Legisladores retrasan la operación del SEA

Por MANUEL MONROY

Tuxtla Gutiérrez

 

Los diputados locales responsables de la creación de una Comisión de Selección que a su vez seleccionará al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), han retrasado dicha tarea desde hace seis meses, mientras la titular de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Patricia del Carmen Conde Ruiz (encargada de tal responsabilidad), se niega a hablar sobre el caso.

 

Todo inició el pasado 31 de diciembre de 2016, tras de que se publicara en el Periódico Oficial del Estado Número 274, el Decreto Número 120, por el que se expidió la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, cuya Fracción I, inciso a, del Artículo 17, señala que el Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección, integrada por siete ciudadanos chiapanecos, por un periodo de tres años.

Así las cosas, se le ordenó a la Comisión de Vigilancia del Congreso ser la responsable de llevar acabo el procedimiento para constituir la Comisión de Selección de integrantes del CPC para elegir cuatro de siete ciudadanos que integrarán la Comisión de Selección que posteriormente designará al Comité que debió haber entrado en funciones el pasado 18 de julio de 2017, según lo estipula la Ley federal.

No obstante, en el Congreso el proceso se quedó en la entrevista que se hizo a quienes conformarán dicha Comisión de Selección y ninguno de los legisladores involucrados en el proceso, entre ellos Mariano Alberto Díaz Ochoa, Isabel Villers Aispuro, Fidel Álvarez Toledo, María Mayo Mendoza y Cecilia López Sánchez, quieren hablar al respecto.

EVALUACIÓN

Transparencia Internacional, a mediados de 2017, dio a conocer que 51% de mexicanos encuestados habían pagado algún soborno y en este mismo año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que empresas gastaron alrededor de mil 611 millones de pesos en actos de corrupción en trámites y solicitudes de servicios públicos.

Según el portal Mexicanos contra la Corrupción, la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sigue siendo el mayor pendiente del país, mientras que las autoridades federales y locales, tanto ejecutivas como legislativas, han mostrado resistencias para concluir las leyes secundarias, realizar los nombramientos pendientes e investigar los casos de corrupción presentados por el Comité de Participación Ciudadana.

En cuanto a la integración de los Comités locales en las entidades, el organismo refiere que sólo 14 entidades han publicado las siete leyes secundarias necesarias para tener sistemas locales y que las entidades con mayor atraso son Tlaxcala, que no ha publicado ninguna ley secundaria; Colima y Nuevo León, con sólo una ley y Chihuahua, con tres.

Sobre los nombramientos pendientes para los sistemas locales, sólo 11 entidades nombraron ya a su Comité de Participación Ciudadana (CPC), que es el puente de vinculación con las propuestas de la sociedad civil; 11 estados más han iniciado el proceso de nombramiento o convocatoria de su CPC, entre ellos Chiapas, y 10 entidades no han iniciado el proceso ni la convocatoria.