Municipio tuxtleco esconde detalles del caso Proactiva
Secretaria General corrió a este medio de comunicación de la reunión, coartando así el derecho de libertad de prensa
La deuda con Proactiva asciende a 160 millones de pesos; gobierno local asegura que es menor
El contrato del Municipio firmado con Proactiva incluye una cláusula la cual estipula que si hay rescisión del mismo es procedente una indemnización no obstante que el causante sea la misma empresa recolectora de desperdicios
Por MANUEL MONROY
Tuxtla Gutiérrez
La empresa Proactiva mantiene once demandas contra el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, información que el gobierno pretende no dar a conocer en su totalidad en el portal de transparencia, según se sugirió en la reunión que los integrantes del cabildo tuvieron este miércoles con el despacho jurídico GTR, mismo que les dio a conocer el estatus que guardan cada una de las querellas.
En la reunión, realizada en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento, Mauricio Gándara Gallardo, director general del despacho jurídico referido -contratado por el municipio para desahogar el caso Proactiva- informó a los regidores, encabezados por la nueva Secretaria General, Magda Elizabeth Jan Arguello, las graves consecuencias que podría haber si no se actúa para terminar con el conflicto.
Dentro de las noticias dadas a conocer por el bufete de abogados, se aseguró que la primera demanda de Proactiva contra la administración local se realizó el 17 de agosto de 2015, por un monto de 105 millones de pesos, que consta en el expediente 87-C/2015. “Sólo que está no fue contestada a tiempo por parte de la entonces Secretaria General, Gloria Luna Ruiz”, dijo.
En cuanto a la segunda queja, manifestó que se trata de un juicio de lesividad (acto administrativo por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos o generales), con el que se pretende solicitar su anulación ante la justicia, además de echar abajo el incremento a las tarifas que hace la empresa por cada tonelada que recoge de desperdicios
Ante los regidores Iván Robert Sánchez Camacho, Victoria Isabel Rincón Carrillo, Felipe de Jesús Granda Pastrana, Carlos Molano Robles, José Javier Morán Aramoni, María Mandiola Totoricaguena y Beatriz Eugenia Tovilla González, entre otros, destacó que se aprobarse esa medida, desde el 2011 hasta cuando termine el juicio, se deberá hacer el recalculo de lo que Proactiva cobra.
Gándara Gallardo aseguró que cualquier tipo de medida, no evitará que el ayuntamiento pague a Proactiva. “Desafortunadamente esta firma de capital francés-español, han logrado en otras entidades como Nuevo León, que se dicten jurisprudencias con nombres y apellidos, es decir, que los contratos de prestación de servicios respecto al manejo de residuos sólidos urbanos, se pueden demandar a través de un juicio contencioso administrativo en pago de pesos”.
En cuanto a las otras demandas, reveló que la tercera y la cuarta, en las cuales se reclaman pagos por 8.1 y 50.7 millones de pesos, respectivamente, están suspendidas. “La causa generadora es el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado en 2005”, detalló el abogado.
En este espacio, el informante fue interrumpido por algunos regidores, quienes le preguntaron qué tan viable sería una demanda de rescisión de contrato, a lo cual el profesionista les contesto: “Estimo que sería perjudicial, pues no tienen la capacidad para poder asumir el manejo de la problemática”.
Y es que el contrato firmado con Proactiva incluye una cláusula la cual estipula que si se busca una rescisión del mismo es procedente una indemnización no obstante que el causante sea la misma Proactiva. “Lo anterior es un absurdo. Esto solamente sucede en Chiapas, pues en ninguna parte de México se hubiera autorizado esta clase de negociación”, aseveró
Durante el desarrollo de la reunión, la Secretaría General, Jan Arguello, pidió a los regidores considerar no subir toda la información que ahí se generaba al portal de transparencia del Municipio, bajo el argumento que al tratarse de un asunto legal, “podría entorpecer el cauce del mismo”.
Sin embargo, como refrendo de una medida que pretende encubrir los malos manejos que se hacen al interior de la administración local, la funcionaria municipal al percatarse de que Oye Chiapas se encontraba en la Sala de Juntas corrió a quien esto escribe, demostrando plena actitud por mantener a la sociedad tuxtleca desinformada de un caso que afecta la economía del gobierno.
REGIDORES, HUYEN PARA NO SER ENTREVISTADOS
Al término de la reunión, ninguno de los regidores quiso hablar al respecto. Felipe Granda, por ejemplo argumentó “sacarle al tema”, así como Victoria Isabel Rincón Carrillo, quien pese a que en otras ocasiones ha manifestado su inconformidad sobre algunas actuaciones que realiza el Municipio, está ocasión prefirió omitir alguna declaración.
El único dispuesto a hablar fue José Javier Morán Aramoni, del Partido Acción Nacional, quien al interrogársele que no subir toda la información al portal de transparencia implica una falta a la Ley Federal, aclaró, que si se hará, pero en su momento. “La normatividad nos permite que algunas cosas se vayan dando a conocer poco a poco”, destacó.
Adelantó que el caso Proactiva no llegará a ser solucionado en el corto plazo, pues los tiempos que marca la ley no se pueden adelantar a conveniencia de los implicados. “Nosotros seguiremos en este litigio buscando el máximo ahorro para el ayuntamiento”.
En cuanto al monto que Proactiva exige se le pague (170 millones de pesos), rechazó que sea dicha cantidad. “Nuestras cuentas son los que nos da el resultado de sumar las compulsas. Ellos alegan desde años atrás hay una serie de adeudos, los cuales al ser compulsados contra lo que realmente trabajaron, hay una diferencia importante”, señaló y agregó que la cifra que realmente se debe asciende a poco más de 80 millones de pesos.