisos
Por MISAEL ZEÑAY
Tuxtla Gutiérrez
Cinco organismos empresariales y de análisis sobre las acciones gubernamentales, presentarán a los aspirantes a la jefatura del ejecutivo estatal un documento para que firmen y se comprometan a realizar los cambios que necesita la entidad en diversos rubros, con el objetivo de alcanzar mayores niveles de desarrollo.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana (TM), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Causa en Común, redactaron dicho documento el cual incluye 11 compromisos y que presentarán a los aspirantes durante el debate que éstos sostendrán el próximo 20 de junio.
Enoc Gutiérrez, dirigente de la Coparmex, dijo en conferencia de prensa que la propuesta contiene un listado de compromisos verificables de política pública sobre los cuales los candidatos al Gobierno del Estado asumen y se comprometen a ejecutar en caso de ser electos.
“Para brindar seguimiento a los compromisos deberán realizar un reporte público de avances, mismo que acompañe las modificaciones legales y administrativas que se requieran para materializarlos. Cada compromiso contará con una serie de métricas de cumplimiento elaboradas por organizaciones de la sociedad civil (OSC)”, detalló el empresario.
INSTITUCIONES AUTÓNOMAS
Dijo que uno de los pilares para enfrentar a la corrupción y la impunidad se encuentra en las instituciones de procuración de justicia. “Un adecuado diseño y operación de las mismas, en balance con su autonomía e independencia, son requisitos indispensables para garantizar que la investigación y persecución de delitos sea ajena a intereses particulares o interferencia política”.
El segundo de los compromisos –señaló- es el relativo a la transparencia. “El próximo gobierno debe publicar en datos abiertos, bajo los estándares nacionales e internacionales en materia de contrataciones públicas (EDCA y EDCA-MX), toda la información sobre auditorías, contrataciones gubernamentales.
“También lo debe hacer sobre las adecuaciones presupuestarias, pasivos con proveedores y deuda, así como las declaraciones patrimoniales, de impuestos e intereses de los funcionarios de su administración sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas promulgada en 2016”, consideró.
Sobre otro de los deberes, detalló que se refiere a publicidad y seguimiento a los informes de auditoría. “Es fundamental que las autoridades den seguimiento a los casos de corrupción detectados e informar a la ciudadanía de su progreso”.
Y anoto. “Después de más de una década de políticas de transparencia y acceso a la información gubernamental, conocer las acciones de los gobiernos estatales sigue siendo una tarea muy complicada. La información disponible en los portales electrónicos de la mayoría de los gobiernos estatales es escasa”.
Consideró que gran parte de este problema se debe a que, en su mayoría, la información relevante en cuestiones tan sensibles como las compras públicas sigue siendo archivada en montañas de papel. “Este escenario resulta increíble ante la posibilidad de avanzar hacia el uso de tecnologías de la información avanzadas en el manejo de información pública”
DECLARACIONES 3de3
Gutiérrez Cruz refrió que una de las principales demandas ciudadanas en los últimos años ha sido la construcción de un puente de confianza entre la ciudadanía y la clase política. La cual se ha canalizado en la exigencia de la presentación de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses de candidatos a elección popular y funcionarios de primer nivel.
“A pesar de que desde hace un año existe la posibilidad de que los gobernadores y gabinetes estatales publiquen dichas declaraciones como una señal de compromiso con la transparencia, los funcionarios de varias entidades federativas no lo han hecho”, lamentó.
En cuanto a otros compromisos, señaló que también propondrán Impulsar junto con el Congreso la actualización del marco legal en materia de adquisiciones, obra pública y asociaciones público-privadas, asumiendo el compromiso de impulsar leyes generales en esta materia.
“La Auditoría Superior de la Federación publicó un diagnóstico de problemáticas generales en materia de obra pública, donde documenta las principales causas de atrasos y sobrecostos en proyectos de infraestructura. En el estudio, la ASF reporta que la falta de planeación mediante proyectos ejecutivos deficientes ocasiona retrasos en las obras de hasta 10 veces del tiempo establecido en el contrato, y sobrecostos de 142% en promedio”, informó.