Creación para castigar el desplazamiento forzado
Por MISAEL ZEÑAY
Tuxtla Gutiérrez
La Presidenta de la Comisión de Asuntos Religiosos del Congreso del estado, María Concepción Rodríguez Pérez, presentó una iniciativa de decreto para castigar el desplazamiento interno forzado, el cual es originado por intolerancia religiosa, conflictos comunales, disputas por tierras y recursos naturales.
En entrevista, la diputada aseguró que México ha padecido desde la década de los 70’s de esta clase de fenómenos. “En Chiapas dicha problemática se agudizó con el surgimiento del conflicto zapatista, en 1994, mismo que originó que sinnúmero de personas cambiaran su lugar de residencia”.
Recordó que entre 2004-2008 el gobierno consideró al desplazamiento interno en el programa nacional de derechos humanos, cuyo objetivo era introducir la perspectiva de garantías en el diseño, implementación, y seguimiento de las políticas públicas de la administración pública federal.
En este sentido, la legisladora perredista dijo que surgieron varias líneas de acción, como el de diseñar un programa interinstitucional de atención a la población desplazada. “Sin embargo, a la fecha poco se ha avanzado, pese a que la ONU reconoce diversos estándares en la materia”.
“Los derechos de los desplazados establecen que deben ser respetados durante su movilización, la asistencia humanitaria a proporcionárseles y las condiciones a garantizar para su retorno, reasentamiento y reintegración”, detalló.
Para Rodríguez Pérez el fenómeno del desplazamiento interno es un hecho victimizante autónomo, el cual requiere ser atendido con un enfoque diferencial y especializado, tal y como lo señaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el 29 de julio de 2014.
La representante popular también manifestó que México aún no cuenta con una ley en materia de desplazamiento interno forzado que tenga aplicación en todo el territorio nacional. “Sin embargo, en la esfera federal, la Ley General de Víctimas, en sus Artículos 5 y 38, menciona a los desplazados”, anotó.
Enfatizó que como representantes del poder legislativo, los Diputados tienen la obligatoriedad a salvaguardar los derechos humanos de las personas que viven esta problemática, tal y como lo establecen los instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De reformarse la ley, se transformaría el Artículo 15 Bis y se adicionaría el 326 Bis, del Código Penal del estado, para que el Desplazamiento Interno Forzado se considere como delito y se castigue a quien de manera arbitraria, violenta u otra forma, ocasione que uno o varios ciudadanos se vean forzados a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia.